El estudio de 17.000 euros y 28 diapositivas que se cuela en la investigación a Badenas

El concejal de Vox hizo un contrato negociado con tres empresas para adjudicar una encuesta sobre empleo que acabó preguntando por la dana

El concejal de Vox Juan Manuel Badenas a la salida del pleno municipal

El concejal de Vox Juan Manuel Badenas a la salida del pleno municipal / Rober Solsona/Europa Press

Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

Entre los contratos firmados por Juan Manuel Badenas que han llevado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a registrar el despacho del Interventor, la sede de Valencia Activa y dependencias del Edificio de Tabacalera, figura un estudio encargado por la concejalía de Empleo del Ayuntamiento de València a la empresa de consultoría Target Point SL para analizar, a priori, el empleo y la conciliación laboral en la ciudad.

En concreto, la concejalía de Empleo y Formación impulsó bajo el mandato de Badenas una moción para realizar un estudio cualitativo que perseguía dos objetivos. Por un lado, "identificar los factores que determinan una experiencia laboral satisfactoria o deficiente". Por otro lado, más ambicioso aún, obtener una radiografía profunda que permitiera "tomar decisiones informadas y diseñar nuevas políticas públicas que mejoren tanto la calidad del empleo como las oportunidades de conciliación".

Algo aparentemente anodino llamó sin embargo la atención del PSPV, y el 8 de abril dirigió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción explicando que para el estudio se había invitado a tres empresas, dos de las cuales comparten los mismos socios, la citada Target Point y Electocracia Análisis y Mercados SL, mientras que la tercera tercera tiene como administrador único a una persona que habría mostrado abiertamente su amistad con un asesor del grupo municipal de Vox. No solo eso. Las tres empresas se dedicarían a ofrecer servicios a partidos políticos y, principalmente, al diseño y coordinación de campañas electorales y comunicación política, nada que ver con el tema para el que fueron requeridas.

Después de que las tres firmas ofrecieran un presupuesto cercano al máximo previsto legalmente para los contratos menores –dos de ellas con estructura y redacción casi idéntica–, la concejalía de Badenas se decantó por la propuesta de Target Point SL y cambió el objeto del estudio para preguntar por la «nueva realidad socioeconómica y laboral provocada tras la dana». Todo ello sin solicitar nuevas ofertas ni presupuestos, siempre según la denuncia del portavoz socialista Borja Sanjuán.

El resultado es un documento de 28 diapositivas –12 de ellas son fotografías– adjudicado por un importe de 16.879 euros y elaborado a partir de tres grupos de discusión online con 7-8 participantes, donde se habla de limpieza, infraestructuras, turismo o colegios; cuestiones todas ellas que excedían y exceden las competencias de Juan Manuel Badenas al frente de Empleo.

Consulta aquí el estudio encargado por la concejalía de Empleo

Consulta aquí el estudio encargado por la concejalía de Empleo

Consulta aquí el estudio encargado por la concejalía de Empleo

Más al detalle, el informe comienza explicando que "Valencia estaba triste" y que "la gente llegó a tener sentimiento de culpabilidad por el cauce nuevo del río", que permitió "a muchos valencianos vivir en una burbuja". Continúa indicando que había "una indignación muy grande por la falta de profesionalidad de los políticos". Y añade que "los medios de comunicación no dieron una versión real de la situación". "Están politizados y buscaban el enfrentamiento de los ciudadanos", asegura.

Entre los problemas, el estudio identificaba la falta de ayuda por parte de los organismos públicos, la falta de limpieza y adecuación de las calles o los garajes, la carencia de recursos básicos como agua potable o medicinas, el caos en el transporte, la escasa disponibilidad en los centros escolares o el cierre de comercios locales. En los apartados realmente dedicados al empleo y la conciliación se explica que llegar al puesto de trabajo suponía el doble de tiempo y que en las empresas privadas la conciliación era más complicada. Finalmente, tras desglosar las necesidades de los colectivos afectados, el estudio entra a valorar el turismo en la ciudad –"Una valencia para los valencianos", recoge una cita– y aporta brevemente las necesidades de futuro, como profesionalizar la política u ofrecer viviendas dignas.

El escrito presentado a la Fiscalía por los socialistas recuerda que, en los contratos menores cuyo valor estimado sea superior a los 3.000 €, la ley obliga a que los servicios gestores soliciten al menos tres ofertas. Además, en todos los expedientes de contratación menor las empresas deben presentar una declaración responsable de que no han presentado ninguna otra oferta por sí mismas o por empresas vinculadas, al objeto de que el procedimiento de contratación no pueda dar lugar a ninguna conducta colusoria. 

Al respecto, Borja Sanjuan manifestaba que la conclusión es que “el contrato tenía que salir sí o sí" y el resultado es un PowerPoint con textos que "podría haber redactado cualquier persona que hubiera leído dos noticias en los últimos meses”. Un trabajo, añadía, que "no aporta ninguna información más allá de algunas opiniones personales y comentarios de barra de bar".  Por tanto, apuntaba, se pueden dar dos situaciones: que "a Juan Manuel Badenas le hayan tomado el pelo, o que desde el área de empleo se esté contratando con empresas de marketing y asesoría política, falseando contratos públicos para que presuntamente ofrezcan sus servicios de asesoría política pagado con el dinero público del servicio de empleo", acusaba el socialista.

Contratos con empresas afines

La Fiscalía investiga en total cuatro contratos vinculados a Badenas, tres de ellos con empresas presuntamente afines a su partido. El citado estudio; una adjudicación a la editorial Dos Mil Palabras S.L –Ok Diario– que el edil de Vox aprovechó para arremeter contra el Gobierno de Sánchez; y dos acuerdos de patrocinio y organización de evento con la mercantil Puro Bienestar S.L, empresa que según los socialistas estaría ligada a una persona que aparece en grabaciones hablando con Badenas de espionaje a sus rivales políticos. 

En concreto, siempre según los audios del digital The Objective y la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal, Badenas «llegó a proponer contratar a una empresa para que revisara todos los expedientes de la Fundación Valencia Activa en busca de material que pudiera utilizar como «munición» frente a los dirigentes del Grupo Municipal Socialista y Compromís». Para la contratación de los espías desde la Fundación Valencia Activa, el voxista habría propuesto "formalizar un contrato menor por importe de 15.000 euros que justificaría –falsamente– con un trabajo para mejorar la eficiencia en la administración".

Tras la reunión donde se propone buscar "artillería" contra la oposición, la denuncia hace constar que Puro Bienestar S.L recibió dos contratos menores: uno de 16.940 euros (IVA incluido) para el patrocinio de un evento de bienestar bajo el título ‘Gestión del Bienestar Emocional en la Organizaciones, Impacto presente y futuro’, y otro por la realización de unas "Jornadas de emprendimiento para ofrecer, transmitir y divulgar al ciudadano una cultura de valores y esfuerzo por un lado así como cultura de emprendimiento, salud y bienestar», valorado en 17.787 euros, de nuevo en forma de contrato menor. 

Presunto amaño de una adjudicación

Por último, en el marco de la investigación aparece la adjudicación que desencadenó la expulsión de Badenas de su partido y del gobierno municipal. El 28 de febrero, la portavoz del grupo municipal de Compromís, Papi Robles, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción unos hechos que involucraban a Badenas, a dos cargos de la Fundación Valencia Activa y a otros dos responsables del Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Instituto Imedes, SL).

En el escrito se cuestionaba –en base a las filtraciones publicadas por The Objective– la licitación de un contrato para el diseño de campañas de comunicación que visibilizaran las acciones de Valencia Activa. Según la información y la posterior denuncia, el director de comunicación de Imedes habría entregado en el ayuntamiento un documento de propuesta de licitación que incluía en los metadatos una modificación realizada por él mismo. A partir de aquí, los denunciantes deducen que, presuntamente, el director de comunicación habría participado directamente en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas y, por tanto, tendría conocimiento previo de las características de la licitación que su empresa terminó adjudicándose.

El escrito de Compromís ahonda en los detalles y relata que el 30 de junio de 2024 Badenas reconocía negociaciones previas con la empresa adjudicataria seis días antes de firmar la correspondiente resolución de adjudicación, y meses antes de la formalización del contrato. En los audios difundidos se escucha a Badenas decir: "Lo que necesitamos es una agencia de comunicación que luego… en los periódicos que a nosotros nos interesa, metamos lo que nos interesa. No hay más intríngulis en esto. Es finalmente controlar a la agencia para que salga en los medios que a nosotros nos interesa, que son los que favorecen nuestras ideas".

Salida y vuelta al gobierno municipal

La publicación de las grabaciones motivó una investigación cautelar de Vox a Badenas y su posterior expulsión del gobierno municipal, circunstancia que le obligó a continuar temporalmente en el ayuntamiento como miembro No Adscrito. Días después, la también voxista Cecilia Herrero decidió seguir los pasos de su pareja y abandonar la militancia del partido, complicando así la gobernabilidad de la tercera ciudad de España: la oposición pasaba a tener más representantes (16 en total, 9 de Compromís y 7 del PSPV) que la suma del Partido Popular (13 concejales) con los dos supervivientes en Vox.

Durante semanas se abrió una brecha entre los conservadores, agravada por las declaraciones del nuevo portavoz de Vox, José Gosábez, decidido a no gobernar "con tránsfugas". Sin embargo, la situación dio un vuelco súbito cuando Bambú (sede de Vox en Madrid) resolvió que el contrato de Valencia Activa se ajustaba a derecho y los No Adscritos podían volver al redil del partido, permitiendo a la alcaldesa recuperar cierta estabilidad. Era ese el escenario anterior al registro de la UCO. El PP conservaba su mayoría en comisiones y plenos y los cuatro voxistas, partidos en dos bloques –se sientan separados en los plenos– mantenían la discplina de gobierno. Pero la investigación ha devuelto el foco a los contratos de Badenas y vuelve a enturbiar el futuro poltico de la ciudad.

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