El TSJ admite el recurso del ayuntamiento para inyectar 20 hm3 a l'Albufera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la falta de aportación de caudales hídricos al lago de l’Albufera, que ha presentado el Ayuntamiento de València, por entender que ni el Ministerio de Transición Ecológica ni la Confederación Hidrográfica del Júcar están cumpliendo lo previsto en el Real Decreto 35/23 de 24 de enero, del Plan Hidrográfico del Júcar, en cuanto a los aportes hídricos que tiene que recibir el lago. El objetivo del Ayuntamiento de València es que se inyecten 20 Hm3 al lago directamente, tal como prevé el PHJ, y según la tesis que defiende la propia alcaldesa María José Catalá y el president del Consell Carlos Mazón.

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Tal como indican fuentes del gobierno municipal de María José Catalá, "aunque en la inmensa mayoría de los casos la admisión a trámite de un recurso no plantea problemas, en el presente caso sí que los planteaba, y la propia Sala suscitó de oficio la posibilidad de inadmisión del recurso, pidiendo alegaciones al abogado del Estado y al del ayuntamiento. El abogado del Estado se opuso a la admisión, pero la Sala ha atendido nuestras alegaciones y lo ha admitido", remarcan estas fuentes municipales.

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El auto del TSJ determina que no ha lugar a declarar inadmisible el recurso interpuesto por el ayuntamiento. "Ahora se reclamará el expediente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y, una vez recibido, nos darán traslado de la demanda", añaden estas fuentes municipales. De este modo, el consistorio de València continúa la batalla judicial en los tribunales para que el lago reciba esos 20 Hm3 que reclama el Ayuntamiento de València y la Generalitat. En el caso de la administración autonómica aún no se ha admitido el recurso presentado por el Consell.

Catalá valora de forma positiva el auto

La alcaldesa de Valencia María José Catalá ha valorado muy positivamente este auto que es "un paso más para conseguir que el lago de l’Albufera tenga la aportación de agua que precisa para su supervivencia". “Las matemáticas no fallan. Si el Gobierno ha metido el agua en el lago, que nos diga cuándo lo ha hecho, por dónde, en qué momento y con qué hectómetros cúbicos. La maniobra del Ministerio o es una falta de información, que es preocupante, o una voluntad de engañar, que también es preocupante”, ha apuntado Catalá.

"Hemos tenido que ir a la vía judicial -ha matizado la alcaldesa- tanto nosotros como la Generalitat para que se cumpla el Real Decreto, nos hubiera gustado no tener que llegar a esta vía, pero el gobierno de Pedro Sánchez sigue discriminando a nuestra ciudad y nuestra Comunidad, y este es un ejemplo de ellos·. Catalá ha apuntado que al lago "no han llegado los 20 Hm3 extraordinarios que marca el Real Decreto y las excusas que ponen son simplemente de mal pagador. Por eso vamos a llegar hasta donde haga falta porque desde el ayuntamiento vamos a defender l’Albufera frente a la deriva del Gobierno Central”.

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Debate legal del recurso

Como explica el auto del TSJ, se ha interpuesto "recurso contra inactividad consistente en incumplimiento de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica del Júcar, RD 35/23 de 24 de enero, consistente en la puesta a disposición del Lago de la Albufera de València, de los caudales establecidos para la campaña 2023-2024, habiendo formulado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2024, requerimiento previo conforme al art. 44 LRJCA".

Las alegaciones efectuadas por el Abogado del Estado, se fundan en validar el contenido de la respuesta dada por parte de la Jefe de Oficina de Planificación Hidrológica, al requerimiento formulado, en el sentido de no concurrir inactividad, "por haber sido aportados los caudales exigibles". El Ayuntamiento de València se opone al considerar, que el debate acerca de el cumplimiento o no por parte de la Confederación, de la aportación de caudales previstos en la normativa del Plan Hidrológico, "no constituye una cuestión que haya de resolverse en sede de admisibilidad, sino que constituye el fondo del recurso", esto es, la concurrencia o no de inactividad, "pues la Administración demandada reconoce que se trata de un mandato que establece obligación de hacer, directamente exigible".