El PP justifica con datos de intervenciones de la policía la nueva oficina antiocupas de València

El portavoz del gobierno del PP, Juan Carlos Caballero, ha facilitado esta mañana, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno en la que se ha aprobado a instancias de una mocion del concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, la creación de la oficina municipal antiocupación de València, datos para justificar la puesta en marcha de esta "ventanilla única" de la policía local que centralizará las denuncias de propietarios y comunidades de vecinos con problemas de ocupación ilegal. Se trata ha dicho Caballero de un problema "real y creciente" según dejan ver las cifras de intervenciones de la policía local relacionadas con casos de ocupación ilegal facilitadas este viernes por el equipo de gobierno. En 2023, la policía realizó 796 intervenciones por ocupación, en 2024 fueron 810 y en lo que va de año se ha intervenido ya en144 casos de ocupación.

"Es un problema creciente y real y no podemos quedarnos cruzados de brazos", ha recalcado Caballero, que no ha podido dar cifras de viviendas realmente ocupadas en la ciudad. El ayuntamiento, ha admitido, no dispone de ese dato. Son cifras que maneja la Policía Nacional y la Delegación de Gobierno, ha asegurado.

El portavoz del gobierno local también ha explicado que los datos del infobarómetro municipal destacan que los particulares no alquilan sus viviendas por temor a que los inquilinos morosos. Uno de cada cuatro encuestados asegura que no arrienda su propiedad por temor a la ocupación. Con la creación de la oficina, asegura Caballero, "se dará seguridad jurídica a los particulares", apunta el portavoz del gobierno de Mª José Catalá.

Caballero ha explicado que las intervenciones son por casos de ocupación ilegal y que puede haber algunas que se refieran a un mismo caso. Lo que, a su juicio, demuestran los datos de la policía, es que "ha habido un crecimiento". "Sean las que sean hay que actuar porque están detrayendo vivienda del mercado regular", ha abundado.  "Queremos que haya un mercado regular del alquiler", ha apostillado el concejal popular. La idea es "ponernos a disposición de la ciudadanía para proteger a los propietarios a quienes le han entrado en su vivienda de una patada en la puerta o que teniéndola en alquiler le han dejado de pagar".

Sobre las competencias que tiene el ayuntamiento a la hora de actuar contra la ocupación Caballero explicó que se pondrán en marcha acciones administrativas para ayudar a los propietarios a recuperar su vivienda y facilitar que se celebren los juicios rápidos por desahucio. Se trata, de prestar "asesoramiento técnico o jurídico", ha dicho.

La mocion impulsora de la oficina antiocupación, donde tampoco se concretan cifras de ocupación real en València, destaca que el objetivo es "frenar el eventual ascenso de estas ocupaciones y proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos". Alude el texto a los datos de criminalidad del Ministerio del Interior que "ponen de manifiesto un incremento en el año 2024, respeto al año 2023, tanto de los delitos de allanamiento como del de usurpación". En la provincia de Valencia, ámbito territorial mínimo respecto al que el portal de criminalidad se ha pasado de 823 hechos delictivos en 2023, a 876 hechos en el año 2024, lo que implica un aumento del 6,43%.

Juicios rápidos en 15 días

"Esta tendencia al alza en los delitos de allanamiento y usurpación de viviendas requiere de la adopción de medidas tendentes a frenar dicha tendencia, medidas que desde el ámbito municipal deben tender a facilitar la operatividad de la reforma aprobada en el Congreso de los Diputados el 14 de noviembre de 2024, que entrará en vigor el próximo día 3 de abril, y que permite tramitar mediante juicios rápidos los delitos de allanamiento de morada y usurpación, mediante la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con la modificación legal los delitos de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) y usurpación (artículo 245 del Código Penal) quedarán entre aquellos otros que se resolverán a través de esta modalidad de juicio rápido, de forma un propietario que sufra un problema de este tipo podrá tener una resolución en menos de 15 días desde la presentación de la correspondiente denuncia.

La moción impulsora aprobada este viernes explica que para la puesta en marcha de la Oficina Antiocupación de València se utilizará la infraestructura tanto material como personal de la recientemente creada Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local de València, "cuerpo que por su experiencia, labor desarrollada en este ámbito, y capacidad de mediación, ofrece las mayores garantías para contribuir a una respuesta más eficaz frente a la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad de València".

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Oficina fantasma

Compromís por su parte ha vuelto a denunciar este viernes que la oficina antiocupas creada por Catalá "no tiene ninguna utilidad real y solo busca generar alarma social y fomentar el discurso ultra de Vox, aliado de Catalá en el gobierno municipal". El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha señalado que "esta oficina no sirve para nada, porque los procedimientos legales contra las ocupaciones ilegales ya están claramente regulados y las instituciones ya actúan cuando se denuncia una ocupación. No hace falta sembrar la desprotección ni crear una falsa sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad".

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Compromís recuerda que la prioridad del gobierno municipal "debería ser poner en marcha medidas efectivas para garantizar un acceso digno a la vivienda, y eso pasa necesariamente por limitar los precios del alquiler". "Los jóvenes y las familias valencianas no pueden pagar los precios abusivos del mercado, mientras el gobierno de Catalá mira hacia otro lado. Si realmente quisiera solucionar el problema de la vivienda, implementaría medidas valientes para regular el precio de los alquileres y evitar la especulación, en lugar de malgastar recursos en una oficina fantasma innecesaria", ha afirmado Puchades.

"Lo que necesita València no es una oficina que no servirá para nada, sino mantener la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que en estos años ha atendido a más de 5.000 personas al año y que el gobierno del PP ha decidido eliminar sin ninguna justificación", ha recordado Puchades.