El Gobierno propondrá viviendas prefabricadas para afectados de la dana

El Gobierno asumirá un control prácticamente total de la política de vivienda si logra sacar adelante el paquete de doce medidas presentado ayer por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Algunas de las propuestas son en la práctica fórmulas para saltarse las reticencias de las «comunidades autónomas insumisas», en palabras de fuentes del Gobierno, que se niegan a aplicar algunos de los puntos contemplados en la ley de vivienda.

En la clausura del foro de vivienda, el presidente anunció un Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Viviendas, destinado a impulsar la modernización del sector de la construcción industrializada y modular, que se localizará en la provincia de Valencia a fin de contribuir a reconstruir el tejido económico afectado por la dana. Una actuación que contará con 100 millones iniciales.

El Gobierno asume el control total de las políticas de vivienda y bloqueará a las "comunidades insumisas" del PP

El objetivo de este instrumento de colaboración público-privada es la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, a fin de construir casas en menos tiempo y con menos costes, que se desarrollará en la provincia de Valencia.

Entre las doce medidas anunciadas por Sánchez destaca la trasferencia de 30.000 casas de la Sareb a la empresa pública de nueva creación, cambios fiscales en sociedades de inversión inmobiliarias y alquiler turístico o exenciones de 100 % en el IRPF para los que alquilen según el índice de precios de referencia.

Una de las medidas estrella es que, a lo largo del primer semestre del año, la empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene el conocido como banco malo, 13.000 de ellas de forma inmediata y otras 17.000 de forma progresiva. Sánchez apuntó que esta bolsa de inmuebles se financió con dinero público que ahora se va a devolver a la gente.

Sánchez endurece la compra de vivienda a extranjeros de fuera de la UE y anuncia beneficios fiscales para fomentar el alquiler

Además, tras eliminar la Golden Visa, el Ejecutivo va a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Así, se incrementará hasta el 100 % el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda aquí, priorizando que las disponibles sean para los residentes. Estas medidas pretenden acabar con la especulación en vivienda.

En materia tributaria, el Gobierno quiere llevar al Parlamento una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio, impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad que lo equipare al de otras actividades económicas.

Beneficios fiscales

Asimismo, se va a proponer al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100 % del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia. Además, se pondrá en marcha un sistema de garantías públicas, similar al francés, que proteja a propietarios e inquilinos que participen en alquiler asequible y que asegurará al dueño de la vivienda el cobro de la renta y al inquilino una mayor oferta a precio asequible.

Por otro lado, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció que la nueva empresa pública de vivienda iniciará de manera inmediata la construcción de las primeras 438 viviendas, que se ubicarán en la ciudad de València y serán «100% asequibles». Esta construcción por parte de esta nueva entidad de 438 viviendas será en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de València. Se retoma, de esta manera, un proyecto anunciado en la anterior legislatura.

La decisión del Ejecutivo de crear una entidad pública de vivienda sobre la base de la SEPES, Entidad Pública del Suelo adscrita al ministerio, tiene como objetivo desarrollar «un instrumento integral que se encargue, de principio a fin, de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización de los suelos; la edificación, movilización o compra de las viviendas; hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles».

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