València culpa al Gobierno del aumento de personas sin techo

El sinhogarismo ya es un grave problema en la tercera ciudad de España, la proliferación de sintechos en el cauce del Turia y en los asentamientos chabolistas de la periferia de València, son la constatación de que hay decenas de personas malviviendo en las calles de la ciudad y en núcleos de infraviviendas. Esta mañana se ha abordadoi este asunto en una Junta de Portavoces urgente, tras la que se ha constatado que València sufre ya una crisis humanitaria y social de primer orden.

El gobierno municipal, en concreto la concejala de Servicios Sociales del PP Marta Torrado, ha atribuido esta situación a la inacción del Gobierno de España con las personas que piden asilo o protección internacional lo que explicaría la masificación que existe en los recursos destinados a personas en situación de emergencia habitacional. Por su parte, la portavoz de Compromís Papi Robles habla de "crisis humanitaria" y acusa a la alcaldesa María José Catalá de querer esconder el problema llevándolo a los asentamientos chabolistas de los barrios periféricos. En esa línea, el concejal socialista Borja Sanjuan ha lamentado que ante "un problema creciente" en la ciudad, en la que cada vez hay más personas sin un techo, el ayuntamiento está respondiendo "con redadas policiales y no con respuestas sociales" . De hecho, ha insistido "cada vez hay menos recursos" del consistorio dedicados a esta emergencia social "y a la oposición se nos oculta con qué recursos" se está afrontando esta terrible coyuntura.

Torrado: "Hay mucha lista de espera por culpa del Gobierno"

Marta Torrado ha dicho que hay "mucha lista de espera" de refugiados que están pendientes "de protección internacional" o de lograr "el asilo" o "la solicitud de pasaporte". La regidora ha firmado que ya en julio de 2024 envió una carta a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé informando "de la gran demanda" de personas que llegan a València y necesitan una solución habitacional. "Esta demanda se ha incrementado en los últimos meses" sin que haya obtenido respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez.

La regidora popular sostiene que el gobierno de María José Catalá "lleva muchos meses haciendo un esfuerzo muy importante" para atender a un aluvión de inmigrantes que malviven en el cauce del Turia y en otros asentamientos de la capital valenciana. Torrado niega que se estén recortando recursos o cerrando albergues como ha denunciado la oposición. Así, sostiene que el Centro de Atención a Emergencias Sociales (CAES) abre ahora todos los días del año frente a solo en noviembre, diciembre y enero, que abrían con el gobierno progresista de Joan Ribó. En cualquier caso, comenta Torrado, "la oposición miente, no hemos cerrado el albergue del Carmen, lo estamos reorganizando porque ahora lo gestiona Cruz Roja y también atiende situaciones de emergencias sociales".

En cuanto al albergue de Rocafort, "estamos acondicionándolo para dar una mayor calidad de vida y estamos trabajando para que se lo otorgue licencia ya que estuvo funcionando 8 años con el anterior gobierno y no tenía licencia ni se hicieron obras de mantenimiento".

Torrado reiteró que en València hay cerca de mil plazas conveniadas con diversas entidades sociales para atender a personas en situación de emergencia habitacional. Y, subrayó, "estamos trabajando sin descanso con las entidades sociales" para afrontar esta "gran demanda" existente.

"Estamos ante una crisis humanitaria" advierte Papi Robles

Sin embargo, la portavoz de Compromís Papi Robles considera que hay una estrategia planificada desde la alcaldía para ocultar este problema. Por eso, sostiene Robles que se está diseminando a los sinhogares por asentamientos y núcleos de infravivienda en los barrios periféricos de la ciudad. “La situación ha empeorado gravemente. Estamos viendo nuevos perfiles de personas sin hogar: mujeres con hijos menores, personas con empleo estable que no pueden pagar un alquiler. No se trata del tópico del hombre de mediana edad con problemas de adicciones. Esta es una crisis habitacional real y creciente, y el gobierno de Catalá no solo no actúa, sino que la alimenta”, ha denunciado Robles.

Desde Compromís han expuesto cómo el gobierno municipal "ha cerrado recursos esenciales como albergues y el Casal d’Esplai de Rocafort, ha bloqueado el proyecto de 25 alojamientos temporales en el Cabanyal y ha dejado desierta la licitación para un nuevo centro de acogida". Además, "no se están ofreciendo alternativas habitacionales ni de emergencia", y las ayudas para emergencias habitacionales tienen una duración “ridícula” de 14 días, "dejando a las personas literalmente en la calle una vez vencido el plazo".

Paralelamente, defienden fuentes de la coalición valencianista, "el ayuntamiento ha recortado las ayudas a las entidades sociales, ha prohibido el reparto de alimentos en la vía pública y está imponiendo multas de 300 euros por acampar. A todo esto se suma la falta de gestión en el padrón especial, con 2.832 solicitudes paralizadas en un cajón", indican estas fuentes.

Además, "solo se ha ejecutado un 7,74% del presupuesto destinado a servicios especializados en cinco meses, dejando el programa municipal de atención a personas sin hogar prácticamente paralizado". El gobierno de Catalá también "ha desactivado toda respuesta institucional": la comisión de Personas Sin Hogar "está bloqueada, no se ha evaluado la estrategia vigente, la plaza de seguimiento continúa vacante y tanto la Estrategia como la Comisión de Asentamientos están completamente paralizadas".

“Mientras tanto, la represión crece con desalojos policiales recurrentes en el Botànic, la Gran Vía, el Parque Central o el cauce del Turia, sin ofrecer ninguna alternativa viable. Todo esto ha provocado que las personas expulsadas del centro se concentren en los grandes asentamientos de los barrios periféricos, que crecen cada semana”, ha advertido Robles.

Sanjuan: "El problema no se resuelve con soluciones policiales, es muy complejo"

Por último, el portavoz del PSOE Borja Sanjuan ha afirmado que este problema "es muy complejo" y no se resuelve solo "con soluciones policiales". Además, Sanjuan ha exigido al ayuntamiento que reclame a la Generalitat que actúe y aporte recursos para atender a estas personas. Por ende, la crisis social y habitacional está agravándose, añade Sanjuan porque cada vez menos personas pueden pagarse un piso o ni siquiera una habitación, "por lo que acaban en la calle" sin que el ayuntamiento les esté ofreciendo "una alternativa habitacional".