PP y Vox acuerdan pedir a Sánchez que proteja al pequeño propietario de vivienda

No hay mejor asunto que la política de vivienda para enfrentar los modelos del gobierno y oposición. Se filtra ideología y sirve para aproximarse a la pura gestión municipal. Apasionamiento y pragmatismo en el mismo saco. El debate conjunto de dos mociones presentadas por PSOE y Compromís ha vuelto a ratificar las posturas inamovibles de los grupos en el pleno. El ejecutivo lo fía todo a la construcción mientras la oposición llama a topar los alquileres con urgencia. 

El primer turno ha sido de Borja Sanjuán. El portavoz socialista ha ofrecido algunos clarificadores del problema. El precio medio del alquiler de una vivienda en València es de 1.600 euros, superior al salario medio de la ciudad. “Eso quiere decir que no se puede vivir en Valencia trabajando en València. Que los sueldos no pagan vivir en València”, ha dicho el socialista. “Valencia se ha convertido en un bien de inversión. El 70% de las viviendas se están comprando sin hipoteca para invertir y no para vivir. Además 11.000 apartamentos turísticos abiertos, el 25% durante el último año Desde mayo, 176 apartamentos nuevos al día”. 

Tras ello, Sanjuán ha manifestado que la crisis de acceso a la vivienda no se arregla por la vía rápida ni construyendo más vivienda, sea pública o privada. “La gente que se manifiesta por poder vivir en sus barrios piden medidas de intervención urgente. Cumplir con el artículo 47 y aplicar medidas que otras ciudades aplican”, ha dicho en relación a la limitación de los alquileres, un mecanismo recogido por la Ley de Vivienda y transferido a los consistorios. 

“En Barcelona se está aplicando, y mientras aquí subían los alquileres un 15% allí se ha reducido el precio un 5%”, ha explicado Sanjuán. “Y otras medidas funcionan en otros lugares como Países Bajos, donde algunas ciudades han prohibido la compraventa de vivienda si no es para vivir allí. No es una cuestión de echarnos los trastos a la cabeza, sino de preguntarse si queremos estar del lado de quienes quieren vivir en València o de aquellos que ganan mucho dinero echando a la gente de su ciudad”. 

A continuación ha tomado la palabra Papi Robles (Compromís) para insistir en el diagnóstico y su solución. Mucha gente en València tiene que elegir entre llenar su nevera o pagar el alquiler, ha dicho, y mucha gente ha dejado de identificarse con su barrio porque está arrasado por la especulación. Robles ha pedido acuerdos, no reparto de culpas, y ha insistido en la declaración de zona tensionada como respuesta a las demandas de la manifestación multitudinaria del 19 de octubre. “Han decretado una moratoria y los apartamentos continúan creciendo. ¿Queremos una ciudad para turistas o vecinos? Pedimos que se haga ya esa modificación del Plan General para que no continúe así una invasión hotelera y de apartamentos”, ha añadido Robles. 

La siguiente intervención ha sido de Juan Giner, concejal de Urbanismo, quien ha tirado de ironía para responder a unos y otros. El edil del PP ha coincidido en calificar el problema de grave y preocupante, y acto seguido ha preguntado a los portavoces de la oposición si se han pasado estos días por la protesta de la Plaza del Ayuntamiento para pedir perdón a los manifestantes. En este sentido, Giner ha afeado a los partidos del Rialto el fracaso de su plan Reviure –la rehabilitación de viviendas vacías para sacarlas al mercado de alquiler asequible–, la construcción de solo 14 viviendas públicas o la modificación del PGOU cuya consecuencia indeseada ha sido la proliferación de apartamentos en bajos comerciales. 

El concejal también se ha detenido en el rechazo a la limitación de los alquileres. Ha argumentado que el gobierno basa su postura en “contrastadas experiencias”, y ha referido distintos informes de la Esade o el Observatorio de Vivienda de la Politècnica, el cual señalaría que en Barcelona efectivamente han bajado los precios, pero también habría caído la oferta de viviendas en alquiler un 23%. Además, Giner ha dicho que esa misma tensión se traslada a otras zonas, aumenta la demanda y se crea un casting de inquilinos allí donde la medida adquiere vigencia. Finalmente, ha asegurado que los bloques con precios topados tienden a la falta de mantenimiento, y en València el parque de vivienda ya tiene una edad. 

Compromís pide perdón

Las réplicas han ido en la misma línea. Sanjuán ha dicho que la inversión en ladrillo en València arroja un 13% de rentabilidad, lo cual incentiva que más extranjeros lleguen a la ciudad para hacerse con pisos vedados a los locales. Y a la vez ha recelado de la autorregulación del mercado porque, entre otras cosas, los propietarios están convirtiendo sus alquileres en alojamientos de temporada para sacarles la máxima rentabilidad. Robles ha pedido perdón por la política de vivienda en tiempos del Rialto y ha reclamado no caer en el ‘y tú más’. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda”, ha insistido la valencianista. 

Finalmente, Giner ha defendido la política de promoción de viviendas. A corto plazo activarán los solares municipales para la construcción de Aumsa o mediante la colaboración público-privada. A medio plazo movilizarán los sectores del Grao y Benimaclet poniendo en marcha 1150 viviendas de protección pública. Y a largo plazo desarrollarán el sector Benimàmet con otras 3000 viviendas, el 40% protegida. 

Debatida la cuestión, PP y Vox han sacado adelante –con los votos en contra de Compromís y PSOE– una moción alternativa con la que reclaman al Gobierno de Sánchez activar medidas que garanticen la seguridad de los pequeños propietarios de viviendas e incentivar el alquiler. Asimismo, con dicha moción el ayuntamiento se compromete a poner en marcha más de mil viviendas públicas para el alquiler antes de finalizar el año y realizar un seguimiento continuado del desarrollo de los suelos urbanizables en el Grau y Benimaclet.