La Generalitat revisará la ley de apartamentos turísticos para corregir posibles disfunciones

La proliferación sin aparente control de apartamentos turísticos en los barrios de las ciudades está obligando a las administraciones públicas a diseñar ordenanzas y decretos que ordenen este negocio en expansión, a fin de no mermar la dotación de viviendas residenciales y, sobre todo, la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Estas regulaciones se ven sometidas a un test de estrés constante —los propietarios buscan resquicios para seguir abriendo pisos legales e ilegales— y sus autores se ven obligados a actualizar las normas a fin de que no queden rezagadas.

Tal como publicó Levante-EMV ayer, algunos caseros parecen haber encontrado en València uno de estos resquicios para explotar turísticamente viviendas completas sin demasiadas limitaciones. En concreto, decenas de anfitriones han empezado a anunciar sus pisos en la plataforma Airbnb bajo la fórmula del arrendamiento de temporada, después de que la Conselleria de Turismo modificara la norma y pasara a considerar apartamentos turísticos solo aquellos que se alquilan por diez días o menos. A partir de ahí, cuando la estancia es de 11 noches, el alquiler se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un cambio que permite alquilar apartamentos sin licencia turística en plantas superiores.  

Un cambio en la ley autonómica favorece la avalancha de pisos turísticos en València

En todo caso, desde la citada conselleria recuerdan que todo aquel alquiler que no sea considerado turístico conlleva características propias, como la necesidad de entregar una fianza correspondiente a un mes del arrendamiento. Y sobre las decenas de pisos ofrecidos en Airbnb con un rango de días considerado de temporada aseguran desconocer a qué se debe, pero han recordado que, en caso de detectar un fraude, este tipo de prácticas se exponen a una sanción. La multa podría ser de 10.000 a 100.000 euros, según el caso.

Las mismas fuentes explican no obstante que la normativa autonómica de apartamentos turísticos, aprobada bajo el mandato de Nuria Montes, ya ha tenido suficiente recorrido para pasar su particular ITV. “La ley se aprobó en agosto. Ahora que lleva un tiempo en funcionamiento vamos a revisarlo todo, ver si existe algún tipo de disfunción y actuar en consecuencia”, señalan. 

Juan Giner: "Las multas a los apartamentos ilegales superarán los 100.000 euros"

Asimismo, en la conselleria cuentan que están teniendo reuniones constantes con el sector y los ayuntamientos y uno de los aspectos de la regulación que más discrepancias genera es, precisamente, la limitación temporal específica en cuanto a la duración de las estancias. “Según donde estemos nos exigen mantener esos 10 días, ampliarlos o reducirlos. Vemos opiniones muy contradictorias, depende mucho de la ciudad”, apuntan en Turismo. Y añaden que están abiertos a estudiar la norma de pisos turísticos para que no se base exclusivamente en la duración de la estancia. Los juristas consultados por este periódico proponen restringir la recurrencia de contratos distintos o exigir que el arrendamiento de temporada documente el motivo del alquiler: estudios, trabajo, tratamiento médico, etc. 

Baja de 34.000 viviendas turísticas

Actualmente, los técnicos del gobierno autonómico se encuentran en pleno proceso de depuración del registro de viviendas turísticas de Turisme Comunitat Valenciana, y han iniciado el expediente para dar de baja más de 34.000 VUTs que carecen de documentación como el NIF o el certificado de compatibilidad urbanística. Se espera que este proceso culmine antes de Semana Santa. 

La nueva ley de viviendas turísticas de la Comunitat Valenciana introduce novedades importantes dentro de la regulación de este tipo de alojamiento turístico. Además de fijar en 10 días el alquiler vacacional, contempla la posibilidad de ceder las competencias de sanción y recaudación de las viviendas turísticas a los ayuntamientos —algo que València ya está reclamando—, aumenta hasta los 600.000 euros las multas por incumplimientos muy graves, facilita el desalojo de inquilinos considerados molestos y obliga a los propietarios a certificar que no existe un veto por parte de la comunidad de propietarios a las viviendas de uso turístico. 

Asimismo, la cesión de competencias a los consistorios se tramitará a través de un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y provincias (FVMP), firmado en la pasada edición de la feria internacional de turismo de Madrid (Fitur) por los ayuntamientos de València, Alicante, Castellón, Benidorm, Elche y Torrevieja. El único requisito es contar con una unidad específica de la Policía Local.