El migrante que murió en una tienda del Turia estaba esperando una vivienda social

El 25 de marzo, una persona sin hogar fue encontrada muerta a las 13.20 horas en una de las tiendas de campaña que en los últimos meses habían proliferado en el antiguo cauce del Turia, antes de que el gobierno municipal pusiera en marcha una campaña con sucesivas redadas para retirar los asentamientos del jardín. Los detalles del deceso no trascendieron entonces, pero el periplo burocrático de este migrante de 27 años sí está documentado en informes a los que ha accedido el PSPV tras elevar una queja al Síndic de Greuges. 

En el primero de los informes, elaborado por una oenegé, se cuenta que O.D. llegó a España en 2018 como solicitante de protección internacional. Gran parte de su estancia en el territorio nacional fue en Lleida, donde mientras mantenía la condición de solicitante de protección internacional desempeñó un empleo hasta que la misma fue denegada. A lo largo de 2021 y 2022 consiguió, a través de la red de conocidos, sobrellevar esta situación en Lleida, pero finalmente decidió acudir a València. 

A su llegada a València en febrero de 2023 fue atendido en el CAI y albergado en centros de Aldaia y el Saler gestionados por las asociaciones Ciudad de la Esperanza y Obra Mercedaria Valencia. No obstante, tras un par de meses de estancia y sin opciones de poder expedir su documentación –el pasaporte de Guinea Conakry–, O.D. se quedó sin poder acceder a la red de atención primaria básica de Servicios Sociales, siempre según la información recogida en el informe. 

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Tras dos años acudiendo al centro de día de la misma oenegé para cubrir necesidades básicas, esta, en coordinación con la embajada de Guinea, consiguió sacarle el pasaporte con fecha de enero de 2024, a partir de lo cual se solicitó su empadronamiento en casos especiales en la ciudad de València, puesto que el migrante continuaba en situación de sinhogarismo. 

A los nueve meses de la solicitud –el 16 de septiembre de 2024– O.D. fue empadronado en València, solicitando en ese momento cita en el centro de Servicios Sociales de Ciutat Vella, dado que además de pernoctar en el casco antiguo de la ciudad, junto al Centro de Atención a la Inmigración, contaba con empadronamiento en vigor en un bajo de la Plaza Jesús Maroto i González. “La realidad es que en su empadronamiento no se ha reconocido todo el tiempo previo a la aprobación de su solicitud”, dice el documento de la oenegé que atendió a O.D.

En otros apartados, la entidad señala que el usuario había cursado estudios secundarios en su país de origen, y que al no contar con una situación jurídica-administrativa regular en el país no podía acceder a un empleo más allá de algunos trabajos puntuales en economía sumergida. Finalmente, el técnico de la oenegé valora favorablemente “la posibilidad de acceso a una vivienda estable que garantizase la cobertura de necesidades básicas y paliar su situación de sinhogarismo, además del apoyo jurídico pertinente para lograr regularizar su situación administrativa”. El informe está firmado el 17 de febrero de 2025. 

Un día después, el 18 de febrero, desde el centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València se elabora el informe social de derivación a plaza concertada en el sector de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables. El documento señalaba que O.D. llevaba dos años viviendo en la calle, que no necesitaba apoyo ni supervisión social, y que el usuario, mientras estuvo acudiendo habitualmente al centro de día de la oenegé, había presentado “una buena evolución e implicación en el plan de trabajo con él”. Las plazas para casos como el referido se conciertan en viviendas o centros de acogida. 

Un mes más tarde del inicio de la tramitación para concederle el recurso que pidió para él la oenegé, O.D. falleció en su tienda de campaña del jardín del Turia y el PSPV pidió a través del Síndic información sobre la muerte del joven sin hogar. Entre otras cuestiones, la concejalía de Servicios Sociales detalla los trámites realizados. El último fue el 20 de febrero de 2025. La trabajadora social del ayuntamiento remitió por el sistema de interconexión de registros la solicitud de plaza a la Generalitat. 

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Tras recabar la citada documentación, la concejala socialista Maite Ibáñez ha respetando un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana resaltando que el joven migrante no pudo acceder a la red de atención primaria básica de Servicios Sociales durante dos años “por el mero formalismo de no disponer de su pasaporte en vigor”. Una vez obtuvo pasaporte, continúa el texto, el ayuntamiento tardó 9 meses en empadronarlo desde su solicitud, “es decir, saltándose todos los plazos previstos normativamente para este trámite”, dice la edil. 

Esta “negligente actuación administrativa” derivó en que el Informe Social para la derivación a una plaza concertada en el Sector de Atención a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables no se produjera hasta el mes de febrero de 2025 y, por tanto, añade Ibañez, “supuso que el joven migrante acabara falleciendo sin hogar (en una tienda de campaña instalada en el viejo cauce del Río Túria)”.

En este sentido, la promotora de la que pida al Síndic que acuerde recomendar al ayuntamiento a cumplir con la normativa vigente en materia de procedimientos administrativos; cesar los formalismos administrativos y garantizar una atención ágil, temprana y suficiente a recursos habitacionales a todas las personas sin hogar y/o en exclusión social de la ciudad de València. 

"Desmantelamiento de los Servicios Sociales"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, denuncia que es “absolutamente irresponsable el desmantelamiento de los Servicios Sociales que ha emprendido el gobierno de María José Catalá. Y más cuando hemos conocido, tras la denuncia al Síndic que realizamos los socialistas, que el ayuntamiento tardó más de dos años en tramitar la solicitud de un recurso social para que O.D. no se viese obligado a dormir en la calle. De hecho, una vez superadas todas las trabas que le puso la administración, todos los informes fueron positivos e incluso se llegó a tramitar una plaza apenas un mes antes de que falleciese”. 

“Es vergonzoso que esta persona muriera un mes antes de recibir la asistencia que debía por parte del ayuntamiento”, ha lamentado Sanjuan. “Por eso, le exigimos a Catalá que rectifique y abandone su política de desmantelamiento de la red de servicios de atención a las personas más vulnerables en la ciudad. València es una ciudad acogedora e integradora y no se merece a una alcaldesa que desprecia y hostiga a las personas que más necesitan de la ayuda de las administraciones”.