El gobierno del PP reconoce que no puede auditar las empresas y fundaciones municipales

El gobierno municipal de PP y Vox ha reconocido en una moción aprobada en la Comisión de Hacienda que no puede auditar la gestión realizada en las fundaciones y las empresas municipales en el período comprendido entre 2015 y 2023, época en la que gobernaban Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento de València. Esta es una es una competencia que por ley desarrolla la Intervención General del Ayuntamiento de València (IGAV) por lo que el convenio que ha firmado e impulsado alcaldía con Aumsa para realizar esta auditoría, que reveló recientemente Levante-EMV, será para efectuar un "diagnóstico previo" de los medios humanos y materiales con que cuentan las fundaciones y las empresas municipales, y como avanzó este diario, para diseñar una Estrategia del Sector Público y su implantación.

Dentro del sector público del Ayuntamiento de València se enmarcan organismos como Valencia Activa, que en los últimos meses está bajo sospecha por la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, además de otras muchas como la Fundación Deportiva Municipal, el OAM de Parques y Jardines, el Palacio de Congresos, el Palau de la Música o la EMT.

La Intervención califica como "desfavorable" la gestión de cinco empresas y fundaciones

En septiembre de 2024, la alcaldesa María José Catalá anunció que se iba a contratar y poner en marcha una auditoría, que deslizó, debía servir para fiscalizar la gestión de valencianistas y socialistas al frente de algunos de estos organismos ya citados. El objetivo sería fiscalizar la gestión desarrollada por los concejales de izquierda en estas entidades, cuando estaban en el gobierno municipal y ejercían el control político de sus consejos de administración.

Sin embargo, tras suscitarse este debate en la comisión de Hacienda de hoy se ha aprobado una moción alternativa en la que ya no se habla de efectuar una auditoría sino de elaborar un "diagnóstico" y en la que se explicita que es la IGAV la única competente para efectuar el control y la fiscalización del Sector Público Local, tareas que cada año ya realiza este servicio municipal, y que en tiempos del alcalde Joan Ribó y de la vicealcaldesa Sandra Gómez ya se venía haciendo.

El acuerdo aprobado en la Comisión de Hacienda dice que la Dirección General del Sector Público, que pende de alcaldía directamente, va a proseguir "con los trabajos para la elaboración de un diagnóstico previo, entendiendo por tal un estudio de la situación de los medios humanos, técnicos y materiales con que cuentan la totalidad de las entidades del sector público, así como en la redacción de una Estrategia del Sector Público y su implantación".

Esta actuación "no guarda relación con las actuaciones de control permanente y de auditoría pública que, en el ejercicio de sus atribuciones de control financiero, lleva a cabo a la IGAV como establece la normativa aplicable, en particular, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local". Esta moción ha sido propuesta por la concejala de Hacienda María José Ferrer del PP.

Por tanto, este trabajo de diagnóstico seguirá adelante. Como publicó este periódico, en febrero, se firmó un convenio entre la dirección general del sector público de València y la gerencia de Aumsa por la que esta empresa dedicada a la promoción y la construcción de viviendas, -un tanto sorpresivamente porque no tiene que ver con su objeto social-, cede el personal necesario a este departamento de alcaldía para llevar a cabo este informe previo al diseño y la implantación de la estrategia global que deberán cumplir empresas y fundaciones municipales.

Por su parte, hoy, el portavoz del PSOE Borja Sanjuan ha señalado que María José Catalá "ha tenido que rectificar y renunciar a hacer una auditoría dirigida por un cargo que ella misma ha seleccionado a dedo. Lo ha hecho porque eso podría significar un ejercicio de malversación y de prevaricación y porque quería utilizar el dinero público de todos los valencianos para perseguir a los concejales de los partidos progresistas”, ha denunciado el concejal socialista. El PP, relata Sanjuan, ha presentado una moción alternativa a la que habían presentado los socialistas "reconociendo que no tiene capacidad para hacer este tipo de auditorías y que las fundaciones y empresas públicas ya han sido auditadas por el servicio de Intervención municipal así como por empresas externas", advierte el edil.

“Al final, -lamenta Sanjuan- ha tenido que reconocer que la gestión de los gobiernos progresistas en el Ayuntamiento de València no solamente está auditada sino que no tiene ninguna sombra de sospecha. Porque, en realidad, lo único que le preocupa es que tiene a la Guardia Civil entrando en su ayuntamiento y requiriendo contratos de una fundación que ya misma preside y de la que es la principal responsable de que se respete la legalidad. Algo que, a la vista de los contratos firmados por sus concejales de Vox, no está en absoluto garantizado”, ha continuado Sanjuan.

El responsable socialista ha reprochado a Catalá que haya querido “utilizar el dinero de todos los valencianos para intentar que todos parezcamos iguales pero, al intentar hacerlo, ha demostrado que es ella la que está dispuesta a cometer ilegalidades para tapar las que se han producido dentro de su gobierno”.

Hace pocos días, la concejala de Compromís Papì Robles también denunció que este convenio respondía a "una persecución política" de los concejales que formaron parte del gobierno progresista liderado por Joan Ribó. Además, Robles afeaba a la alcaldesa que se saque personal de una empresa que tiene que hacer vivienda para dedicarlo a hacer un estudio sobre fundaciones y empresas municipales., teniendo en cuenta la escasez de vivienda pública asequible que hay en la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo