València frena por la moratoria seis licencias para convertir bajos en apartamentos turísticos
El ayuntamiento rechaza los recursos de inversores y particulares para transformas locales comerciales en viviendas para turistas en el Grao, Russafa, Malilla, Pataix o Benicalap
Cartel de protesta contra los apartamentos turísticos en Valencia / M.A.MONTESINOS
Los recursos de promotores e inversores de apartamentos turísticos contra la suspensión de licencias le llueven al Ayuntamiento de València. El servicio de Licencias Urbanísticas rechazará esta misma semana en la junta de gobierno seis recursos administrativos interpuestos por promotoras de este tipo de establecimientos contra la moratoria de un año a la concesión de licencias aprobada por el Ayuntamiento de València en mayo de 2024. Uno de los objetivos principales de la moratoria, que no afecta a Ciutat Vella y el Cabanyal porque allí ya hay planes especiales que limitan estos usos, es frenar la proliferación de apartamentos turísticos en bajos de edificios.
El ayuntamiento desestimará así el recurso de reposición interpuesto contra resolución de suspensión de la tramitación de la solicitud de una licencia de cambio de uso a terciario hotelero en edifidios, muchos de ellos bajos, de seis calles: Daoiz y Velarde (barrio de l'Amistat), Buenos Aires (Russafa), Isla Cabrera (Malilla), Venerable Agnesio (Patraix), Isaac Peral (Grao) y Lorenzo Rovira (Benicalap). Los promotores recurren la suspensión de licencias argumentando unos que la solicitud se presentó antes de la aprobación moratoria y otros que aplicar la moratoria solo a los bajos es una decisión "arbitraria". El consistorio rebate y apunta distintos motivos para rechazar los recursos como falta de documentación o extemporaneidad.
Acuciado por la presión ciudadana y un ingente volumen de solicitudes de licencias para nuevas viviendas turísticas (más de 500 solo en mayo de 2024), el gobierno del PP, con Mª José Catalá al frente, llevó al pleno de mayo del año pasado una moratoria de un año, prorrogable otro más, para dar nuevas autorizaciones a este tipo de negocios que proliferan ya en toda la ciudad. La moratoria, incluida como punto extraordinario del pleno de mayo, salió adelante por unanimidad de todos los grupos (PP, Vox, Compromís y PSPV) tras un debate en el que unos y otros han cruzado reproches por no haber sabido o querido parar a tiempo este fenómeno al que también otras grandes ciudades intentan poner coto.
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