Vox tensa el pacto con Catalá al tumbar la Zona de Bajas Emisiones de València

El pleno municipal de octubre pintaba tranquilo, marcado acaso por el aniversario de la dana, hasta que ha llegado Vox en el tiempo de descuento para marcar perfil propio y, de paso, tensar al límite el pacto de gobierno con María José Catalá. Hasta ayer, los de Gosálbez solo se habían opuesto tímidamente a la Zona de Bajas Emisiones de València –exigida por el Ministerio de Transportes y Transición Sostenible para las ciudades de más de 50.000 habitantes– cuando se empezó a hablar de ella y cuando al frente del grupo municipal estaba aupado Juan Manuel Badenas, ahora en un muy discreto segundo plano. Pero en el trámite definitivo con su paso por el pleno tras la modificación del Plan de Movilidad Urbana los voxistas tumbaron las limitaciones a los coches contaminantes anteponiendo la libertad de movilidad sobre la calidad del aire en la ciudad.

La primera intervención durante el despacho extraordinario fue de Gosálbez, que fijó pronto su argumentario. Dijo que la ZBE “se trata de una imposición derivada de las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez”. Habló de “fanatismo climático” y de defender “el derecho de los españoles a desplazarse en el medio de transporte que elijan”, independientemente de su antigüedad o capacidad de contaminación. También que el plan que pretendía sacar adelante su propio gobierno municipal “ataca la libertad, el trabajo y la forma de vida de miles de familias y trabajadores”.

Asimismo, Gosálbez afirmó que su formación ha intentado minimizar los efectos de las ZBE allí donde gobierna junto al Partido Popular, pero advirtió que “no es suficiente y que Vox no apoyará más la aplicación de estas zonas en los ayuntamientos”. A lo que añadió que no serán “cómplices de una estafa a los vecinos” antes de proponer una consulta sobre la aplicación del perímetro establecido por el ayuntamiento, cuya primera fase de aplicación estaba prevista para el 1 de diciembre de este mismo año –dentro de un calendario que concluía con la prohibición de circular con vehículos etiquetados como A dentro del área marcada–.

Todo esto ocurrió tras una mañana agitada fuera del streaming del propio pleno. La alcaldesa estuvo extrañamente ausente en la sesión, luego se desveló que estaba con Borja Sanjuan, portavoz del PSPV, negociando para que los socialistas les sacaran adelante la ordenanza de ZBE que Vox no iba a aprobar. María Pérez ha explicado que ellos hubiesen aceptado ir de la mano del PP si estos hubiesen revisado su plan incorporando las alegaciones socialistas, es decir, adelantar los plazos de aplicación, ampliar el área de limitación a todo el suelo urbano y urbanizable (incluyendo por ejemplo la fachada marítima, fuera del perímetro dibujado por Movilidad), y extender la prohibición a los vehículos con etiqueta B: los de gasolina de enero 2001 y diésel a partir de 2006.

Prácticamente sustanciado el debate, en el último turno de palabra, el delegado de Movilidad, Jesús Carbonell, tendió la mano a PSPV y Compromís aceptando una de las condiciones: ampliar el perímetro de aplicación. Pero la oposición en bloque ha considerado insuficiente su oferta y el voto negativo de los cuatro ediles de Vox terminó tumbando el perímetro vigilado por cámaras –ya instaladas– entre la Ronda Norte, la avenida de los Naranjos, la calle Serrería y el Bulevar Sur. La decisión sólo podría corregirla una nueva negociación de PP y Vox con convocatoria de pleno extraordinario, algo que ahora mismo parece poco probable.

Pero, ¿qué supone este paso en falso en términos económicos? Los socialistas han cifrado en 115 millones de euros las subvenciones que podría dejar de percibir por incumplir el mandato ministerial y las directrices europeas en materia de calidad del aire. Son los fondos Next Generation para financiar cuestiones directa e indirectamente relacionadas con esta herramienta de movilidad sostenible, además de las ayudas al transporte condicionadas a que la ZBE de València estuviera en vigor antes del 31 de diciembre de 2025. Y desde Compromís primero Giuseppe Grezzi y después su portavoz, Papi Robles, reclamaron a Catalá el cese de Carbonell y romper el gobierno con Vox.

Falta ver si lo pagará también el propio gobierno en términos políticos. Hasta ahora, todas las tiranteces entre PP y Vox estaban relacionadas con cuestiones de índole ideológico, sin relación con la gestión municipal. Los meses posteriores Badenas reivindicó su derecho a tener control total sobre sus competencias y denunció varias invasiones en políticas de empleo, especialmente en materia de igualdad. Más tarde explotó el caso por el que le investiga la Fiscalía –con un registro de la UCO en dependencias municipales– y Badenas salió del partido acompañado de su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, quedando el liderazgo en manos del actual portavoz José Gosálbez, quien había mantenido un perfil bajo en deferencia a sus socios y solo se había distanciado en cuestiones relacionadas con Palestina o derechos LGTBIQ+, sin apenas proyección municipal. “Ellos no se meten en cuestiones de gestión”, insistían siempre en el PP con cada teórico boicot.

Pero la ZBE es política de movilidad en toda su extensión, de ahí que Catalá tratara de salvar la ordenanza recurriendo al PSPV. La ruptura de Vox con sus socios, tensando el pacto de gobierno como no había ocurrido hasta ahora, coincide con otro distanciamiento también llamativo. Santiago Abascal ha reconocido este martes que "es evidente" que el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, "está mintiendo" con las diversas versiones que ha dado sobre dónde estuvo en los primeros momentos de la dana, pero ha matizado que su formación no le apoya, sino que se limita a respaldar los presupuestos para "reconstruir" las zonas devastadas, una forma de quitarse la responsabilidad sobre retirarle el apoyo al Consell o forzar una salida del dirigente autonómico.

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