Policía Local de València: Herrera busca fórmulas legales para prorrogar su jubilación hasta los 67 años

El jefe de la Policía Local de València José Vicente Herrera está explorando fórmulas jurídicas que le permitan continuar al frente del cargo pese a que el próximo 28 de abril está obligado a jubilarse por ley ya que cumplirá los 65 años. Según han confirmado diversas fuentes a Levante-EMV, Herrera quiere que el Ayuntamiento de València le prorrogue su jubilación hasta los 67 años.

De hecho, manejaría una sentencia del TSJ de Catalunya, favorable a sus intereses, sobre un Mosso d'Escuadra que permitió alargar su retirada del servicio durante un tiempo añadido. También está a la espera de que los tribunales decidan sobre el caso del jefe de la Policía Local de Xàtiva Jefe Antonio Collado quien no se jubiló cuando le tocaba por edad, con el apoyo del alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y avalado por un informe jurídico externo al consistorio sebatense. Aunque Collado ya se ha jubilado y se despidió del servicio en febrero, la resolución de alcaldía para mantenerlo en el cargo está recurrida por la vía de lo contencioso-administrativo tanto por CCOO como por el Spplb. El asunto sigue pendiente de sentencia.

Con todo, Herrera tendría decidido presentar un escrito en alcaldía para solicitar formalmente que se le retrase la fecha de jubilación. Este informe deberá ser informado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València, que tendrán que dar el visto bueno, es decir, emitir una resolución denegando a admitiendo esta posibilidad. Confía en que la jurisprudencia del TSJ catalán y la sentencia sobre Collado, cuando salga, le proporcionen más argumentos legales para poder seguir al frente de la Policía Local de València.

Mientra todo esto ocurre, la alcaldesa María José Catalá no se ha pronunciado en público sobre la sucesión de Herrera y no ha anunciado todavía quién será su sustituto. Fuentes de toda solvencia han señalado a este diario que la ausencia de relevo al frente de esta institución ha provocado un clima de malestar entre los agentes y también entre los mandos policiales. Por ejemplo, el jefe Herrera tiene su equipo de confianza ligado a la jefatura, que trabaja con él desde hace años, y se entiende que si se nombra a otro intendente principal traerá su propio equipo lo que provocará cambios en la estructura del primer y segundo escalafón del cuerpo. Estos cambios generan incertidumbres en los agentes y los mandos que pudieran verse afectados.

Paralelamente, la mayor parte de la plantilla, y especialmente, la cúpula policial, confirman a este periódico distintas fuentes, ven con malos ojos que la alcaldesa María José Catalá opte por traer a alguien de fuera para dirigir la Policía Local. De hecho, si se optase por esta fórmula de nombrar a algún jefe en comisión de servicio, alguien que venga de otra ciudad, como el jefe de la Policía Local de Elche César Augusto Zaragoza Fernández, esta opción disgustaría mucho tanto a agentes como a mandos.

"Para los comisarios del cuerpo sería un desprecio", confirmaba un alto mando a este diario, además de que podría provocar un conflicto interno aún más grave del que ya existe por generar una rebelión, en algunas comisarías. De hecho, cualquier jefe externo a la Policía Local de València, si finalmente aterriza en el cuartel de la Avenida del Cid, encontrará un colectivo de cientos de personas, con un funcionamiento y organización internos consolidados desde hace años y que desconoce. Amén de no conocer la propia ciudad y sus características, añaden estas fuentes por mucho que se opte por alguien de la Comunitat Valenciana o incluso del área metropolitana.

Compromís pide que se aparte a los jefes investigados

Así las cosas, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha reclamado a la alcaldesa que aparte ya a los comisarios y mandos implicados en causas judiciales por el proceso para promocionar a comisario principal, que se celebró en octubre de 2023, y que ha acabado en un contencioso administrativo y en una investigación penal abierta contra el propio Herrera.

Según ha señalado el concejal Ferran Puchades, “desde el inicio del procedimiento para constituir la bolsa de Comisario Principal, se han detectado numerosas irregularidades que cuestionan la legalidad y la imparcialidad del proceso”. Puchades ha subrayado que el propio tribunal "ha reconocido, que se pusieron notas antes de recibir algunos trabajos, lo que refuerza las denuncias formuladas por aspirantes y sindicatos desde hace meses".

Este periódico ha venido informando puntualmente de este contencioso-administrativo y de las dos querellas penales interpuestas por dos comisarios Benjamín Lara y Javier Genovés, que fueron suspendidos en este proceso interno donde fueron aprobados los jefes Fernando Lasheras, Eladio Barber, Fernando Giménez Oñate y Eduardo Russu. De hecho, los tres primeros fueron promocionados a comisarios principales y tienen este rango de forma provisional, no en propiedad.

Puchades ha recordado que este conflicto en la cúpula policial ha llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción, "que está actuando en el procedimiento y ha requerido documentación al Ayuntamiento". No obstante, la Jefatura de la Policía Local, apunta el regidor de Compromís, "ha dificultado la colaboración con la justicia, remitiendo documentación incompleta y provocando la apertura de una pieza separada para investigar esta actitud obstruccionista".

Además, Compromís denuncia que ni el Comisario Principal en Jefe, José Vicente Herrera, ni otros candidatos supuestamente beneficiados por el proceso, "han sido objeto de expedientes disciplinarios, a pesar de estar bajo investigación penal, como se aplica habitualmente a cualquier agente implicado en una causa judicial".

Para el grupo valencianista, el gobierno municipal de PP y Vox "ha actuado con una clara voluntad de controlar políticamente la dirección de la Policía Local. Ante los indicios de manipulación, exigimos a la alcaldesa que suspenda el proceso y colabore plenamente con la justicia”, ha afirmado Puchades.

Compromís ya advirtió en 2023 que, si los tribunales anulaban el proceso, "se pedirían responsabilidades políticas". Ahora, este grupo municipal reafirma que el concejal Jesús Carbonell "debe asumir consecuencias políticas si se confirma la ilegalidad del procedimiento".