El gobierno municipal de PP y Vox apuesta por la convivencia del taxi con las VTC

El pleno municipal de València ha arrancado, en su sesión de febrero, con el debate sobre la regulación de las VTC en la ciudad –Uber o Cabify– después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulara varios artículos de la ordenanza con la que Compromís y PSPV restringieron la actividad en la ciudad. 

Una vez se ha dado cuenta de la sentencia, el representante de la Federación sindical del taxi, Fernando del Molino, ha recordado que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres deja claro que las VTC solo están habilitadas para hacer transporte interurbano, con lo que cualquier otro vehículo que quiera operar dentro de la ciudad debería concurrir en concurso público. “El taxi es patrimonio de València, si hay que hacer algo será mejorar la regulación y no buscar un atajo que favorece a cuatro empresas y perjudica al ciudadano”, ha pedido el representante sindical. 

Por su parte, desde la oposición, la socialista María Pérez ha interpelado al concejal popular de Movilidad para que aclare cuál es su modelo en esta cuestión, habida cuenta del desequilibrio existente entre un sector regulado y unas plataformas que operan con mayor flexibilidad. Pérez ha reconocido que la ordenanza no tenía encaje, de forma que corresponde modificarla, pero ha insistido: “En 2018 el PP decía que lanzaba una propuesta conjunta con el taxi para regular las VTC. Entonces estaban en la oposición. Ahora que son gobierno, ¿cómo van a regularlo?”. 

El Supremo tumba la regulación de las VTC que hizo el gobierno de Ribó

En la misma línea, la concejala de Compromís Gloria Tello ha redundado en el “intrusismo y la competencia desleal” que practican compañías como Uber y Cabify en las grandes ciudades, y ha recordado que el taxi está catalogado como servicio público y en València da de comer a más de 4.000 familias. Del mismo modo, la valencianista ha defendido las limitaciones impuestas bajo su mandato a las citadas compañías, tales como el establecimiento de una hora mínima que había de transcurrir desde la reserva del vehículo con conductor hasta la prestación del servicio, la prohibición de estacionar en vía pública o la obligatoriedad de tener la clasificación ambiental cero emisiones de la DGT.

Finalmente, el concejal Jesús Carbonel ha lamentado que sucesivas sentencias hayan tachado la ordenanza del Rialto de discriminatoria y contraria a la libertad de empresa, de forma que, según ha explicado, no cabría tropezar con el mismo bache. “No podemos llevar una regulación en la ordenanza que sean los mismos perros con distintos collares. Correspondía al Estado dictar una regulación homogénea y en lugar de eso Ábalos delegó la competencia en las comunidades autónomas. Nosotros estamos a favor de que convivan ambos modelos”, ha atajado Carbonell tendiendo puentes entre el taxi y las VTC.