La adjudicataria de 227 viviendas públicas en València renuncia por presiones políticas
Asegura que las "insidias" del Partido Socialista han hecho que se retire la financiación externa
La alcaldesa anuncia que el plan seguirá adelante, bien ejecutado por el ayuntamiento directamente o bien a través de Aumsa
Protesta en València en demanda de vivienda pública / Germán Caballero
La empresa Nuevas Tecnologías de Financiación ha renunciado a la construcción de 227 viviendas asequibles en cuatro solares municipales de València por las "insidias y falsedades" que se han vertido desde la oposición. Esta empresa fue la única que se presentó al concurso y es propiedad de Javier Timoner, marido de la diputada del PP Alma Alegre, por lo que desde el Partido Socialista tildaron la operación de "pelotazo" urbanístico por valor de 155 millones de euros.
En su escrito dirigido al Ayuntamiento de València, el propio Timoner expone su "profunda decepción" por tener que renunciar a esta operación a causa de "las repetidas insidias vertidas profusamente contra esta empresa y su administrador por parte del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València", acusaciones que, según Timoner, han hecho que la financiación externa que se habían asegurado se haya retirado del proyecto. Este plan para construir las citadas viviendas se iba a desarrollar en cuatro parcelas municipales del barrio de Nou Moles y de Faitanar.
Por su parte, la alcaldesa de València María José Catalá ha considerado que es "una mala noticia" que la oposición "se dedique a boicotear planes para dotar a València de vivienda pública protegida" y anunció que su objetivo es que estas 227 viviendas se hagan de todos modos: "Es un compromiso del Partido Popular, vamos a seguir adelante y lo vamos a ejecutar mediante ejecución directa, desarrollando ese suelo progresivamente". Lo hará el departamento de urbanismo de forma directa, erigiéndose como promotor si fuera necesario, o bien a través de la empresa municipal Aumsa. Catalá se mostró decepcionada con "esta forma de hacer oposición", con "este politiqueo" del Partido Socialista. "No se conformaron -ha lamentado la alcaldesa en alusión a los socialistas- con hacer 8 viviendas protegidas en 8 años, teniendo el balance más penoso de un gobierno municipal que ha habido nunca en esta ciudad, y ahora en la oposición se dedican a boicotear proyectos de vivienda proitegida en la ciudad". Ante eso, ha afirmado: "El ayuntamiento va a pelear por hacer esas viviendas, porque nosotros si estamos a lo que la gente necesita, que es vivienda pública protegida en València".
"Sombras sobre la honradez", lamenta el empresario
Por su parte, la carta de la empresa presentada en el registro del Ayuntamiento de València es clara: "La huida del capital necesario -para acometer las obras- es consecuencia de estas insidias y falsedades, que han proyectado sombras sobre la honradez de quien ha concurrido a esta licitación pública, dispuesto a arriesgar su dinero en un proceso abierto y transparente", asegura.
Lamenta Timoner que "un proyecto de vivienda social noble y beneficioso para los más desfavorecidos, haya sido manchado por declaraciones imprudentes, si no maliciosas, de quien ha buscado únicamente rédito político causando con ello un perjuicio a la construcción de viviendas destinadas a alquiler asequible".
En esa línea, asegura que se reservar acciones penales para resarcir los posibles daños al honor que ha sufrido.
El PSOE pide que Aumsa asuma el plan
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Borja Sanjuan ha mostrado "su satisfacción" porque la denuncia del Partido Socialista haya frustrado el “pelotazo urbanístico de 155 millones que el gobierno del PP había adjudicado a Javier Timoner, marido de una diputada del PP en la ciudad e íntima amiga de María José Catalá”. Sanjuan ha propuesto que, una vez fracasada la operación después de que los socialistas amenazaran con llevarla al Síndic de Greuges y a Antifraude, sea la empresa pública Aumsa la que desarrolle directamente el suelo municipal y construya las viviendas públicas.
“Que se haya tenido que frenar la adjudicación de un pelotazo urbanístico de 155 millones de euros al marido de la diputada del PP Alma Alfonso y ex administrador de una empresa que financió ilegalmente al propio Partido Popular demuestra que esta adjudicación era indefendible y que no podían justificarla sin que fuera obvio lo que estaba ocurriendo”, ha manifestado Sanjuan.
Para el responsable socialista, la renuncia confirma que “estaban preocupados porque habíamos destapado la relación entre quien iba a recibir suelo público del Ayuntamiento de València y el partido que gobierna. Primero, trataron de esconderlo y ahora, cuando se ha sabido la verdad, corren a intentar zanjarlo de manera rápida”, ha continuado.
En este sentido, ha afirmado “con orgullo, que el Partido Socialista le ha ahorrado a los valencianos que se aprovechen del problema de la vivienda que existe en la ciudad para que unos pocos puedan hacer negocio”.
Finalmente, ha propuesto que sea la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento, Aumsa, quien se encargue de construir directamente vivienda pública en ese suelo público que se había adjudicado en esa suerte de pelotazo urbanístico con la empresa del marido de la diputada del PP. “Siempre será mejor para la ciudad que AUMSA construya la VPP que adjudicarle ese suelo a familiares y amigos del PP”, ha incidido.
Sanjuan ha recordado que la adjudicación a la empresa del marido de la diputada del PP se produjo después de que el propio gobierno de Catalá "le invitase directamente a participar en el proceso para varias parcelas municipales para desarrollar entre las que se encontraban algunas afectadas por la dana". Las circunstancias de esta adjudicación así como "el vínculo estrecho del adjudicatario con diferentes miembros del gobierno municipal y el margen de beneficios de 155 millones que certificaba el propio ayuntamiento provocó que los socialistas lo denunciaran ante el Síndic de Greuges y la Agencia Antifraude", ha recalcado Sanjuan.
La alcaldesa lamenta esta "praxis política de la oposición"
En cuanto a la carta presentada por la empresa, la alcaldesa ha comentado que se comenta "por sí sola, y explica con claridad porqué se han retirado los inversores del proyecto". Ahora bien respecto al concurso público para construir estos pisos, ha recordado que se trata de "un concurso público al que se podía presentar cualquier empresa, y al que se presentó una sola empresa. Por razones evidentes se le adjudicó a la única empresa que se le presentó". Por tanto, "no tenía que ser un concurso tan rentable para que ninguna empresa se presentara excepto una".
La alcaldesa ha lamentado lo ocurrido porque este concurso "nos dotaba de 227 viviendas de protección pública, muy interesantes para nuestra ciudad y para mejorar el parque de vivienda pública". Ahora, tras la renuncia de la mercantil citada, "me parece que por el politiqueo y por esta forma tan burda de hacer oposición, que se ahuyente una inversión de nuestra ciudad, es una muy mala noticia". En este sentido, "deberán reflexionar sobre la oposición que quieren hacer", ha matizado.
Por último, respecto al futuro del plan urbanístico, "vamos a analizar todos los escenarios que tenemos". Desde luego, "queremos seguir adelante con la construcción de esas viviendas, es un compromiso del Partido Popular". "Volver a sacarlo -ha apuntado- vemos que es difícil, pues como decía solo se presentó una empresa al concurso. Así que estamos trabajando para ver cómo vamos desarrollando progresivamente ese suelo". Y van a a analizar bien qué modelo adoptan, "para desarrollar ese suelo mediante ejecución directa, el departamento de Urbamnismo; o bien Aumsa". Ante "la mala praxis polìtica de la oposición", la alcaldesa ha subrayado que será el ayuntamiento "el que construya esas viviendas", concluyó.
Compromís reclama que el ayuntamiento haga las viviendas
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València Papi Robles ha exigido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que asuma de manera urgente, a través de la empresa pública municipal Aumsa, la construcción de 227 viviendas de alquiler social en cuatro solares de la ciudad, después de que la empresa Nuevas Tecnologías de Finananciación haya comunicado su retirada de la licitación. “Catalá no puede dejar pasar más tiempo, el problema de la vivienda en València es muy grave, por eso debe ponerse a trabajar y asumir la construcción de estas viviendas de manera directa”.
Robles considera que estamos ante "una nueva rectificación de Catalá, que se ha visto obligada a realizar tras descubrirse que había adjudicado el contrato a un familiar de una diputada del PP, favoreciendo presuntamente una operación especulativa con viviendas públicas". “Catalá debe dejar de una vez por todas de jugar al Monopoly con nuestra ciudad para favorecer a los constructores privados”, ha aseverado Robles.
Compromís considera que, si ni siquiera eliminando "el canon las empresas" han optado por construir estas viviendas, "lo mejor que puede hacer el gobierno municipal es hacerlo directamente desde el Ayuntamiento". “La vivienda no puede ser un negocio para los especuladores. Y menos si los terrenos son públicos. Es indecente que un privado obtenga beneficios por explotar un suelo público destinado a vivienda residencial de alquiler social”, ha señalado la portavoz valencianista.
“Ahora Catalá tiene la oportunidad de demostrar que realmente quiere hacer algo, más allá de las palabras vacías. El PP siempre ha entendido la vivienda como un negocio, es hora de responder a las necesidades de los valencianos y valencianas y garantizar la vivienda social. Es el momento de demostrar que, más allá del negocio, están dispuestos a hacer algo para responder al principal problema de los vecinos de esta ciudad”, ha concluido Robles.
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