València aprueba un plan de ajuste para reconducir el gasto

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha propuesto este viernes la adopción de un Plan Económico y Financiero al objeto de cumplir la regla de gasto en 2025 y 2026. El plan de ajuste llega después del informe del Interventor General del Ayuntamiento de València sobre cumplimiento de los principios de Estabilidad Presupuestaria de marzo pasado que advertía de que en 2024 se ha superado en más de 52 millones el umbral de gasto y el ayuntamiento debería someterse a un plan de ajuste financiero. El informe señalaba al mismo tiempo que el problema del gasto es coyuntural y no estructural y podía reconducirse con otras medidas que no son necesariamente un plan de ajuste. Sin embargo, según ha explicado la concejala de Hacienda, Mª José Ferrer San Segundo los criterios del Ministerio de Hacienda acaban de cambiar y si obligan a aprobar un plan de ajuste económico-financiero.

Según ha explicado la concejala de Hacienda, el Ministerio de Hacienda publicó el 10 de mayo de 2024 que siempre que la entidad local cierre en una posición de equilibrio o superávit, como ha sido el caso de València, en términos de contabilidad nacional no sería necesaria la aprobación de un plan económico-financiero. Atendiendo a dichas magnitudes, “de haber seguido el Ministerio el criterio que indicó en marzo de 2024, aunque en dicho ejercicio el gasto computable haya superado en 52,4 millones el límite establecido, no resultaría necesaria la aprobación de un plan económico-financiero”, ha señalado Ferrer San Segundo.

San Segundo asegura que la deuda se ha reducido desde los 232 millones heredados hasta los 142,9 millones al cierre del 2024, ha logrado cerrar el ejercicio con un superávit en términos de contabilidad nacional de 102,3 millones de euros, cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria”.

Sin embargo, "tras desdecirse el Ministerio de lo que había manifestado por escrito, con la publicación en marzo de 2025 de una nueva respuesta distinta y contradictoria, en la que manifiesta que“las entidades locales liquidan el ejercicio 2024 con déficit o incumplen la regla de gasto, deberán aprobar un Plan económico-financiero". Siguiendo el criterio de la Intervención General Municipal; la Junta de Gobierno Local ha propuesto elevar al pleno la aprobación de un Plan Económico-Financiero que,con todo, no precisa la adopción de medidas adicionales, más allá de vigilar las modificaciones del presupuesto que incrementen el gasto y hacer seguimiento de la ejecución.

Tal y como ha apuntado la también primera tenienta de Alcaldía, “se trata, en todo caso, y lo dice muy claro el Interventor General Municipal en su informe, de una ‘situación de carácter no estructural’. Es decir, una cuestión puramente coyuntural que no obedece a haber rebasado el límite del gasto (el gasto computable se ha incrementado 2,599%, por debajo de la tasa de referencia fijada en el 2,6%), sino a haber aplicado la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento, dejando más dinero en el bolsillo de los vecinos y comerciantes de Valencia sin aplicar recortes”.

Justificado por la rebaja fiscal y la dana

En este sentido, Ferrer San Segundo ha justificado el exceso de gasto a la rebaja fiscal que aplicó el equipo de gobierno de María José Catalá en 2024 que "benefició al 99% de los vecinos y comerciantes con una rebaja del 20% en el IBI, la ampliación de bonificaciones a familias numerosas, la práctica desaparición de la plusvalía entre familiares directos, y la rebaja del impuesto de vehículos y la tasa de alcantarillado”.

Ya resueltos

Según la edil, los menores ingresos en 52,44 millones de euros han sido resueltos ya en el presupuesto del 2025 y los informes del Interventor indican expresamente que se cumple con la regla de gasto.

Además, de la rebaja fisca entre los gastos del año 2024 están, como apunta el informe del Servicio Financiero, se incluyen desembolsos no previstos como consecuencia de la dana por más de 23 millones de euros, que este gobierno municipal ha atendido con prontitud en tanto se dilataba la llegada del dinero por parte del Gobierno de España; así como tener que hacernos cargo en 2024 del pago de 5,5 millones por atrasos de personal devengados en los ejercicios 2022 y 2023, que el anterior gobierno dejó sin atender”.