El ayuntamiento anula el contrato de las Rocas del Corpus otorgado a una empresa de fertilizantes

El secretario ha emitido una resolución en la que declara nula la adjudicación porque la empresa carece de capacidad técnica para hacer un informe sobre el estado patrimonial de los carros

Además, la citada resolución concluye que la mercantil trató de cambiar su objeto social para hacer el encargo, después de que le adjudicasen el contrato

Pere Fuset, de Compromís, reveló esta extraña adjudicación y amenazó con ir a los tribunales

Exposición de las Rocas del Corpus en la plaza de la Virgen.

Exposición de las Rocas del Corpus en la plaza de la Virgen. / José Manuel López

José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

El concejal de Compromís per València Pere Fuset ha revelado hoy que el gobierno municipal formado por PP y Vox ha anulado el contrato adjudicado a la empresa Edypro Fertilizantes, SL para la realización de unos informes sobre el estado patrimonial de las Roques del Corpus. La decisión llega tras la petición de informe jurídico realizada por Compromís, que alertó de "las irregularidades en la adjudicación de este contrato menor a una empresa sin experiencia en conservación de patrimonio", recuerda el regidor Pere Fuset, que denunció la adjudicación de este contrato a una empresa sin capacidad técnica para efectuar este encargo con solvencia técnica. Esta información fue publicada por el diario Levante-EMV.

La resolución, fechada el 25 de febrero de 2025, está firmada por el secretario municipal Holario Llavador y por la concejala de fiestas Mónica Gil, de Vox, cuya delegación adjudicó el citado contrato, por un importe de 2.990 euros, a solo diez euros del límite legal para solicitar varios presupuestos. Este encargo "fue concedido a dedo a una empresa dedicada a la fabricación de fertilizantes, sin acreditación en restauración de bienes culturales", recuerda el concejal Pere Fuset.

Tal como ha confirmado el propio Ayuntamiento de València en su resolución del 26 de febrero, la empresa adjudicataria carecía de la habilitación profesional necesaria en el momento de la adjudicación. Edypro Fertilizantes S.L. intentó modificar su objeto social después de haber recibido el contrato, añadiendo la restauración de obras de arte y carruajes. "Pero la irregularidad, señalada también en el informe del Secretario municipal datado en la misma fecha, ha llevado a la nulidad del contrato en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público", advierte Fuset que insiste en llevar este asunto a los tribunales por un delito de presunta prevaricación.

La resolución del secretario es clara y resuelve: "Declarar la nulidad del contrato de servicio de redacción de un informe técnico en materia de infraestructuras, sobre el estado de conservación de los carruajes de las Rocas del Corpus Christi adjudicado por resolución núm. 66 de 3 de febrero de 2025, por falta de capacidad de obrar de la empresa Edypro Fertilizantes, S.L. para dar cumplimiento al objeto del contrato en el momento de su adjudicación y proceder a su resolución". 

Pere Fuset.

Pere Fuset. / Francisco Calabuig

El secretario constata que se quiso cambiar el objeto social

Y efectivamente, el habilitado nacional recoge en su escrito que se intentó cambiar el objeto social de la mercantil, a posteriori cuando ya se le había encargado el trabajo y pese a que había aportado una declaración responsable donde decía que sí podía hacerlo.

"No obstante, -dice la resolución- al tener conocimiento de la posible falta de adecuación del objeto social de la empresa Edypro Fertilizantes, S.L. con el objeto del contrato, se procedió a la concesión del preceptivo trámite de audiencia regulado en el artículo 109 Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para que presentara cuantas alegaciones estime oportunas por cualquier medio válido en derecho". Todo ello, relata el secretario "pese a la presentación de la correspondiente declaración responsable por parte de la empresa Edypro Fertilizantes, S.L., en la que se afirmaba que contaba con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación en el momento de la adjudicación del contrato".

Por su parte, Vicente Puchol Boil, en calidad de representante legal de la empresa, presentó alegaciones en las que relataba "su experiencia familiar en la reparación de carros" pero reconocía que, el objeto social de la empresa "no abarca el objeto del contrato adjudicado". Asimismo, el apoderado de la firma presentó ante el ayuntamiento "la modificación de la escritura con núm. de protocolo 341, de fecha14 de febrero de 2025, firmada ante el notario Luís Manuel Mata Rabasa, en la que se modifica el objeto social".

“Constituye su objeto social -subrayaba el referido cambio de objeto social- a partir del presente otorgamiento la actividad de fabricación y venta de fertilizantes. Intervención en actividades paisajísticas, promoción, construcción, compraventa de inmuebles, restauración de obras de arte y antigüedades y restauración de carruajes de caballos, carruajes, tapices y conservación de obras de arte”.

"No obstante, se escrituró en fecha 14 de febrero de 2025, con fecha posterior a la adjudicación del contrato (3 de febrero de 2025)", concluye la resolución decretando la nulidad del contrato.

"Fue una grave irresponsabilidad", dice Fuset

El concejal de Compromís Pere Fuset ha valorado la anulación como "una decisión lógica tras una grave irresponsabilidad que puso en riesgo un patrimonio con siglos de historia". Sin embargo, ha advertido que "aún queda por esclarecer por qué la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, decidió adjudicar a dedo y sin considerar otras opciones un encargo tan delicado a una empresa sin experiencia en patrimonio teniendo informes profesionales en el cajón".

Desde que se hizo público el contrato, Compromís ha trasladado su preocupación a diversas instituciones "para alertar sobre el riesgo que corren las Roques del Corpus, un Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio festivo valenciano". Así, los valencianistas enviaron escritos a la Dirección General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, al Consell Valencià de Cultura y al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) "denunciando la falta de un plan serio de restauración y la adjudicación de informes a una empresa sin acreditación en conservación".

Fuset ha señalado que el gobierno presidido por María José Catalá "está actuando con una negligencia absoluta, a pesar de contar con informes técnicos que conocían antes incluso de coger la vara de mando". Además, ha denunciado que han preferido "encargar un informe no cualificado a medida antes que asumir las conclusiones del estudio riguroso de la Universitat Politècnica de València, que ya alertaba de la necesidad de una intervención urgente que han paralizado". El concejal valencianista sospecha que la intención "era desacreditar esos informes profesionales para ahorrarse una restauración contra la que PP y Vox han votado en diversas ocasiones”. 

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