El Ayuntamiento de València pone fecha de caducidad a la oficina antidesahucios

En las cuentas de València de 2025 hay un apunte que pone fecha de caducidad a la Oficina por el Derecho a la Vivienda, un servicio municipal de intermediación entre las familias y las entidades bancarias para evitar deshacios en la ciudad. En concreto, el apunte señala que el gasto correspondiente a la prórroga sel servicio finalizará el 30 de septiembre de 2025. Por parte de la delegación de Vivienda se ha comunicado a la delegación de Servicios Sociales que dicho contrato no va a ser objeto de nueva licitación (183.392,84 €)", recoge la ficha de gasto de Urbanismo. El servicio atiende actualmente a 5.149 familias de la ciudad.

Tras hallar esta indicación en los presupuestos de 2025, la portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha denunciado la eliminación de un servicio que proporciona información y asesoramiento sobre derechos y recursos en materia de vivienda, además de asistencia, mediación e intermediación en arrendamientos y préstamos hipotecarios. "La decisión de Catalá de no renovar el contrato es un ataque directo a los servicios sociales municipales y un grave retroceso en materia de vivienda. Durante estos años, la oficina ha demostrado ser un recurso clave para ayudar a las familias más vulnerables, mediar en conflictos de vivienda y garantizar el derecho a un techo digno en València. En un momento en que la crisis habitacional afecta a miles de personas, con precios de alquiler desorbitados y desahucios que siguen amenazando a tantas familias, esta decisión no solo es incomprensible, sino profundamente irresponsable. Más aun considerando la crisis que atravesamos debido a la dana", ha criticado Robles.

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Por ello, la portavoz de Compromís ha exigido a Catalá que reconsidere esta decisión de forma inmediata y que se restablezca el compromiso con una València que no deje a nadie atrás. Propone que sea la Concejalía de Servicios Sociales quien asuma la renovación de este servicio que los valencianistas consideran "imprescindible”. "El derecho a la vivienda es un derecho humano, no una mercancía que pueda ser ignorada según conveniencias políticas o económicas. El Ayuntamiento no puede dar la espalda a la realidad que vivimos y que la sociedad civil recuerda cada día, alzando la voz y exigiendo en las calles que la vivienda es un derecho y que la ciudad es para quienes la habitan".

Alternativa a las familias en riesgo de exclusión

La Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València se inauguró el 27 de octubre de 2021, durante el gobierno progresista de Compromís. Fue concebida como un servicio integral para ayudar a la ciudadanía en cuestiones relacionadas con la vivienda, incluyendo asesoramiento jurídico, mediación en situaciones de desahucio y búsqueda de soluciones alternativas para familias en riesgo de perder su hogar. Situada en la calle Bélgica, 18, gestionó miles de casos en su primer año de funcionamiento, centrando sus esfuerzos en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad económica o social.

En sus primeros meses la oficina evitó 187 desahucios mediante intervención directa, además de proporcionar apoyo jurídico y social a cientos de familias. Se creó con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la vivienda para las personas con menos recursos.

"Ribó privatizó el servicio"

Por su parte, desde el consistorio han querido recordar que esta Oficina estaba gestionada con anterioridad por el Colegio de Abogados, y “fueron Ribó y Compromís quienes privatizaron el servicio de asesoramiento y se lo adjudicaron directamente a una cooperativa”. 

Las mismas fuentes señalan que la Agencia Antifraude en abril de 2019 detectó infracciones "muy graves" en el contrato de mediación hipotecaria de Valencia, y que el contrato actual de la cooperativa finaliza el 30 de septiembre de 2025. “El Ayuntamiento de Valencia, de manera coordinada entre las concejalías de Vivienda y Servicios Sociales, tiene previsto reorientar los trabajos que presta la Oficina a partir de octubre de 2025”, han recalcado, asegurado que los servicios que se presentan en la Oficina para el Derecho a la Vivienda se mantendrán.