El pulso de una vecina de Ciutat Vella con un fondo de inversión: "No paran de acosarme"

Susa Plaza lleva tres años habitando un edificio fantasma en el barrio de Ciutat Vella, enfrente del mercado de Mossén Sorell. Es la última superviviente de un proceso de expulsión vecinal iniciado en 2021, después de que un fondo de inversión francés comprara el inmueble a un multipropietario de València y fuera uno por uno extinguiendo los contratos de alquiler de una veintena de personas, normalmente con indemnizaciones de hasta 30.000 euros. Susa resistió, pero ya no puede más. Su casa se ha llenado de cajas y maletas.  

Algunos recuerdos, no obstante, permanecen en su sitio. Como la foto en blanco y negro de su abuela asomada a la baranda del balcón. «Mi abuela vino de Enguera en los años 20 porque un sastre y una modista le dieron trabajo y una habitación en este piso. Era buena pantalonera. Más tarde sus jefes se mudaron a otra zona más pudiente dejando aquí a mis abuelos, que compartían con otras familias. En el piso nació mi madre con sus dos hermanas y nacimos la siguiente generación». Son 105 años echando raíces en suelo hidráulico. 

El alquiler de la vivienda fue pasando de mano en mano y Susa terminó asumiendo su titularidad en 1999 tras actualizar la renta antigua y pactar un contrato de 30 años. En teoría tenía atado el piso hasta 2029. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2020, los arrendatarios de los pisos y los locales comerciales recibieron una carta donde se comunicaba la venta del edificio residencial de la calle Sogueros -de 1850- a una sociedad mercantil. En principio las condiciones pactadas en los contratos de arrendamiento se mantenían «inalteradas», pero el 14 de mayo de 2021 volvieron a recibir una carta informando sobre unas obras de rehabilitación que obligaban a desalojar la finca. 

Ante la amenaza de ruina inminente y una posible intervención de los bomberos, pese a las protestas de los colectivos como ‘Veïnat En Perill d’Extinció’, los vecinos fueron dejando libres sus casas -grandes, bonitas, típicas del barrio-, pero Susa aguantó en el piso de su abuela, de su madre, de sus hermanas. No tenía ni tiene alternativa habitacional. Su única propiedad es un taller de diseño y patronaje situado a 200 metros de casa. A sus 60 años lleva 40 de profesión siguiendo con la tradición familiar. Empezó haciendo ropa «ochentera» y en el 93 entró en el Grupo Sáez Merino como patronista. Ahora trabaja por libre. En los últimos días anda de cabeza arreglando el hábito de unas monjas y lidiando, de nuevo, con el fondo de inversión. 

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«En febrero me volvieron a llamar para preguntarme cuánto pedía de indemnización. Les hice una oferta y no les pareció bien. Mientras tanto han estado meses haciendo obras conmigo dentro. Han puesto un tubo de desescombro en la fachada delantera. Han hecho catas en el piso de arriba. Han tirado las paredes de varias casas. Han plantado un andamio en la fachada trasera. Entran y salen en una finca que han abandonado a su suerte, sin un solo arreglo. No paran de presionar y acosarme», relata Susa. Hace un mes recibió una última carta donde le decían que, de no aceptar la indemnización por la resolución de su contrato, la empresa cuenta con la pertinente licencia y dentro de las obras a realizar, la fachada interior será demolida y rehecha, «lo que supondrá que su vivienda quede a la intemperie». En la misma carta hablan del riesgo de inestabilidad estructural del edificio. Y dicen que darán traslado a los bomberos a la vista del informe de riesgo «por si ellos deciden el desalojo».  

"No puedo más"

La misma fórmula que emplearon en 2021. La alerta de colapso. Según le decían, si no aceptaba firmar un contrato de derecho a retorno o resolutorio con indemnización, la sacarían los bomberos. «Llevo mucho tiempo aguantando las presiones, viviendo en un edificio sin vecinos, soportando el ruido de las obras permanentes, llamando a la policía, sintiéndome amedrentada. No puedo más. Al final me quedé con el dinero. El 15 de mayo tengo que estar fuera». Susa ha perdido el pulso.

La diseñadora y patronista de Ciutat Vella sabe que ha de mudarse a la periferia y dejar Ciutat Vella atrás. «Aquí ya es imposible vivir. Están vendiendo el barrio a trozos». Por su parte, el fondo francés con múltiples proyectos de hoteles y residencias repartidos por el centro y el Marítim ya ha empezado a vender uno de los pisos del edificio en portales inmobiliarios. Piden 420.000 euros por la vivienda de 180 metros sin reformar. El piso se entregará terminado, libre de cargas y raíces en agosto de 2025.