Urbanismo

El ayuntamiento recurrirá al Banco Europeo para construir las 227 viviendas a las que renunció la adjudicataria

La denuncia "infundada" del PSPV contra la única empresa que optaba a la licitación del derecho de superficie "nos va a costar 40 millones", asegura el concejal de Urbanismo, Juan Giner

La renuncia de la empresa adjudicataria ante las denuncias de pelotazo de la oposición obliga al ayuntamiento a buscar financiación europea

Sociópolis es uno de los puntos donde se construirán viviendas.

Sociópolis es uno de los puntos donde se construirán viviendas. / Miguel Ángel Montesinos

València

La cesión a terceros del derecho de superficie sobre el suelo para la construcción de vivienda asequible, uno de los tres pilares del Plan + Vivienda del gobierno de Mª José Catalá en València junto con las permutas de suelo por vivienda hecha y la compra directa, se ha ido al traste. La renuncia de la única empresa que se presentó a la licitación de cuatro parcelas para la construcción de 227 viviendas protegidas en la Torre-Faitanar y Nou Moles ante las acusaciones de posible pelotazo por parte del grupo municipal socialista obligan al ayuntamiento a acudir a financiación europea para impulsar estas promociones en un momento de crisis habitacional.

La Concejalía de Urbanismo estudia solicitar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) la ampliación de la línea de crédito con 27 millones de euros concedida en la pasada legislatura, concretamente en 2020, a la empresa de actuaciones urbanísticas (Aumsa) para la construcción de 323 viviendas asequibles. La empresa municipal activó el año pasado los primeros 10 millones de euros del citado préstamos para la construcción de una promoción en Tarongers.

Como adelantó Levante-EMV,  SFI Consulting, propiedad de Javier Timoner, marido de la diputada del PP Alma Alegre, fue la unica empresa que se presentó a la licitación del derecho de superficie de las cuatro parcelas ofrecidas por el ayuntamiento para la construcción de 227 viviendas de protección pública destinadas a alquiler. El grupo municipal socialista acusó por ello al gobierno de Mª José Catalá de propiciar un "pelotazo" urbanístico por valor de 155 millones de euros a la citada empresa vinculada al PP. El propio Timoner explicaba en la carta de renuncia dirigida al ayuntamiento que la financiación externa que se habían asegurado para la promoción de las viviendas asequibles se había retirado ante las "insidias" difundidas por los socialistas. "La huida del capital necesario -para acometer las obras- es consecuencia de estas insidias y falsedades, que han proyectado sombras sobre la honradez de quien ha concurrido a esta licitación pública, dispuesto a arriesgar su dinero en un proceso abierto y transparente", ha asegurado el empresario.

El portavoz socialista, que esta semana ha mostrado su satisfacción por desactivar el "pelotazo", llevó la licitación a la Oficina Antifraude del Síndic.

La alcaldesa ya anunció este semana que el ayuntamiento no renunciará a la construcción de estas viviendas. "Lo vamos a ejecutar mediante ejecución directa, desarrollando ese suelo progresivamente". Lo hará el departamento de urbanismo de forma directa, erigiéndose como promotor si fuera necesario, o bien a través de la empresa municipal Aumsa, dijo Catalá. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, abunda en que se están estudiando opciones aunque la intención es buscar financiación europea para promover a través de Aumsa, que este año cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros, al menos una parte de las viviendas, posiblemente, el edificio de 20 alturas y 90 viviendas previsto en la Torre. Para el desarrollo de las otras tres parcelas en Nou Moles, se buscará promoverlas con recursos propios, vía presupuestos, o mediante la colaboración público-privada.

"El PSPV ha hecho mucho daño porque no solo no ha construido vivienda cuando gobernaba sino que además las dinamita cuando ya no gobierna".

Como sea, el concejal de Urbanismo, asegura que construir estas 227 viviendas "va a costar 40 millones" al ayuntamiento. "Si hubiera sido el negocio, el chollo y el pelotazo que aseguraban los socialista hubiese habido colas y solo vino una". "Cuando el fondo de inversión que la acompañaba empieza a ver a un señor con una acta de concejal que dice que hay una trama y que hay un pelotazo se asusta y se va", resume Giner, quien asegura que el portavoz socialista, Borja Sanjuán, "ha hecho mucho daño porque no solo no ha construido vivienda cuando gobernaba sino que además las dinamita cuando ya no gobierna".

Esta empresa, SFI Consulting, estaba dispuesta a invertir, gestionar y luego revertir a la ciudad las viviendas y ahora todo esto se ha perdido". Aumsa y la Concejalía de Vivienda pueden promover viviendas pero el actual concejal de Urbanismo es partidario de acudir al músculo de la inversión privada para agilizar la construcción. "Construir un edificio tarda dos años y si quieres hacerlo rápido tenemos que acudir a estar fórmulas. Las acusaciones infundadas nos van a costar ahora 40 millones de euros". "Yo si por mi culpa, por no haber mirado el expediente y por pasarme de frenada, se dejasen de hacer 200 viviendas en una situación como la actual, cuando es la principal preocupación, dejaría mi acta de concejal", asegura Giner.

El estudio de vialidad economica realizado, por encargo del Ayuntamiento de València, por la empresa Raizde3 calcula, como informó Levante-EMV, que las adjudicatarias del derecho de superficie obtendrán por los arrendamientos de las viviendas, los garajes y trasteros unos ingresos de 315 millones de euros, mientras que la inversión a realizar ascenderá a 82 millones de euros (incluyendo los costes de construcción y de mantenimiento y reposición). Los beneficios "limpios", después de impuestos, para la empresas que se queden con estos suelos se estiman en 155 millones de euros. La rentabilidad a lo largo de los 65 años prorrogables a diez más de explotación de las viviendas quedaría así garantizada y se sitúa en un 300% que se elevaría al 900% si en vez de acudir a financiación se recurre a fondos propios. La cesión de derechos de superficie es uno de los pilares del Plan + Vivienda de la alcaldesa que prevé incorporar 954 viviendas al parque público de viviendas de protección pública.

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