Las familias con problemas por el precio del alquiler en València quintuplican a las okupas

En el último barómetro del Ayuntamiento de València sobre la percepción de los vecinos de su propia ciudad, con una muestra de más de 2.300 personas, la dificultad para acceder a una vivienda destacaba como principal preocupación por encima de la limpieza o los apartamentos turísticos. Pero no solo es una inquietud. Los precios de alquiler y compra suponen un problema material grave para muchas familias afincadas en València e incapaces de hacer frente a semejante gasto. 

La Oficina por el Derecho a la Vivienda elaboró a finales de 2024 un informe anual donde radiografiaba la situación de las nuevas unidades de convivencia atendidas en ese periodo, normalmente familias con derecho a justicia gratuita por su bajo nivel de ingresos o personas inmersas en procesos judiciales relacionados con la vivienda, como la okupación o la morosidad (impago del alquiler). La oficina atendió hasta octubre de 2024 a 5.374 familias en total; 1.194 nuevos hogares en el periodo de estudio. 

De estos, la oficina municipal hace una clasificación por tipo de problemática. Las principales causas por las cuales las unidades de convivencia se dirigen al servicio están relacionadas con el alquiler, casi el 60% del total. De ellas, un 34 % (406 familias) acudieron por la finalización de sus contratos y la subida de precios o la transferencia de estas viviendas a otras tipologías o tenencias como el turismo o los fondos de inversión. 

Los impagos o peligro de impago de las rentas suponen el 21 % del total de la oficina, circunstancia ocasionada por la pérdida de ingresos repentina unido a rentas de alquiler que superan el 30 % de los ingresos familiares mensuales. El informe dice sobre la morosidad que los alquileres altos no otorgan margen de actuación. Finalmente, en el mismo grupo se encuadran los conflictos con el propietario o las cláusulas del contrato (4 %).  

El segundo bloque reseñable tiene que ver con lo que el estudio «situación irregular de la vivienda». Aunque matiza que no responde íntegramente a la problemática de la okupación, sí lo hace de manera mayoritariamente: el 10% de las familias atendidas en la oficina municipal okupan viviendas. Esto supone un descenso del 6 % respecto a los dos años anteriores. Además, los técnicos del servicio han constatado —a través de las entrevistas— que quienes usurpan viviendas «no desean esta situación, e incluso llegan a avergonzarse de la misma». 

Y añaden en su informe: «Alrededor del 70% de estos casos se alojan en viviendas de entidades jurídicas, sobre todo bancarias y fondos de inversión. Por lo tanto, solo un 30% (el 3,10% de las familias usuarios del servicio), habitan en viviendas de personas físicas. Dentro de esa cifra de viviendas, estimamos que la mayor parte son de grandes tenedores (10 o más viviendas)».  

El resto de porcentajes de la tabla de actuaciones se reparten entre los impagos o el peligro de impago de la hipoteca, los conflictos con la comunidad de vecinos o los domicilios inadecuados por falta de habitabilidad. 

Viaje al infierno de los alquileres baratos en València

Cabe recordar que el Ayuntamiento de València ha anunciado la creación de una oficina antiokupación para, entre otras cosas, proporcionar seguridad a los propietarios que mantienen sus viviendas vacías por miedo a la usurpación. La capital tiene 37.000 viviendas vacías, el 9 % del parque residencial. ¿Guarda relación directa la proporción de pisos vacíos y la escalada de precios? En 2011, con 47.000 casas vacías en València, un alquiler en Patraix o la Saïdia, por ejemplo, costaba menos de la mitad. 

Respecto a la dimensión del problema, si bien es cierto que —tal como se ha dicho— las okupaciones pueden tener cierto impacto para las entidades bancarias y fondos de inversión, los datos demuestran que las okupaciones ilegales de pisos de particulares son las menos. En la provincia de València existen 1,4 millones de viviendas familiares y el año pasado hubo 111 procedimientos verbales posesorios por por okupación ilegal de viviendas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Esto supone una usurpación por cada 12.600 viviendas a nivel provincial, que es el ámbito territorial mínimo con datos actualizados.

Finalmente, volviendo al informe, en cuanto a la ubicación prevalente de las familias más golpeadas por los precios del alquier y la consiguiente falta de acceso a la vivienda en València, el recurso municipal atendió entre 2023 y finales de 2024 a familias, por este orden, de: l’Olivereta, Quatre Carreres, Jesús, Camins al Grau, Rascanya, Patraix, Benicalap y Saidïa. 

Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que el gobierno municipal «alimente el alarmismo social con la oficina antiokupas para tapar el desmantelamiento de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que ha servido para evitar desahucios, mediar en problemas entre inquilinos y propietarios o reubicar a familias que se habían quedado sin vivienda». El contrato de la adjudicataria de este servicio caduca en septiembre de 2025 y no será renovado.