El ayuntamiento quiere tener la potestad de multar a los pisos turísticos ilegales

Los responsables del gobierno municipal del Ayuntamiento de València quieren poner multas de mayor cuantía, sanciones más caras, a los dueños de apartamentos turísticos ilegales. Por ello, han iniciado los trámites para que la Generalitat Valenciana delegue en el consistorio la potestad sancionadora para multar a los posibles infractores. Según confirman fuentes municipales a Levante-EMV, ya se están intercambiando documentos entre el ayuntamiento y la Generalitat para que el Cap-i-Casal pueda multar con cantidades económicas de mayor cuantía a los dueños de estos apartamentos que trabajan de forma irregular. Así, se podrán incrementar también las inspecciones y castigar de forma ejemplar a los defraudadores. Mientras se avanza en esta cuestión de la potestad sancionadora, el gobierno de PP y Vox, ha comenzado a tramitar el anteproyecto de ordenanza para regular los apartamentos turísticos. El siguiente paso, tras aprobarse en la Junta de Gobierno, es abrir un período de alegaciones para que colectivos sociales y vecinales puedan hacer sus alegaciones y aportaciones al texto.

Una de las dificultades con las que choca la regulación de los pisos turísticos en València es la disparidad de registros oficiales que existen.

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Falta un registro de referencia

La falta de un registro oficial único de referencia complica y lastra la elaboración de una norma que permita luchar contra los ilegales y que permita garantizar el descanso de los vecinos. Compromís ya advirtió el martes de esta disparidad de datos. Así, según el INE en València existen 7.290 apartamentos turísticos legales. Según el registro de Turisme, de la Generalitat Valenciana, hay 6.121; y según el Ayuntamiento de València, que toma como referencia el registro de negocios que pagan el Impuesto de Actividades Económicas, hay 1.939 apartamentos turísticos. Entre las cifras del INE y de la Generalitat, por un lado, y las del ayuntamiento, por otro, hay 5.000 pisos de diferencia. En todo caso, serían negocios legales y que tributan a Hacienda. Ahora bien el problema se hace mayor porque en las plataformas turísticas de viajes, que utilizan millones de turistas, se ofrecen hasta 12.000 apartamentos. De ahí, que ya se hable sin tapujos de que en València existen al menos 4.000 pisos turísticos ilegales. Esta cifra sale de la diferencia entre los que están dados de alta en los registros del INE -el Estado- y de la Generalitat, y los que se publicitan en las páginas webs donde se pueden alquilar alojamientos turísticos.

La Faavv quiere sanciones

La propia Federación de Vecinos ha reclamado que se ponga el foco sobre estos apartamentos ilegales como primer objetivo y que se regule el resto que sí cumplen la ley. La entidad vecinal ha recibido de buen grado este proyecto ordenanza que ha empezado a tramitar el gobierno de María José Catalá pero insta a aumentar las inspecciones y a perseguir a los ilegales. Mientras, fuentes municipales reconocen que la falta de un único registro oficial de referencia, lastra y dificulta la redacción de cualquier normativa eficaz para ordenar el mercado.

La Ventanilla Única

Sin embargo, los responsables del gobierno municipal, de momento, se encomiendan al Ministerio de Vivienda que tiene previsto aprobar la denominada Ventanilla Única a mediados de año. Este registro estatal de referencia, deberá aclarar el panorama en cuanto a contar con una cifra fiable sobre la cantidad de apartamentos que hay en la ciudad. Mientras tanto la ordenanza municipal seguirá su procedimiento administrativo hasta que se apruebe de forma definitiva.

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