Al menos 2.000 motos eléctricas se alquilan en la ciudad desde 2018 sin ninguna regulación

Movilidad y Dominio Público trabajan en una ordenación que no pondrá tantas restricciones a las empresas

El gobierno del PP descarta limitar la actividad a 133 vehículos por concesionaria tal como propuso Giuseppe Grezzi

Un usuario circula con su moto alquilada a Cabify por València.

Un usuario circula con su moto alquilada a Cabify por València. / Cabify

José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

Al menos 2.000 motocicletas eléctricas de alquiler operan en València sin ninguna regulación específica que ordene su actividad.No es que el «Motosharing» sea ilegal en la capital valenciana ni que las cuatro operadoras que están funcionando en estos momentos no paguen impuestos ni tengan su correspondiente licencia de actividad.

Lo que ocurre es que no hay ninguna normativa local que ordene y regule este negocio, y que garantice al mismo tiempo, que se usa el espacio público de los valencianos de forma adecuada.

Desde hace 7 años, funcionan sin ninguna normativa local

Desde 2018, al menos hace 7 años, funciona en València este sistema de transporte urbano compartido, con precios asequibles. En la actualidad, hay cuatro empresas que operan en torno a 2.000 motos eléctricas, la mayor parte, scooters, y otras similares a las vespas.

Acciona, Cooltra y Yego suman entre las tres una flota superior a las 1.500 motocicletas. Recientemente, en abril, aterrizó Cabify en València con una oferta de 200 vehículos a dos ruedas. Cabify ya suscribió un convenio hace tres años con Cooltra que permitía a los usuarios de su app contratar las motos de la otra operadora.

A primeros de abril, la Junta de Gobierno Local aprobó una moción del concejal de Movilidad Jesús Carbonell para regular el alquiler de motos eléctricas en la ciudad. En la actualidad, los técnicos de las delegaciones de Dominio Público y de Movilidad, que dirige el propio Carbonell, están trabajando en esta normativa local, que el anterior gobierno municipal «dejó sin regular, por unas diferencias entre ambos departamentos», apunta el edil.

Mientras, las empresas están funcionando, ya hace casi una década, «sin una regulación específica». La reglamentación impulsada por los regidores Giuseppe Grezzi y Lucía Beamud, ambos de Compromís, en el anterior mandato, fijaba bastantes restricciones.

Grezzi y Beamud fijaron restricciones

De hecho, Movilidad emitió un informe que limitaba el número total de motos que podían operar en València a 2.000, con un máximo de 133 por empresa concesionaria. Aquella regulación, que fue recurrida por las patronales nacionales del sector, se quedaba corta porque ya entonces estaban alquilándose en las calles del Cap-i-Casal cerca de 2.000 motocicletas eléctricas.

Carbonell ha anunciado que la normativa emanada del gobierno del PP no será «tan restrictiva» en los aspectos de la flota máxima permitida. De hecho, ya los operadores interesados en instalarse en València trasladaron al gobierno presidido por Joan Ribó que esas 133 motos por empresa hacían casi inviable la actividad. Por eso, Jesús Carbonell señala que hay llegar «a un equilibrio», entre que las operadoras consigan «una viabilidad económica y empresarial», y que los ciudadanos «puedan acceder a un servicio interesante».

La futura normativa debe ser suficientemente atractiva, desde el punto de vista económico, para las posibles concesionarias, pero al mismo tiempo, tiene que garantizar los derechos de los usuarios y un correcto uso del espacio público. Además, se busca fomentar un modelo sostenible y no contaminante de transporte compartido, en la tercera capital de España.

Movilidad y Dominio Público elaborarán esta regulación de las motocicletas de alquiler eléctricas sin conductor, «donde se determinará el número de motos que podrá implantar cada compañía para que sea un servicio óptimo y eficaz, a la vez que se dará la autorización demanial que hoy no tienen las compañías que operan en la ciudad, dado que hasta ahora –recuerda Carbonell- las compañías ni tenían autorización».

El regidor del PP defiende que este servicio «debe regularse para que funcione de manera eficaz». «Su implantación –añade- eliminará de las calles vehículos privados a motor por lo que reducirá tanto la contaminación atmosférica como acústica».

Habrá que otorgar las concesiones

Una vez culminen las actuaciones para regularizar el motosharing, València dispondrá de un procedimiento claro para el otorgamiento de las autorizaciones oportunas. El artículo 60 de la vigente Ordenanza de Movilidad, aprobada en el año 2019, regula los sistemas de alquiler de vehículos sin persona conductora y sin base fija (motosharing) y prevé que las empresas obtengan autorización demanial para el ejercicio de dicha actividad económica.

Durante el mandato anterior, en el año 2021, el equipo de Ribó inició las actuaciones para regularizar la actividad económica, que se venía prestando en la ciudad sin autorización demanial. Sin embargo, al establecerse un número máximo de 133 vehículos por empresa prestadora, las propias empresas mostraron su negativa. Incluso las patronales del sector presentaron una reclamación ante la Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado, por esta limitación en la flota.

Según detalla Carbonell, el Ayuntamiento de València no resolvió la reclamación, que quedó desestimada por silencio administrativo, «pero desistió de llevar adelante la regulación de la actividad en la ciudad de València», comenta el actual munícipe.

Cuando se inició la implantación del motosharing en la capital valenciana hasta una decena de firmas mostraron su interés por desarrollar esta actividad. No todas acabaron por implantarse y funcionar, sin embargo, es un hecho que algunas se vieron obligadas a cerrar y marcharse. El resultado es que hoy solo están en funcionamiento Acciona, que desde València también conecta con Alboraia, Mislata y Quart de Poblet; más Cooltra y Yego. Este mismo mes, acaba de unirse Cabify, según hemos resaltado.

Se ahorran cientos de toneladas de CO2

Solo Cooltra ha informado que desde que desembarcó en la ciudad en 2018 y hasta abril de 2022, este sistema de transporte sostenible ha permitido un ahorro de 300 toneladas de CO2 en el aire valenciano, el equivalente a plantar 5.000 árboles. Hasta esa fecha, la firma contaba con 70.000 usuarios.

Con todo, nada es perfecto. El jueves mismo, Amics del Carme emitió un comunicado en el que criticaba la proliferación de motos eléctricas en el centro historico. «El vecindario de Ciutat Vella -advirtió esta entidad- no aprueba el aumento indiscriminado de las motocicletas compartidas si no viene acompañado de un plan de distribución de aparcamiento de las motocicletas actuales y las que se sumarán a las mismas». «Son múltiples los ejemplos de aceras donde las motos no respetan la norma y dificultan o impiden el desplazamiento de personas mayores, personas con movilidad reducida o carros de bebés: avenida del Oeste, calle Hospital, Pie de la Cruz o Marqués de Dosaguas», concluyó este colectivo.n

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