La dirección nacional de Vox dio la orden de tumbar la Zona de Bajas Emisiones en València

La decisión del grupo municipal de Vox de tumbar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de València en el pleno de este martes fue una orden de la dirección nacional del partido que lidera Santiago Abascal. Así lo ha desvelado la propia formación, que ha ofrecido una rueda de prensa sacando pecho por el logro. El voto en contra de los ediles voxistas, liderados por José Gosálbez, sorprendió y enfadó al mismo tiempo al gobierno del PP de Mª José Catalá, quien este miércoles admitía una crisis con sus socios de gobierno que pone en riesgo una inversión de 115 millones de euros de fondos europeos. Que el voto en contra de Vox era una consigna de la dirección nacional se intuía porque el grupo municipal no había puesto reparos en la Comisión de Patrimonio y en el pleno en el que se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de la ZBE.

"Ofensiva" institucional

Pocas horas después del pleno celebrado el martes en el Ayuntamiento de València la dirección nacional de Vox hizo público un comunicado en el que se vanagloriaba de "liderar la rebelión contra el fanatismo climático" y tumbará en toda España, como ha hecho en València, "las Zonas de Bajas Emisiones impuestas por PP y PSOE". En una rueda de prensa en la sede nacional, José Antonio Fúster, Isabel Pérez Moñino, Rodrigo Alonso, Carlos Hernández Quero y Jorge Buxadé anunciaban una ofensiva en todas las instituciones para frenar las políticas climáticas impuestas por el bipartidismo. El PP y el PSOE "promueven políticas de fanatismo climático que dañan la libertad, la prosperidad y la vida de familias y trabajadores españoles", apostillaba Fúster.

En el PP de Mª José Catalá no quieren tirar la toalla, pero ven difícil un acuerdo para salvar la ZBE. Advierten de que debe estar aprobada antes de acabar el año y de que "no hay tiempo para hacer una nueva". Cualquier modificación de calado obligaría a ir a un nuevo proceso de alegaciones y exposición pública, recalcan, y "no se podría llegar a tiempo". El agujero económico que podría generar la pérdida de los fondos europeos comprometería las inversiones de los presupuestos municipales de 2026, ahora en proceso de elaboración y cuya aprobación requiere igualmente del apoyo de los voxistas.

Restricciones para la mitad del parque móvil

Así las cosas, el gobierno del PP buscará en los próximos días un acuerdo in extremis para salvar la Zona de Bajas Emisiones. Para ello necesitaría la abstención de sus socios de gobierno. La negociación con el PSPV tampoco parece próxima a un acuerdo, ya que lo que plantea su líder, Borja Sanjuan, de ampliar a los vehículos con matrícula B las restricciones supondría que deberían dejar de circular por la ciudad más de la mitad de los coches que hay. La postura del grupo municipal de Vox vuelve a tensar el pacto de gobierno de Catalá, que una vez pase el funeral de Estado por la dana del 29-O intentará buscar un acuerdo para no tener que devolver las ayudas ya cobradas.

Como viene informando Levante-EMV la previsión del gobierno del "Cap i Casal" era aprobar en el pleno de octubre la ZBE y empezar a multar el 1 de diciembre a los vehículos más antiguos de fuera de la provincia de València. La que se ha conocido como ZBE blanda no entraría plenamente en vigor hasta 2028.

Las primeras sanciones de 200 euros se impondrían a los vehículos que entren en la ZBE emisiones de fuera de la provincia con etiqueta A, esto es, los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes del año 2006. Estarían exentos los vehículos vinculados a la actividad económica y los vehículos de personas con movilidad reducida. La ciudad ha recibido subvenciones de la UE para la instalación de las 278 cámaras que controlaran los accesos y el tráfico interno de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de València. Ayudas que ahora, si la ZBE no sale adelante, habrá que devolver junto con la multa correspondiente. Hay que recordar que las principales capitales españolas, entre ellas, Barcelona y Madrid, ya tienen en vigor sus ZBE.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que la única responsable de que València pueda perder 115 millones «es Catalá y su actitud temeraria». Por su parte, el concejal de su grupo Giuseppe Grezzi advierte de que el PP tendrá que reiniciar el proceso de tramitación de la ZBE

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