La Policía Local de València impone 620 denuncias a apartamentos ilegales en un año

La moratoria del Cabanyal ha permitido bloquear 298 plazas turísticas solicitadas en los últimos dos meses

La alcaldesa asegura que la regulación del 10% del anterior gobierno no ha funcionado

Reunión de María José Catalá con los vecinos del Cabanyal.

Reunión de María José Catalá con los vecinos del Cabanyal. / Levante-EMV

José Parrilla

José Parrilla

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado a los representantes de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar que la moratoria de apartamentos turísticos y hoteles en el barrio afecta a 298 plazas turísticas solicitadas en los dos últimos meses. La limitación del 10 % del Plan Especial de apartamentos turísticos por manzana, que dejó el anterior gobierno municipal, ha apuntado Catalá, “ha provocado una proliferación de solicitudes que era necesario frenar. Vamos a monitorizar todo el barrio y hacer una fotografía real de la zona para saber la realidad de los apartamentos turísticos de la zona y trabajar en la futura regulación”.

Como ha explicado la alcaldesa, “para nosotros estar con los vecinos de los barrios y atender sus solicitudes es lo más importante. En toda la ciudad hay una preocupación, especialmente en la fachada marítima, sobre la proliferación de apartamentos turísticos. La vivienda es el núcleo de acción más importante de la legislatura, generar vivienda en los barrios para los vecinos es una de nuestras claves y hay que saber combinar la oferta turística de calidad con los barrios que sigan siendo lo que son, donde haya comercio tradicional y vecinos.

"Hay que saber combinar la oferta turística de calidad con los barrios que sigan siendo lo que son, donde haya comercio tradicional y vecinos"

Control de la ilegalidad

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que el control de apartamentos ilegales iniciado por el actual gobierno del Ayuntamiento, sigue en marcha con inspecciones continuas en todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia en aquellos que tiene más demanda turística. Cinco grupos de inspectores de la concejalía de Urbanismo y siete grupos de Policía Local se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de los apartamentos turísticos ilegales.

Cinco grupos de inspectores de la Concejalía de Urbanismo y siete grupos de Policía Local se encargan de rastrear la ciudad

Además, la División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado 620 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen “Por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad”. En este último año, los agentes han realizado 620 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022.

El incremento de las actas denuncia a los apartamentos turísticos responde, tal y como ha explicado este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, al “trabajo intenso” de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turístico ilegales.

Empeoramiento desde 2015

 Por otro lado, "cabe recordar que la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos". Además, con la peculiaridad de que "este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos. Hasta esa fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad".

El distrito de Tránsitos es el que más denuncias ha realizado con 166, seguido del Marítimo con 118, Patraix con 112 y Ciutat Vella con 110. La mayor parte de estas inspecciones nacen gracias al trabajo de proximidad que se lleva a cabo desde las diferentes comisarías.

Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales. Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.

Además, cabe recordar que según la Ley 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Esta normativa establece la necesidad de registrar y almacenar los datos de los huéspedes, con el fin de mantener la seguridad y el control en los alojamientos turísticos, previniendo actividades ilícitas y asegurando un entorno seguro para todos. Por ello si no se ha realizado esta gestión, el propietario de local se puede enfrentar a sanciones. 

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