Cermi exige una zona de bajas emisiones que garantice los derechos de las personas con discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento de València sendos documentos de alegaciones referentes a la propuesta de Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y al Proyecto técnico que la sustenta.

Estos documentos, fruto de un análisis "detallado" desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, tienen como objetivo principal garantizar que la implementación de la ZBE en València sea "plenamente inclusiva" y "no genere nuevas barreras para este colectivo", ha informado la entidad en un comunicado.

El CERMI CV, si bien comparte la necesidad de adoptar medidas para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático, ha advertido de que éstas "no pueden implementarse a costa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como el derecho a la movilidad personal, la autonomía y la inclusión social", reconocidos tanto en la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que insta explícitamente a fomentar la accesibilidad universal.

Las alegaciones presentadas por el CERMI CV abordan numerosos aspectos tanto de la Ordenanza como del Proyecto ZBE, destacando algunas preocupaciones y propuestas como el hecho de que ve "insuficiente" la limitación actual a un solo vehículo por tarjeta de estacionamiento PMR. "Muchas PMR dependen de diversos vehículos (familiares, cuidadores, asistentes personales) para sus desplazamientos esenciales", ha indicado.

El CERMI CV propone permitir el registro de múltiples vehículos o vincular la exención a la persona titular y crear mecanismos "ágiles" para accesos puntuales adicionales necesarios y justificados.

Así mismo, exige que todos los procedimientos (registro, solicitudes), la información (campañas, web municipal) y los canales de atención ciudadana (telefónico, presencial, telemático) sean plenamente accesibles según la normativa vigente, incluyendo formatos como lectura fácil, lengua de signos, y atención a la brecha digital con canales no digitales robustos.

Por otro lado, se pide que se valore la exención, caso por caso, de vehículos técnicamente "contaminantes" pero que sean imprescindibles por adaptaciones específicas para PMR con necesidades complejas, si su sustitución es inviable.

Así mismo, se insta a incluir la consulta preceptiva y la participación activa del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y entidades como el CERMI CV en el seguimiento, revisión y modificación futura de la ZBE y sus anexos, garantizando que la perspectiva de la discapacidad sea considerada en todo momento.

Por otra parte, se critica que los documentos no analizan suficientemente el impacto específico sobre las personas con discapacidad como grupo vulnerable, ni la interseccionalidad (discapacidad con género, edad, renta). Se pide profundizar en estos análisis y en las medidas compensatorias para PMR con bajos ingresos dependientes del vehículo privado.

Además, se propone añadir indicadores que midan directamente la experiencia de movilidad de las PMR dentro de la ZBE y la eficacia de la gestión de sus excepciones; y se señala la necesidad de formación específica para la Policía Local sobre la normativa ZBE aplicada a PMR, y de buscar la interoperabilidad con ZBE de otras ciudades para facilitar los desplazamientos.

Por otra parte, se reclama un compromiso explícito para vincular la ZBE con la mejora efectiva y potenciada del transporte público accesible como alternativa real.