La concesionaria del Balneario de Alameda demanda al ayuntamiento por resolver el contrato
El gerente alega que el mutismo administrativo le impidió abrir un hotel que le hubiera permitido relanzar el establecimiento y pagar la deuda por la que finalmente suspendieron su negocio
Fachada principal del balneario de la Alameda, de titularidad municipal y gestión privada / Fernando Bustamante
La concesionaria del Balnearo de la Alameda ha demandado al Ayuntamiento de València por resolver el contrato a mediados de 2024 —tras varios años de inactividad a raíz de un supuesto brote de legionela— en base a tres incumplimientos de contrato: no haber elevado a escritura pública el acuerdo de concesión; no haber constituido la garantía para la ejecución del contrato público; y, la más importante, haber impagado el canon anual de la concesión durante cuatro años, arrastrando una deuda de más de 450.000 euros, según cifró el ayuntamiento al echar a la concesionaria.
Sin embargo, la mercantil Balneario la Alameda 2016 ha llevado el caso al juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de València al entender que los incumplimientos señalados son, en realidad, imputables a la administración. Por un lado, alega que el acuerdo en realidad sí fue elevado a escritura pública. Por otro, esgrime que solicitó subrogarse en el aval de la concesionaria anterior sin que el ayuntamiento contestara y que este ejecutó dicho aval sin notificación, cometiendo varios «defectos de forma».
Finalmente, la concesionaria explica en el escrito que los primeros años pactó con el ayuntamiento —mediante acuerdo verbal— una moratoria del canon y después presentó hasta en tres ocasiones solicitudes para modificar el contrato con base al reequilibrio económico, dado que en la primera fase ya apreció dificultades para alcanzar beneficios en el spa urbano de la calle Amadeu de Savoia.
Una de las solicitudes contemplaba hacer un hotel-balneario y en se aporta como prueba un informe favorable por parte del ayuntamiento, que nunca llegó a resolver. El demandante excusa su impago por el silencio administrativo que le impidió reimpulsar su negocio y exige una indemnización millonaria a la que renunciará, dice el escrito, con tal de recuperar las llaves de su negocio.
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