Catalá valora la retirada de anuncios de apartamentos ilegales del ministerio aunque "llega tarde"

La alcaldesa urge a la implantación de la ventanilla única para unificar el registro de las viviendas turísticas que cumplen la legalidad

El ayuntamiento asegura que ha clausurado en el último año y medio mil viviendas turísticas irregulares

Apartamentos turísticos en València

Apartamentos turísticos en València / GERMAN CABALLERO

València

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha valorado, "aunque llega tarde", la orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de eliminar casi 66.000 anuncios de pisos turísticos que considera ilegales de la conocida plataforma de alquileres vacacionales Airbnb . La alcaldesa ha explicado que la retirada de anuncios de apartamentos turísticos irregulares es algo que las ciudades que sufren el problema vienen reclamando desde hace tiempo. València, ha recordado, ya aprobó hace un año una moratoria de las licencias de nuevos apartamentos turísticos y. además, se han triplicado inspecciones. Con todo, la alcaldesa aseguró que es fundamental la puesta en marcha de la anunciada ventanilla única del Gobierno para el registro de las viviendas turísticas, que permitirá centralizar datos para controlar y vigilar mejor este sector.

Catalá ha explicado que llevan tiempo pidiendo al Gobierno que no permita la publicidad de viviendas ilegales en las plataformas, entre ellas Airbnb, la que más cuota de mercado tiene. "Ya hemos advertido que por más inspecciones que hagamos mientras no se retire la publicidad ilegal no se avanzará". Con la orden de retirada de anuncios de viviendas turísticas que incumplen la legalidad "el gobierno llega tarde pero es positivo". "Espero que puedan garantizar la retirada de la publicidad", apunta Catalá.

Sobre las inspecciones realizadas, el ayuntamiento ha ofrecido este martes datos actualizados. En el último año y medio, como consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de Urbanismo y Policía local, se ha producido la clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales. “Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos”, ha destacado Catalá.

Además, Catalá ha recordado que “frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años, hemos puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales”. La clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al “trabajo intenso” de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales.

Sin licencia

La División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado más de 700 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen “por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad”. En este último año y medio, los agentes han realizado más de 700 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022.

Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales. Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.

Por otro lado, cabe recordar que la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad.

Orden de retirada de anuncios

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías en las que se han detectados estos anuncios ilegales junto con Andalucía, Madrid, Catalunya, Baleares y Euskadi. Como ha informado Levante-EMV, en el caso de València capital, la medida puede tener un importante alcance ya que de los 10.400 pisos turísticos de distintas plataformas que aparecen en el buscador de Visit València, el 71% son de Airbnb, esto es, 9.170. Lo que no quiere decir que todos estén incumpliendo la legalidad. Booking es la segunda plataforma con más apartamentos en oferta (2.632, el 20%) y le siguen a más distancia Tripadvisor o Homeaway.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy explica en un comunicado que el problema es que estas publicaciones vulnerarían la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos en varias comunidades autónomas, la mayoría, destinos vacacionales muy evidentes para extranjeros y autóctonos. La orden de retirada inmediata de los anuncios obedece a la comisión de tres infracciones. La principal infracción es que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro. Hay, también, publicaciones que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, algo, dicen, «que puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras».Además, se ha detectado también que muchos de estos nuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. "No indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no".

La orden de retirada de los anuncios de Airbnb viene además avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Gobierno y oposición se culpan mutuamente

La alcaldesa, Mª José Catalá, ha señalado al anterior gobierno progresista de "la proliferación de apartamentos turísticos" que, asegura, "se inició en 2015 con la llegada al gobierno municipal de Compromís y PSOE". "Desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos". Además, ha comentado que en 2018 se "cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos".

Aunque el ayuntamiento de València solo tiene reconocidos con licencia 1.600 apartamentos turísticos en las distintas plataformas se están ofreciendo entre 10.000 y 12.000, muchos de los cuales se consideran ilegales.

Desde la oposición en el consistorio, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha considerado que no solo los gobiernos autonómicos del PP "protegen" a quienes hacen negocio con los apartamentos turísticos sino que "también lo protegen algunos gobiernos locales", en alusión al de Valencia. "Están protegiendo a los especuladores que están especulando con los apartamentos turísticos", ha dicho.

"La realidad es que la regulación que se quiere aprobar en este ayuntamiento es abrir 5.500 apartamentos turísticos nuevos en la ciudad de València y permitir saturar los barrios que el Ayuntamiento no considera saturados, como por ejemplo Russafa", ha expuesto Sanjuán.

El edil ha mencionado también el caso de la calle Poeta Más y Ros, donde "una empresa ha comprado todos los bajos de un edificio y se está dedicando a derribar el patio de manzanas para abrir terrazas a pesar de que es una obra manifiestamente ilegal y de que no cuenta con el apoyo de los vecinos".

"Y el Ayuntamiento, lejos de parar la obra, ha dado licencia para que se proteja su ejecución y manda a los particulares a que vayan a la vía civil, con su dinero y con el riesgo económico que eso representa, a reclamar y tener que hacer el trabajo que tendría que hacer el Ayuntamiento", ha indicado Borja Sanjuán.

Por todo ello, Sanjuán considera que la decisión de Consumo sobre Airbnb es "un buen primer paso" que desde este ministerio "se obligue" a estas y otras plataformas "a eliminar estas ofertas" ilegales.

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