El TSJ confirma que el ayuntamiento no debe pagar 50 millones por Tabacalera

Una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado que el Ayuntamiento de València no tendrá que pagar 50 millones a Inmobiliaria Guadalmedina SA (IGSA) en concepto de indemnización por el fallido plan urbanístico de Tabacalera y ha condenado al consistorio a resarcir con una mínima cantidad económica a la citada promotora.

El fallo del TSJ, fechado el pasado 4 de marzo, atiende parcialmente el recurso instado por IGSA por la vía de lo contencioso-administrativo. La promotora exigió una reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de València por el convenio urbanístico suscrito entre la mercantil y el consistorio.

València evita el doble pago de 50 millones por la Tabacalera

La Sala reconoce a la empresa su derecho «a que le sean abonados por parte del Ayuntamiento de València los intereses legales de la cantidad de 6.755.760,72 euros, desde la fecha en que fue abonada por la recurrente, y hasta la fecha de su reintegro por el Ayuntamiento, y en consecuencia condenar al Ayuntamiento a su pago». Esto es, el consistorio de València, en tiempos de Joan Ribó, ya consignó una cantidad de 6,75 millones y se la abonó a IGSA como compensación por el PAI anulado por la justicia, y como compensación a los derechos adquiridos que tenía y que no pudo ejercer."

Pues bien, ahora el TSJ-CV dictamina que además de esos 6,75 millones ya pagados, el consistorio tiene que pagarle a la mercantil una cantidad más, en concepto de los intereses que ha dejado de percibir la empresa.

La cantidad resultante no será millonaria, según ha confirmado el concejal de Urbanismo Juan Giner. Unos miles de euros o unos cientos de miles de euros, cantidad muy lejana a los 50 millones que empezó reclamando la empresa al principio del litigio con la administración local. Ahora bien, el Servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de València está realizando un informe que dictaminará la cantidad exacta que se tiene que entregar a Guadalmedina por esta nueva sentencia.

Juan Giner calificó de «buena noticia para los valencianos» esta sentencia del TSJ pues más allá «de pagar los intereses de demora» el Ayuntamiento de València no tendrá que hacer frente a más responsabilidad patrimonial. «Se descarta esa indemnización de 50 millones y todo el plan de Tabacalera queda confirmado». Esta sentencia del TSJ podría ser recurrida ante el Supremo pero existen escasas posibilidades de que pueda ser admitida a trámite, apunta Giner, porque el Supremo ya dictaminó sobre el fondo de este asunto en octubre del año pasado, y también dio la razón al consistorio.

Dos procedimientos judiciales en paralelo

En realidad estamos ante dos procedimientos judiciales que han abordado la misma cuestión de fondo, pero que han discurrido en paralelo.

En el primero de los procedimientos, el Supremo, hace 6 meses, rechazó la admisión a trámite del recurso interpuesto por IGSA para reclamar al Ayuntamiento de València el pago de 50 millones de euros por la antigua fábrica de la Tabacalera, permutada hace casi dos décadas con la promotora y convertida hoy en sede de distintas concejalías y servicios municipales. Esta operación urbanística fue anulada por especulativa en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia, y ratificada más tarde por el Supremo. Se trata de un episodio más en el embrollo de la controvertida operación urbanística impulsada en época de Rita Barberá.

Para dar cumplimiento a la sentencia, que llegó con diez años de retraso cuando ya estaba media operación urbanística ejecutada, el Ayuntamiento de València acudió a una operación de regularización, vía modificación del planeamiento urbanístico.

Fue precisamente el gobierno progresista de Compromís y PSPV, que en su día calificó la permuta como «pelotazo histórico», el que aprobó, con apoyo del PP y Ciudadanos, la modificación del PGOU que hizo posible regularizar la situación de la fábrica y actual ayuntamiento; y de las viviendas construidas en Micer Mascó y Plaza de América tras la permuta. El gobierno municipal alegó entonces que los derribos eran inejecutables porque el 70 % de las viviendas ya estaban vendidas y la Tabacalera se transformó en un nuevo ayuntamiento.

La modificación propuesta del planeamiento incluía el traslado de la edificabilidad sobrante de Guadalmedina en la manzana de la fábrica al entorno de la avenida de Francia, traslado que fue objeto de un recurso judicial por parte de los vecinos afectados del barrio de la Penya-roja a quienes los tribunales dieron la razón. El ayuntamiento se vio obligado a renunciar al traslado mencionado de edificabilidad no consumida por Guadalmedina, que por su parte siempre mantuvo abierto el frente judicial para exigir indemnizaciones al ayuntamiento.

En octubre de 2020, vecinos y ayuntamiento llegaron a un acuerdo extrajudicial por el cual el ayuntamiento renunció a trasladar la edificabilidad sin consumir en Micer Mascó al barrio de la Penya-roja y a cambio los vecinos retiraban sus recursos judiciales. El consistorio asumía así el pago de una indemnización a Gualdalmedina por la edificabilidad sin consumir en Micer Mascó, esos 6,75 millones de los que ahora el ayuntamiento deberá pagar los intereses también.

Aval jurídico para Tabacalera

Guadalmedina no quedó conforme y reclamó 50 millones de euros al ayuntamiento; 37, por la fábrica en ejecución de sentencia; y los 13 millones pagados en su día al ayuntamiento por la recalificación de los terrenos de Micer Mascó donde ya no podrá construir. En paralelo, avanzó el litigio en el TSJ, por la reclamación patrimonial que pedía IGSA.

El alto tribunal autonómico ha fallado después del Supremo, pero en una línea parecida a la sentencia del tribunal estatal. Como explica Juan Giner esta sentencia de marzo, confirma lo juzgado por el Supremo,y parece poner fin a un larguísimo litigio judicial. Con ello, ofrece seguridad jurídica a Tabacalera y su entorno.