Carol, Alejandro y Gema quieren comprar tu casa, ¿pero quiénes son?

La ciudad de València y los municipios del área metropolitana se han llenado de carteles con caligrafía manuscrita que urgen a vender tu casa. Estos papeles se buzonean o se colocan estratégicamente en fachadas de edificios residenciales ubicados en barrios pujantes, con atractivo para el inversor, algo que podría decirse ahora mismo de casi cada barrio de la ciudad. 

Los anuncios siguen un mismo patrón: “Compro piso en la zona. Solo atiendo a particulares. No importa estado ni ascensor”, dice un cartel. “Necesito comprar piso por la zona. Me llamo Carol”, señala otro anuncio con número de teléfono. “Buenos días, me pongo en contacto con usted porque estoy interesada en su piso y me gustaría hacerle una oferta sin compromiso. Por favor, llámame y hablamos”, dice en confianza Victoria. “Compro piso cualquier zona pago al contado”, señala con redacción telegráfica una tal Gema. “Estoy muy interesado en su piso y me gustaría hacerle una oferta cuanto antes”, apremia Alejandro, ávido de negocio. 

Los mensajes son escuetos y parecen escritos a rotulador en una hoja de libreta. Dan a entender que están escritos por un particular. Desde la plataforma vecinal de la Mataobras cuentan que cada vez hay más gente arrancando estos carteles y preguntando cómo pueden denunciar en sus ayuntamientos, ya sea en València o sus respectivos pueblos. Pero, ¿quiénes son Carol, Alejandro o Gema y por qué tienen tantas ganas de comprarte el piso? 

Al otro lado de esos teléfonos hay –mayoritariamente– intermediarios que conectan al vendedor de una vivienda con posibles inversores. Basta llamar a unos cuantos anuncios para comprobar que todos, aquí también, siguen un mismo patrón: se trata de agencias o inmobiliarias de València y alrededores que o bien compran ellas mismas los pisos para ofrecerlos en Idealista o se los remiten a terceras empresas para que amplíen sus carteras de activos. 

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Una vez se les llama van de frente. El dueño de un anuncio explica por ejemplo que es asesor hotelero y se dedica a comprar edificios y captar viviendas para sus clientes. Últimamente busca más en Alboraia. Otra dice que tiene una amplia cartera de inversores grandes y familias particulares que podrían estar interesadas en la vivienda, sea cual sea el barrio. Normalmente pagan al contado. “Ellos pueden permitírselo. Ya sabes que los particulares no tenemos esa capacidad”, señala un intermediario sin revelar para quién trabaja. 

Una inmobiliaria de Xirivella sí lo cuenta abiertamente. En el anuncio asegura que se llama Lucía y que compra piso en cualquier zona. Al contado. Luego, por teléfono, explicará que trabaja para un grupo de inversión llamado Macc Group. La inmobiliaria hace la visita, graba un tour virtual y se lo manda a los inversores para que decidan si les interesa. Estos tardan entre tres y cuatro días en hacer una oferta. 

Publicidad engañosa y encubierta

Preguntado por esta práctica, el asesor jurídico especializado en publicidad Miquel Hernández Évole, del despacho Alonso / Évole, explica que los carteles de este tipo, más allá de la hostilidad que genera recibir spam inmobiliario cada día en casa, incurrirían en cuatro infracciones diferentes. Por un lado, sería publicidad engañosa y encubierta, entendiendo como tal aquella que induce a error a sus destinatarios sobre la verdadera identidad del anunciante y/o naturaleza del anuncio. En este caso, el propietario puede creer que está tratando con un particular cuando, en realidad, se trata de una agencia o un inversor. Además, esta práctica constituye publicidad encubierta, ya que el mensaje aparenta ser personal y espontáneo, cuando en realidad responde a una estrategia comercial. 

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Por otro lado, aunque el propietario de un inmueble no siempre es considerado consumidor en sentido estricto, la normativa protege los derechos de los usuarios en cualquier práctica comercial donde exista un desequilibrio en la información. Ocultar la verdadera identidad del comprador vulnera el principio de transparencia y buena fe, afectando la capacidad del vendedor para tomar una decisión informada sobre la venta de su propiedad. El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones económicas, cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción.

Competencia desleal

Asimismo, según el asesor jurídico, desde el punto de vista de la competencia, esta práctica confiere una ventaja injusta a las agencias inmobiliarias que actúan de manera poco transparente en comparación con aquellas que cumplen la normativa y se publicitan de forma clara. Los actos de engaño, confusión y omisión de información esencial están sancionados por la ley y pueden dar lugar a reclamaciones por parte de otras agencias inmobiliarias, propietarios y asociaciones de consumidores. En algunos casos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio de la empresa infractora.

Finalmente, un aspecto clave a considerar es el tratamiento de los datos personales que los propietarios facilitan al contactar con estos anuncios. Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), cuando estos datos se recopilan con fines comerciales, es obligatorio informar de manera clara sobre su uso y obtener el consentimiento, de forma previa al contacto, del interesado. 

Falta de sanciones disuasorias

En ese sentido, la OCU ya ha advertido que estos carteles deben considerarse publicidad engañosa, y por tanto ilegal, puesto que se imprimen y distribuyen de forma masiva, lo que refuerza su carácter comercial y se oculta la verdadera naturaleza del servicio. “A pesar de lo expuesto, estas prácticas persisten debido a la falta de fiscalización y la dificultad de prueba, la rápida retirada de los anuncios y la escasez de denuncias dificultan la actuación de las autoridades. La baja percepción del riesgo y la falta de sanciones disuasorias también juegan un papel clave”, señala el experto. 

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“En conclusión, anunciarse para comprar viviendas no es ilegal en sí mismo, pero sí lo es cuando se oculta la identidad del anunciante real y se induce a error. Para los propietarios que encuentren estos carteles, se recomienda siempre verificar la identidad del anunciante antes de proporcionar datos personales o información sobre su vivienda, evitando posibles fraudes o usos indebidos de información”, cierra el asesor.