El PSPV acusa a Catalá de propiciar un "pelotazo" con el contrato para construir 200 viviendas protegidas

El portavoz socialista Borja Sanjuan ha exigido a la alcaldesa, Mª José Catalá, que paralice de manera inmediata el “pelotazo” de 300 millones de euros de un contrato de adjudicación de suelo público para vivienda que el Ayuntamiento de València al que solo se ha presentado una empresa, cuyo propietario es el marido de una diputada del PP, Alma Alfonso, que, además, pertenece a la dirección política de Catalá como secretaria ejecutiva de Economía, Pymes y Autónomos. Como avanzó Levante-EMV al contrato para la construcción de 220 viviendas de protección oficial en Nou Moles y La Torre solo opta una empresa SFI Consulting, la firma de Javier Timoner.

Según Sanjuán, se trata "probablemente una de las noticias más graves que hemos conocido en lo que va de mandato" del PP en el Ayuntamiento de València. Una adjudicación, ha dicho, que viene precedida de una tramitación que ya denunció el PSPV ante la posible existencia de trazas de corrupción porque los pliegos fueron redactados por una empresa que se autodefine como comisionista inmobiliaria”, ha apuntado.

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"Puede presentarse cualquier empresa", aduce Catalá

Sanjuán se ha manifestado en estos términos después del minuto de silencio que se ha guardado en la plaza del ayuntamiento por la nueva víctima de violencia machista que se ha producido en la Comunitat Valenciana. La alcaldesa ha replicado a los socialistas, tras el minuto de silencio, que el contrato para la construcción y explotación de 200 viviendas protegidas es una adjudicación realizada mediante concurso público, abierta a más empresas, y al que solo se ha presentado una. "El procedimiento administrativo es claro, está abierto y puede presentarse cualquier empresa del sector, de momento, se ha presentado esta, pero no es una adjudicación directa ni hay ninguna cuestión irregular", ha dicho Catalá. "Lo que ocurre es que los sociaslitas están acostumbrados a los pelotazos de Pedro Sánchez y creen que todos somos iguales, deberían mirar en su propia casa que la tienen bien sucia".

El estudio de vialidad economica realizado por encargo del Ayuntamiento de València por la empresa Raizde3 calcula, como informó Levante-EMV, que la adjudicataria obtendrá por los arrendamientos de las viviendas, los garajes y trasteros unos ingresos de 315 millones de euros, mientras que la inversión a realizar ascenderá a 82 millones de euros (incluyendo los costes de construcción y de mantenimiento y reposición). Los beneficios "limpios", después de impuestos, para la empresas que se queden con estos suelos se estiman en 155 millones de euros. La rentabilidad a lo largo de los 65 años prorrogables a diez más de explotación de las viviendas quedaría así garantizada y se sitúa en un 300% que se elevaría al 900% si en vez de acudir a financiación se recurre a fondos propios.

Adjudicación directa

El responsable socialista recuerda que en el contrato se exime al adjudicatario del pago del canon, algo que nunca se había hecho al menos en la última década en este Ayuntamiento. Un "incentivo" en su día fue justificadopor el concejal de Urbanismo, Juan Giner, para intentar atraer al mayor número de empresas posible al contrato. Para Sanjuán, "estamos hablando de un pelotazo de más de 300 millones de euros sobre suelos, algunos de ellos ubicados en el terreno afectados por la dana, en alusión a la parcela de la Torre-Faitanar donde el ajudicatario podrá edificar un edificio de 20 alturas, que el gobierno de Mª José Catalá "le quiere dar directamente al marido de una diputada del PP y persona de la máxima confianza de la alcaldesa". "Una operación de la que ya alertamos los socialistas por las irregularidades que observamos en un procedimiento que incluso contó con el reparo del interventor municipal", ha continuado.

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Relación con Gürtel

Sanjuan ha destacado, además, que la SFI Consulting está relacionada con una de las firmas condenadas por la financiación ilegal del PP en Gürtel, Lubasa, puesto que su propietario, Javier Timoner, fue su director general. Ante todos estos hechos, el portavoz socialista ha exigido a María José Catalá que dé la cara, que explique si le parece ético que el suelo público del Ayuntamiento de València “vaya para un familiar del Partido Popular y lo segundo es que paralice de manera inmediata esta adjudicación porque no podemos permitir que haya un pelotazo de 300 millones que venga precedido de una empresa que es comisionista inmobiliaria y que acabe en los bolsillos del marido de una diputada y compañera de dirección política del PP de Mª José Catala”.

“Si no paraliza esta adjudicación, tenemos que empezar a pensar que hemos inaugurado una nueva etapa negra del PP en el Ayuntamiento de València. Y todos sabemos cómo acaba eso”, ha dicho.