Los vecinos de València exigen corregir la ley de pisos turísticos ante la "trampa de los 11 días"

La Federación de Asociaciones Vecinales de València se ha hecho eco de la noticia publicada por Levante-EMV el pasado sábado sobre la proliferación de apartamentos turísticos alquilados con estancias mínimas de 11 días –aprovechando el cambio introducido en la ley autonómica, que desde agosto considera como piso turístico solo aquello que se alquila por 10 días o menos– y ha exigido modificar de urgencia el reglamento de la Generalitat para incluir bajo su mismo paraguas el alquiler ocasional por temporada. 

En concreto, los vecinos explican que dicho alquiler de temporada, tanto si se trata de 10 días como si es de tres mes, está asentado jurídicamente como actividad terciaria hotelera, por lo que debe contemplarse su uso incompatible en los edificios residenciales y exigírsele igualmente la licencia. 

En la actualidad, acogiéndose al cambio normativo, decenas de propietarios han sacado a plataformas como Airbnb pisos que a todas luces son turísticos pese a situarse en terceras y cuartas plantas de fincas residenciales. Gracias al criterio temporal estas viviendas alquiladas por 11 días o más se rigen ahora por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), más laxa. Basta con pedir depósito y firmar un contrato. 

Un cambio en la ley autonómica favorece la avalancha de pisos turísticos en València

«La FAAVV ya advirtió de las lagunas de la nueva normativa autonómica sobre pisos turísticos. Ahora se pone en evidencia que en lugar de ser una norma que ofrece herramientas a los ayuntamientos para gestionar la oferta del alojamiento turístico y proteger la vivienda residencial, en realidad les pone palos en las ruedas. En lugar de proponer límites claros a la actividad y asumir la responsabilidad de inspeccionar y sancionar crean un sinfín de supuestos ambiguos y contradictorios», lamentan en la federación de asociaciones vecinales sobre la «trampa de los 11 días». 

Catalogar como alojamiento turístico solo las estancias de menos de 10 días, según los vecinos, es mantener en la alegalidad los contratos por temporada y dificultar la labor inspectora de los ayuntamientos. «La norma debe cambiarse porque no ayuda a contener la amenaza de los pisos turísticos contra el alquiler residencial y crea confusión e inseguridad jurídica sobre lo que es legal o no», añaden las mismas fuentes. 

En ese sentido, desde la federación denuncian que el problema de la saturación de apartamentos turísticos sigue creciendo en València, el alquiler residencial por habitaciones se generaliza, se encarece el precio de la vivienda y se degrada la convivencia. «Tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia deberían centrar sus esfuerzos en recuperar vivienda residencial y revertir la fuga de miles de pisos del mercado del alquiler a la oferta por temporada. Como vemos esta norma va en sentido contrario», concluyen sobre uno de los peligros de la modificación normativa: que los pisos de alquiler estable se reconviertan al estacional en un contexto de oferta escasa e inaccesible. 

Debate sobre la limitación temporal

Consultados por la práctica de de alquilar pisos turísticos bajo la fórmula del arrendamiento de temporada, en la Conselleria de Turismo aseguran desconocer a qué se debe, pero han recordado que, en caso de detectar un fraude, este tipo de prácticas se exponen a una sanción. La multa podría ser de 10.000 a 100.000 euros, según el caso.

Las mismas fuentes explican no obstante que la normativa autonómica de apartamentos turísticos, aprobada bajo el mandato de Nuria Montes, ya ha tenido suficiente recorrido para pasar su particular ITV. «La ley se aprobó en agosto. Ahora que lleva un tiempo en funcionamiento vamos a revisarlo todo, ver si existe algún tipo de disfunción y actuar en consecuencia», señalan. 

Finalmente, en la conselleria especifican que están teniendo reuniones constantes con el sector y los ayuntamientos y uno de los aspectos de la regulación más debatidos es, precisamente, la limitación temporal en cuanto a la duración de las estancias. «Según donde estemos nos exigen mantener esos 10 días, ampliarlos o reducirlos. En las Vemos opiniones muy contradictorias entre las ciudades», apuntan. Y añaden que están dispuestos a estudiar el problemático artículo 65 de su norma para ampliar la definición de piso turístico y contemplar criterios como la rotación de inquilinos.