El deficitario contrato de la grúa ya le ha costado 5,2 millones a los valencianos

El deficitario contrato de la grúa municipal, que entró en vigor en agosto de 2022, con Joan Ribó como alcalde; y que continúa hoy vigente, con María José Catalá, como alcaldesa, se ha convertido en un agujero negro que se traga cada año más de 2 millones de euros. Las cifras oficiales del Ayuntamiento de València no conducen a error. Según afirma el concejal de Movilidad Jesús Carbonell este contrato lo otorgó el equipo de Compromís y PSPV en 2022, por un montante de 4,5 millones, para dos años. Y posteriormente, desde agosto de 2024 se puede prorrogar por períodos de un año, hasta 2027 como máximo. El desfase entre los ingresos provenientes de las multas a los vehículos que se retiran de la vía pública por estar mal estacionados y el canon anual que percibe la adjudicataria por sus servicios, viene arrojando un saldo anual a favor de la empresa de 1,8 millones desde 2022 y 2023, que se ha convertido en 2024, en 2,2 millones.

El resultado es que desde mediados de agosto de 2022 a 2024, en apenas 3 años, se ha producido un saldo favorable para la empresa de las grúas superior a 5,2 millones, o lo que es lo mismo, un dinero que los valencianos han pagado a un tercero y que no redunda en la ciudad. Lo peor es que si se sigue con esta tónica y no se actúa, entre 2025 y 2027, ejercicios en los que la contrata se va renovando de forma potestiva y anualmente, el déficit se va a seguir engordando, al menos en 6,6 millones de euros.

Tanto el PP, ahora en el gobierno municipal, como Compromís y PSPV, que estuvieron antes, se culpan de haber producido este agujero económico. Para Carbonell, esta contrata es deficitaria para las arcas municipales «desde el minuto cero» ya que en el segundo semestre de 2022, con Compromís y Giuseppe Grezzi en la concejalía de Movilidad «ya se dejaron de ingresar 933.857 euros respecto a lo que se había calculado que se iba a recaudar».

Carbonell: "El contrato lo hizo la izquierda y es deficitario desde el minuto 1"

En 2023, todo el ejercicio arrojó otro descuadre de 2,1 millones, según datos aportados por Carbonell. En el primer semestre, el gobierno municipal aún estaba formado por Compromís y PSPV, y como afirma el popular Carbonell, «ya se generó un déficit de 918.000 euros». El resto hasta los 2,1 millones citados, sería achacable al nuevo gobierno muicipal de PP y Vox, ya en el segundo trimestre. Y en 2024, se ha vuelto a registrar un agujero de 2,2 millones ya con populares y voxistas al cargo.

El contrato con la adjudicataria, Trans-Asistencia de la Chica, ya fue prorrogado en agosto de 2024 por un año y finaliza en pocos meses. Todo apunta a que se va a prorrogar para 2026 y 2027, tal como establecen los pliegos. «Fueron Compromís y PSOE los que realizaron y adjudicaron esta licitación, que ahora critican», señala Carbonell. Ahora bien, preguntado si se plantea suspender el contrato o tratar de sacar una nueva licitación con vistas al año que viene o a 2026, Carbonell rechaza esta posibilidad.

Y solo se plantea para la futura licitación, modificar las bases técnicas y plantear medidas correctoras para que no haya tanta diferencia entre lo recaudado por los enganches de vehículos y lo que se lleva la empresa por contrato. Una vía sería, comenta Carbonell, imponer a la adjudicataria una garantía de ingresos superior a los enganches realizados para poder jugar con los márgenes de beneficio de la empresa y evitar esos descuadres en los ingresos. También, apunta el regidor del PP, se podría poner un canon variable en lugar de un canon fijo. En todo caso, Carbonell niega que haya una orden de María José Catalá y de él mismo, de no retirar vehículos de la calle, es decir, de que la grúa actué menos en la ciudad.

Grezzi: «Es un atraco a la ciudadanía»

Por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha denunciado justamente esto. Recientemente, Grezzi advirtió que «la aparente orden del gobierno municipal de PP y Vox a los agentes de la Policía Local de no sancionar a los vehículos que estacionan en aceras y calles peatonales a pesar de las quejas y denuncias vecinales, obliga a la ciudad a compensar con 2,2 millones a la grúa por servicios no realizados».

Grezzi recordó que en 2024 el ayuntamiento ingresó poco más de 2,3 millones por las entradas de vehículos, mientras que el importe anual al que se ha obligado el consistorio por contrato con la concesionaria asciende a más de 4,5 millones anuales. «Que los valencianos tengamos que perder 2,2 millones de euros es un escándalo, un atraco a la ciudadanía. Ya lo sería si se debiera a un error de cálculo de los funcionarios que hicieron el contrato» pero en realidad lo achaca a una decisión política de Catalá.

María Pérez: «Política pro-coche de Catalá»

Por último, la concejala del Grupo Municipal Socialista María Pérez también ha denunciado que la permisividad de María José Catalá con las infracciones de tráfico tiene como consecuencia que se han perdonado «3,2 millones de euros a los infractores» lo que ha supuesto «una reducción de 18 por ciento en la recaudación por infracciones de la ordenanza de circulación». Esta cifra surge del total de multas que el consistorio tiene derecho a reclamar.

En concreto, explicó que en 2023 se impusieron sanciones por 29,3 millones y en 2024 se redujeron a 26 millones, lo que supone una reducción del 11 % de las multas impuestas. «Los vecinos de la ciudad llevan denunciando desde hace casi dos años la permisividad del gobierno de María José Catalá con las infracciones de tráfico y de mal aparcamiento en la mayoría de los barrios y los datos de multas de este 2024 confirman esta nueva realidad», afirmaba. En este sentido, recordaba que en este tiempo «también se han apagado en varias ocasiones las cámaras de Ciutat Vella dejando de multar a quien accede sin permiso, se han reducido los horarios de vigilancia en las zonas de estacionamiento para residentes, permitiendo que se pueda aparcar sin permiso y se han planteado una Zona de Bajos Emisiones (ZBE) de mínimos».

«Está claro de que la política procoche de la María José Catala no es una buena noticia para la salud de los valencianos, ni para la movilidad, ya que todas estas medidas han ido acompañadas de un incremento de trafico situándonos en el top 100 de ciudades congestionadas del mundo», concluía Pérez.