La Federación de Vecinos se cansa de los problemas de vivienda: pide la Zona Tensionada para toda València

A la Federación de Vecinos se le ha acabado la paciencia y presenta una enmienda a la totalidad: ha reclamado que la ciudad de València, en su conjunto, sea declarada zona tensionada "con el fin de controlar los precios del alquiler de la vivienda y proteger a los inquilinos en una situación que se hace cada vez más insostenible en la ciudad". Así ha decidido la Federació d’Associacions Veïnals de València tras constatar que esta herramienta sigue extendiéndose -las últimas, A Coruña, San Sebastián y hasta 21 municipios de Navarra, incluyendo a Pamplona, Zizur Mayor, Estella, Huarte, Tudela o Estella, de la misma manera que Cataluña obtuvo esa condición para más de un centenar de sus ciudades, incluyendo las más pobladas.

Zona Tensionada es un instrumento que se puede aplicar a un municipio cuando el mercado de la vivienda sufre, precisamente, esa "tensión", consistente en variables sobre el coste de la hipoteca o el alquiler y los gastos comunes respecto a la media de ingresos de los hogares, junto con el propio precio medio de la vivienda o el coste medio del alquiler, respecto al IPC autonómico. Lo que permite establecer límites en los contratos tanto de compraventa como de alquiler.

La Federació d’Associacions Veïnals de València ha tenido que ser la primera en alzar la voz reclamando esta condición para todo el término municipal, cuyo objetivo final sería "contener de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos hayan sido desproporcionados. Sin duda, en la ciudad de València venimos experimentando esta situación desde hace varios años habiendo llegado a unas cifras en los precios de los alquileres que son totalmente inaceptables y con unas condiciones para alquilar que son realmente humillantes”, ha asegurado la presidenta María José Broseta

"Sin vivienda, no hay comunidad que pueda perdurar"

Ha añadido además que la vivienda es un derecho social pero, ante todo, un derecho de ciudadanía: “Un derecho político, como el derecho de voto o la libertad de expresión. El sentido de pertenencia a un grupo o a una sociedad lo da el arraigo y la seguridad, y sin vivienda no hay comunidad que pueda perdurar”, ha añadido María José Broseta.

No es baladí esta movilización tras conocerse el caso de A Coruña, puesto que el gobierno municipal es del PP. Es por ello que ahora hace un llamamiento a sus correligionarios de València, que "abandonen la línea de Vox y se aplique aquí una medida que se está demostrando que es totalmente necesaria y urgente también para la ciudad de València".

La ciudad tiene distritos claramente tensionados, siguiendo los parámetros y su aplicación a escala de lo más pequeño: Poblats Marítims -zona con gran cantidad de apartamento turístico-, Algirós -cerca de la zona universitaria-, Quatre Carreres, Benimaclet, u Olivereta.

Viviendas a base de habitaciones

Desde la FAAVV se denuncia que en la ciudad de València se haya institucionalizado una forma de vida en habitaciones que ya no solo afecta a estudiantes, sino también a personas en edad avanzada y familias enteras que están viviendo en condiciones lamentables compartiendo pisos “parcelados” en los que tienen que utilizar baños y cocinas como zonas comunes con desconocidos. A esto se añaden las abusivas y humillantes condiciones que con demasiada frecuencia se exigen a los arrendatarios. “No se puede seguir así”, ha dicho la presidenta de la Federación vecinal de València, “evidentemente ésta es una ciudad tensionada y así se debe declarar para empezar a poner solución a una situación que es cada vez más inaguantable”, ha añadido.

A esto hay que añadir una batalla desde hace tiempo en el debate, como es la del "acelerado y desordenado" crecimiento de la oferta de alojamiento turístico de los últimos años "que no es la única causa, pero tiene mucho que ver en esta especie de burbuja inmobiliaria gentrificadora. “Poner límites a la capacidad de acogida turística, impedir los cambios de uso de residencial a terciario hotelero, y revertir el uso residencial de las viviendas turísticas debe ser en estos momentos una prioridad”.

Compromís se adhiere y recuerda

Esta petición ya fue formulada en el año 2023 por el anterior equipo de gobierno nada más tramitarse la ley. Compromís, el partido que lo promovió a través de su concejala Isabel Lozano, acusa ahora al gobierno municipal de haberlo bloqueado "y ahora lo pagan las familias, la gente joven o los vecinos que se ven expulsados de sus casas". Fue, en concreto, en el pleno de marzo de 2024, tras haberlo sopesado durante un tiempo. Se justificó entonces que ese tipo de declaraciones son "políticas que han fracasado".

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