Los vecinos respaldan la norma de pisos turísticos pero exigen cerrar ya los 5.000 ilegales

La Federación de Asociaciones Vecinales de València respalda la futura ordenanza regulatoria de los apartamentos turísticos, definida el viernes por el concejal Juan Giner como la «norma más restrictiva de España». El delegado de Urbanismo habló de cinco niveles de protección, del 2% de saturación máxima para los barrios de la ciudad hasta el tope del 8% en plazas hoteleras, pasando por la exigencia de destinar al comercio un 85% de los bajos de cada manzana.

La presidenta de la federación, María José Broseta, saluda la normativa porque servirá para ordenar la implantación de un negocio que crece de manera exponencial tensionando la vida de los vecindarios. «Nos parece adecuado que se tomen esas restricciones y tener un marco legal en el que apoyarse. Dicho esto, me parece que la normativa llega tarde y hemos de insistir en que todos los pisos turísticos ilegales no deben seguir funcionando un solo día más. Las inspecciones son insuficientes», lamenta Broseta.

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En 2024, la Policía Local de València tramitó 620 actas contra pisos turísticos ilegales en el conjunto de la ciudad. Sin embargo, al cruzar los datos oficiales -el ayuntamiento tiene registrados 1.800 alojamientos, la Generalitat 5.800- con la oferta de alojamientos en plataformas -«Transparent» cifra el número de apartamentos en 11.600- se deduce que la capital del Turia cuenta con más de 5.000 pisos turísticos ilegales. A este ritmo, en el escenario más optimista y suponiendo que no se abre un solo apartamento ilegal más, València tardaría algo más de 8 años en erradicar esta lacra de los barrios. 

Además, ocurre que tres distritos de la ciudad ya han rebasado el límite del 2%, en ocasiones sin que las comunidades hayan sido conscientes del problema hasta que no han sentido el ruido bajo sus pies. En ese sentido, Broseta plantea que el ayuntamiento no se cierre a revocar las licencias en fincas residenciales donde los vecinos se oponen a convivir con turistas, aprovechando que la ley autonómica obliga a prorrogar dichas licencias cada cinco años. Relacionado con esto, la futura ordenanza flexibilizará el cambio de uso de terciario a residencial para incentivar los alquileres de larga duración. 

Contra el turismo low cost

Preguntados por la futura ordenanza, en el barrio de Patraix consideran que esta declaración de intenciones -la normativa deberá atravesar aún muchas fases y recoger las alegaciones vecinales- un primer buen paso para regular el negocio de la vivienda turística. Toni Pla, presidente de la asociación vecinal, dice que es importante que todos los barrios sepan con qué cartas jugar dentro del marco legal, y ofrece alternativas a la futura ordenanza. 

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Por un lado, propone ofrecer los mejores bajos a los comerciantes de la zona. «El turista se mete en la habitación y ni se fija en el entorno. Habría que dejar las esquinas con mayor visibilidad a los negocios que fortalecen el tejido comercial». Por otro lado, pide revisar los requisitos para montar un alojamiento: «La gente se mete a dormir en auténticos ataúdes. Habría que hacer una reflexión sobre el tipo de turismo que estamos atrayendo con estos apartamentos». 

Un balance complementario ofrece Paco Guardeño, de la asociación vecinal de Benimaclet, al valorar que la iniciativa legal llega muy tarde y con cuestiones aún por precisar: «Si tomamos como referencia las más de 15.000 viviendas censadas en Benimaclet el 2% supone más de 300 viviendas turísticas, o sea, una barbaridad. Pero si hacemos el estudio basándonos en el 2% de las 3179 viviendas censadas en alquiler, la cifra bajaría a 64, algo aceptable». 

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