El juzgado rechaza el recurso de los propietarios del Hotel Sidi para su reforma y reapertura

Nueva sentencia judicial sobre el polémico hotel Sidi del Saler, ubicado en primera línea de playa del Parque Natural de la Devesa y sin uso desde hace más de una década.  El juzgado de lo contencioso número 9 de València ha desestimado el recurso interpuesto por los propietarios del Sidi Saler (Divarian y Coral Homes) contra el acuerdo de enero de 2023 del anterior gobierno municipal de Joan Ribó (Compromís) que denegó la licencia de obras y actividad que pidieron estas mercantiles para renovar y reabrir el antiguo hotel.

La alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, ha exigido este jueves al Ministerio de Transición Ecológica que asuma desde mañana mismo "la conservación, el mantenimiento y la seguridad" de las instalaciones del Hotel Sidi Saler tras conocerse la sentencia que dictamina que el edificio no puede ser dedicado a usos hoteleros. Catalá ha señalado que hay que esperar que la sentencia sea firme pero en cualquier caso, recalca la alcaldesa, el fallo judicial afirma con claridad "que el inmueble es propiedad del Ministerio" por tanto la administración estatal tiene que hacerse caso del edificio y garantizar entre otros aspectos la seguridad".

Esta mañana mismo, Catalá ha hablado con la presidenta de la Asociación de Vecinos del Saler que le ha transmitido su temor "porque el hotel sufre ocupaciones" y altercados como conatos de incendio, por ello, la alcaldesa reclama al Miteco que asuma desde ya la conservación y la seguridad del inmueble. También ha anunciado Catalá que vecinos y alcaldesa van a enviar un escrito a la ministra para solicitarle una entrevista donde se aborden estos problemas. Los vecinos están preocupados porque no quieren que el Sidi se convierta en un vertedero donde sigan dándose conatos de incendios y otros problemas de seguridad ciudadana, ha insistido la alcaldesa.

La sentencia, contra la que cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, rechaza los argumentos de los demandantes. Cabe recordar que el Ayuntamiento de València rechazó, en 2022, la concesión de la licencia de obras y actividad a los propietarios del Sidi Saler para rehabilitarlo de cara a la reapertura del inmueble. Una decisión, tomada por el gobierno municipal entonces formado por Compromís y PSPV, que los propietarios decidieron llevar a los tribunales.

Los demandantes argumentaban su recurso en una posible "desviación de poder" por parte del Ayuntamiento algo que descarta el magistrado ya que la denegación de licencias con la pretención de derribar el hotel, construido en los años 70 sobre las dunas, "no supone un uso improcedente de la potestad de la disciplina urbanística". Los propietarios también defendían en el recurso que el edificio no estaba en fuera de ordenación sustantiva, como consideraba el ayuntamiento,  sino diferida y que por lo tanto, las obras de renovación del hotel para convertirlo en un hotel sostenible más integrado en el paisaje podrían ser autorizables. El magistrado, sin embargo, lo rechaza y dice que las obras que pretenden llevar a cabo las promotoras suponen "una reestructuración total" del edificio supera el 50% del valor del hotel y no tendrían cabida ni siquiera en un fuera de ordenación diferida.

El juez considera que por su ubicación "en la misma playa" del hotel supone "afectación de las dunas, un elemento significativo del parque"". La sentencia es contundente y considera que las seis alturas del edificio, frente a las dos que permite el PGOU, son un ''atentado'' al Parque Natural de la Devesa al tiempo que ratifica el fuera de ordenación sustantiva del edificio. "La demolición de un edificio fuera de ordenación es en definitiva una exigencia última de toda esta normativa y tomar decisiones administrativas en esta línea en ningún caso se puede considerar desviación de poder".

La propiedad del hotel no es de los demandantes

El juez en una ''reflexión final" sobre algunos de los argumentos de los demandantes destaca que "ni el edificio ni la parcela pertenecen ya a las demandantes, quienes en realidad son tan solo titulares de una concesión que incluso podría estar, por no haberse ejercido la actividad para la cual se otorgó, en condiciones de ser revocada", y además, añade que el edificio no ha quedado fuera de ordenación recientemente sino que "el PGOU de València es de 1988, han pasado más de 36 años y el edificio continúa en la misma situación de fuera de ordenación". A ello se suma "su inclusión al dominio público-marítimo terrestre el 2007, la carencia de actividad desde 2011 y el avance y mejora de la normativa de protección del medio ambiente, en general, y de la específica de Parque Natural de la Albufera donde está enclavado, desde entonces hasta ahora".

El conflicto judicial entre el ayuntamiento y los propietarios del hotel tiene varios frentes y sigue pendiente otro recurso contra la caducidad de la licencia por parte del anterior gobierno de Compromís.

Robles (Compromís) valora la sentencia

La portavoz de Compromís, Papi Robles, por su parte ha asegurado este jueves que la sentencia "es una magnífica noticia para la ciudad de València y un claro aval a las políticas de Compromís en defensa de la Devesa-Albufera. La caducidad de la licencia ambiental del antiguo hotel Sidi Saler confirma lo que ya sabíamos: la turistificación descontrolada y los proyectos urbanísticos especulativos no tienen cabida en un espacio tan valioso como la Devesa".

El PP de Catalá "siempre ha soñado con recuperar el viejo proyecto franquista de convertir la Devesa en un resort turístico para ricos, ignorando la importancia medioambiental de este paraje único. Ahora vemos cómo la realidad se impone: Compromís, con el apoyo de la sociedad civil organizada, lo paró en su momento y lo seguirá haciendo. La Devesa es de todas y todos, no de unos pocos privilegiados".