València descarta urbanizar la huerta liberada por la nueva ley autonómica

Las modificaciones introducidas en la Ley de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial (PAT), así como la supresión del organismo que controlaba y salvaguardaba el cumplimiento de dicha norma, han generado preocupación en colectivos dedicados a la protección del patrimonio agrícola y encabezados por Per l’Horta, quienes estiman que el nuevo decreto facilitará «la urbanización de un total de 3.800 hectáreas de las más de 11.000 de huerta protegida repartidas en quince pueblos». 

En concreto, la reforma de la ley aprobada por el Consell flexibiliza la construcción de vivienda en las parcelas con protección de Huerta Grado 3, las más degradadas, siempre que estas viviendas se levanten en los municipios afectados por las inundaciones o en aquellos que sufran «emergencia habitacional», en palabras del conseller Martínez Mus. Asimismo, la reforma suprime los límites impuestos con carácter general a las plazas y aforo máximo de actividades terciarias autorizables, dando pie a la ampliación de restaurantes, horchaterías y establecimientos turísticos –con sus respectivos aparcamientos– ubicados en zonas de huerta. 

Según el atlas de los usos del suelo agrícola elaborado en 2023 por el Consell de l’Horta, el término municipal de València tiene 2.622 hectáreas de terreno agrícola incluidas dentro del PAT de l’Horta, el cual representa un 24,5% de la superficie contemplada por el ámbito de protección y ordenación. El 74% de la superficie agraria del término municipal se encuentra cultivado o bien preparado para cultivar, destacando la producción de hortalizas (25,9%), principalmente cebolla, chufa y alcachofa. Por otra parte, las tierras sin cultivar se extienden en un 26% de la superficie, siendo buena parte del terreno, el 20,3%, terreno abandonado o infrautilizado. En base a esto, más de 500 hectáreas repartidas en 2.500 parcelas –especialmente en pedanías del norte– serían susceptibles de la flexibilización. 

El 20 % de la huerta de València recogida en el PAT está abandonada o infrautilizada

Sin embargo, a falta de ver cómo se despliega sobre plano la reforma y sus distintas interpretaciones, la alcaldesa María José Catalá dejó ayer claro que no buscará resquicios para urbanizar la huerta ahora más desprotegida. «Si en algún punto nos aporta la posibilidad de hacer una dotación pública como un depósito de tormentas que aporte seguridad y tranquilidad lo valoraríamos, pero solo en esos casos. No valoramos otras infraestructuras. Solo dotaciones hidráulicas o sociales para la zona. Esa sería la ventana que abrimos dentro de la posibilidad que nos ha dado el Consell», insistió la alcaldesa, descartando hacer otro uso de la modificación legal pese a la emergencia habitacional manifiesta que se vive en la ciudad. 

Desde los colectivos ecologistas explican que la aprobación del nuevo decreto ley implica que las zonas no protegidas por los planes urbanísticos de los municipios puedan ser desarrolladas de manera inmediata, mientras que las marcadas como suelo agrícola podrán reclasificarse permitiendo así la construcción sobre zona verde. Recuerdan que Rita Barberá quiso reformar el PGOU para crear cuatro pastillas en suelo agrario con las que atraer inversiones estratégicas, caso de hospitales o universidades privadas. Y traen a colación el ejemplo de Mahuella, un islote de huerta ubicado junto a Albalat que la exalcaldesa quiso urbanizar, la ley del Botànic protegió con el Grado 3 y ahora, sin el blindaje, queda a expensas de un posible Plan Especial. Algo que aparentemente no ocurrirá.