El Gobierno construirá las viviendas del cuartel de Ingenieros sin la Generalitat

El Gobierno, a través de la sociedad estatal Sepes, desarrollará por su cuenta las 438 viviendas de los terrenos del antiguo cuartel de Ingenieros en la calle San Vicente. Las promociones serán de alquiler asequible y se licitarán en octubre. Antes, en verano, acabarán las obras de urbanización, que se reanudarán ahora tras meses de parón por incumplimiento de la contratista. Así lo ha anunciado este martes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en una visita a las obras de urbanización de los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa. La Generalitat, sin embargo, ha mostrado su malestar por haber quedado fuera de la operación cuando los sucesivos convenios y acuerdos firmados desde 2010 hasta ahora establecían que el Sepes urbanizaría el suelo y lo cedería al Consell para que hiciera las viviendas. De hecho, la vicepresidenta Susana Camarero ha remitido una carta a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, pidiéndole que aclare esta decisión «unilateral».

El Ministerio de Transportes y la Conselleria de Vivienda firmaron en mayo de 2023 un convenio para construir pisos asequibles en los terrenos de los antiguos cuarteles militares (Ingenieros y Artillería), en régimen de cesión de derechos de superficie, es decir, la entidad estatal urbanizaba el suelo y lo cedía a la Generalitat para que hiciera las casas. Para la promoción de esas viviendas, la conselleria optaba a financiación europea. Sin embargo, los retrasos en la urbanización de los terrenos impidieron firmar la cesión de suelo. Y Bernabé ha apuntado ahora que no hay previsión de renegociar el convenio para la cesión de esos terrenos, como ha planteado la Generalitat.

Así pues, la construcción de estas viviendas será promocionada directamente desde la nueva empresa pública que creará el Ejecutivo Central sobre la base del Sepes «para garantizar que sean 100% asequibles».

La previsión es que esta empresa pública empiece ya a redactar los proyectos para licitarlos en otoño. Sobre los cuarteles de Artillería, la otra gran parcela sin uso desde hace años, donde está prevista la construcción de 600 vivienda, la delegada aseguró que «también están incluidos en el plan de vivienda», si bien no dio plazos para iniciar la urbanización

Para Bernabé, la reanudación de las obras en los antiguos cuarteles es «una noticia muy positiva en la que ha de primar la colaboración, ya que es necesaria una corresponsabilidad». El Gobierno de España «tiene estos terrenos y ha puesto en marcha esta obra de urbanización y va a poner en marcha la construcción de estas viviendas. Ahora, cada administración, dentro de sus competencias y de sus opciones y posibilidades, que haga todo lo que esté en su mano para solucionar el problema de la vivienda», dijo.

Pero todo parece indicar que la colaboración, al menos en esta promoción, está muy lejana. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha dirigido una carta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la que le pide que aclare sus últimas declaraciones anunciando que la nueva empresa creada por el Gobierno impulsará esas viviendas sin contar con la Generalitat, lo que en la práctica supone una decisión «unilateral» y una «ruptura del modelo de colaboración iniciado en 2010 sin ninguna comunicación oficial».

En su carta, la vicepresidenta del Consell asegura que desde ese año se han venido firmando sucesivos acuerdos entre la Generalitat y el Gobierno central en los que se establecía que el Estado urbanizaba los terrenos de los cuarteles y luego cedía el suelo a la Generalitat para que hiciera las viviendas en colaboración público-privada o por sus propios medios. Ese acuerdo se ha mantenido con todos los gobiernos e incluso después de las últimas elecciones autonómicas, en las que hubo cambio en el Consell. De hecho, el último texto remitido por el ministerio al Consell es de 5 de agosto de 2024 y mantiene todas las condiciones, asegura Camarero, texto que fue ratificado por la conselleria en octubre de ese mismo año, hace apenas tres meses.

Según fuentes de la Generalitat, es verdad que por el retraso de la urbanización de los terrenos hubo que renunciar a los fondos europeos, pero asegura que en ese último convenio de 2024 se mantuvieron las responsabilidades de cada parte. De ahí su sorpresa con este anuncio hecho en la prensa y sin comunicación oficial, aseguran. Y de ahí su petición de aclaración a la ministra.

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