El ayuntamiento avanza con la Zona de Bajas Emisiones "blanda" tras rechazar las alegaciones de la oposición

La Comisión Municipal de Patrimonio, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València dado este martes luz verde de manera provisional a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de València tras rechazar las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición (Compromís y PSPV), que entre otras medidas pedían que se adelantasen las restricciones a los coches más contaminantes y que se ampliase el perímetro más allá de las rondas. El equipo de gobierno defiende que se mantengan los límites fijados en las rondas exteriores que dejan fuera a los Poblats Maritims y a los barrios periféricos. Según el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, la ZBE de València pretende poner unas limitaciones que cumplan el "principio de proporcionalidad" que no pongan en riesgo las actividades económicas y teniendo en cuenta, asegura, que los parámetros de calidad de aire de la ciudad que no superan, salvo excepciones, los valores límite fijados por el decreto que regula la ZBE.

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Compromís ha propuesto adelantar un año las multas a los propietarios de vehículos sin etiqueta, aquellos matriculados antes del años 2000 en el caso de vehículos de gasolina y matriculados antes de 2006 para los de gasoil. “Entendemos que prohibir el acceso de los vehículos sin etiqueta de fuera de la ciudad y de la propia ciudad en 11 y 23 meses, respectivamente, no es razonable ni prudente. Ha de proporcionarse un plazo de transición suficiente para adaptar los hábitos y promover una transición ordenada en el cambio de vehículos por varios motivos”, ha argumentado Carbonell.

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"Los usuarios con vehículos más contaminantes son los que menos recursos económicos tienen y, en segundo lugar, porque en un contexto post-dana que ha tensionado social económicamente el área metropolitana en su conjunto, los ciudadanos están preocupados por recuperar su equilibrio económico tras haber perdido viviendas, vehículos, negocios o empleos y no sólo en el caso de vecinos de los municipios afectados por la dana, sino también vecinos de otros municipios con vínculos directos con negocios o empleo en los municipios directamente afectados”, aduce Carbonell.

El concejal de Movilidad insiste en que la intención del gobierno municipal es que “la aplicación de esta normativa estatal en la ciudad no penalice a las rentas más bajas, y para ello hemos impulsado diferentes medidas”. “El Ayuntamiento aprobará un nuevo título de la EMT, de carácter gratuito para las personas afectadas por las restricciones de movilidad, válido por dos años de plazo o hasta la compra de un vehículo, dentro de ese plazo”, ha añadido.

Circunvalar la ZBE

El responsable de Movilidad del equipo de gobierno municipal ha insistido en que “la propuesta de Cormpromís y PSOE de incluir los barrios de Sant Marcel·lí, Sant Isidre o el Marítim en la ZBE desoye las directrices del propio Ministerio, que recomienda fijar fronteras conocidas por la ciudadanía como por ejemplo mediante vías importantes como las avenidas de ronda o circunvalación para permitir a los vehículos que lleguen al perímetro de la ZBE continuar circulando sin acceder a la ZBE”. El ayuntamiento mantendrá así los límites fijados inicialmente aunque apunta que es monitorizarán los niveles de contaminación y tráfico en la zona adyacente a la ZBE.

“De haber incluido los barrios citados los conductores no podrían circunvalar el perímetro provocando la imposición de sanciones por causa de un mal diseño”, ha advertido el concejal de Movilidad. Carbonell ha aclarado que “se ha seleccionado el anillo perimetral de las rondas de la ciudad para garantizar que se pueda circunvalar la ciudad sin acceder a la misma. También se ha tenido en cuenta que la mayoría de hospitales de referencia están fuera del perímetro (La Fe, Hospital General…)”.

En relación con la propuesta socialista de prohibir el acceso de vehículos etiqueta B de fuera de la ciudad, Carbonell justifica el rechazo porque "podría vulnerar el principio de igualdad y, por tanto, ser susceptible de impugnación, una ordenanza que estableciera prohibiciones a la carta, es decir, que se prohíba a los vehículos etiqueta B de fuera de la ciudad pero se permita a los de la propia ciudad". El gobierno local ha optado por "establecer plazos diferentes de implantación según la domiciliación porque la adaptación de unos y otros no es igual de exigente, que es lo que hemos hecho nosotros”.

Acceso de los vehículos etiqueta B

Por otro lado, Carbonell ha remarcado que “si además de prohibir el acceso a los vehículos etiqueta A se prohibiera el acceso a los vehículos etiqueta B se estaría prohibiendo circular al 52,6% del parque móvil registrado en la ciudad y al 58% del registrado en la provincia (excluida la ciudad)”. Y de acuerdo con diversos pronunciamientos judiciales en relación con las ZBE de Madrid y Barcelona, “las medidas han de ser proporcionadas y lo menos restrictivas posibles para la actividad económica, motivo por el cual la ordenanza podría ser anulada en los términos que propone la oposición teniendo en cuenta que los niveles de contaminación de Valencia no exigen medidas tan drásticas”.

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Para Carbonell, "comparar las exigencias de la ZBE de Madrid con la de València es desconocer la situación de partida de una y otra ciudad". "Madrid y Barcelona incumplían la normativa de calidad del aire y Valencia no”, apunta. Precisamente por ello, ya en julio de 2019 la Comisión Europea remitió al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento reiterado de los límites legales previstos por la normativa europea tanto en Madrid como en el Área de Barcelona y Vallès-Baix Llobregat.

Por ese motivo, Carbonell ha afirmado que “tanto Madrid como Barcelona llevan años aplicando sus respectivas ZBE y establecieron plazos prudentes de aplicación de las mismas. Pretender obviar plazos suficientes de implantación en València haciendo la ficción de que la calidad del aire en València es comparable con la de Madrid y Barcelona y olvidando que esas ciudades aplicaron sus normativas de forma paulatina es hacer un flaco favor a la verdad y a los intereses de los ciudadanos”.

Para concluir, el concejal de Movilidad ha manifestado que “la oposición tiene obsesión por la prohibición, cuando la implantación de la ZBE no trata sólo de limitar accesos, sino también de implantar medidas en favor de la movilidad sostenible y el impulso de vehículos limpios”. Y en esta dirección, ha destacado Carbonell, “el gobierno de la alcaldesa María José Catalá pondrá en marcha títulos gratuitos de transporte para los afectados por las prohibiciones de acceso y se está impulsado un plan inversor de 172 millones para la EMT, entre otras medidas”.