Las cuatro veces que Vox votó a favor de la Zona de Bajas Emisiones de València

“Las Zonas de Bajas Emisiones son consecuencias de las políticas que ha aprobado Bruselas y el Congreso de los Diputados siempre con el voto en contra de Vox. La Unión Europea no obliga a crear ZBE, obliga a cumplir unos valores de calidad del aire. Es Sánchez quien establece la obligatoriedad por ley de esas Zonas de Bajas Emisiones con el voto, reitero, en contra, de Vox”. Estas fueron las primeras palabras de José Gosálbez durante su intervención en el debate sobre la limitación a los coches contaminantes que el gobierno municipal de València, del cual forma parte, pretendía imponer en cumplimiento con el mandato del Ministerio de Transportes. El portavoz de los voxistas dijo y repitió haberse opuesto a la ZBE, pero la realidad es que el proceso de implantación en València ha atravesado un largo proceso que siempre contó con el visto bueno de su grupo.

La primera vez fue en la Junta de Gobierno Local del 27 de diciembre de 2024. El servicio de Movilidad llevó a votación el proyecto de ordenanza reguladora. Entonces ya se fijaron las características del perímetro de limitación: un área constreñida entre las rondas que dejaba fuera la fachada marítima y algunos barrios periféricos del sur, con un calendario de implantación anual y la prohibición solo para los vehículos con etiqueta A. En teoría solo se verían afectados el 8% de los coches de València cuando entrara en vigor para residentes el 1 de enero de 2028. Los concejales Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, de Vox, respaldaron el proyecto.

La segunda vez ocurrió en la Comisión de Patrimonio del 18 de febrero de 2025. En el debate para aprobar inicialmente la ordenanza de ZBE participaron Jesús Carbonell (PP), María Pérez (PSPV) y Giuseppe Grezzi (Compromís). El titular de Movilidad consideró que la propuesta conseguiría los objetivos que se fijan de reducción de la contaminación, así como atender las demandas sociales y económicas de la ciudadanía. La socialista lamentó que se hubieran rechazado sus enmiendas al proyecto, las cuales, afirmó, buscaban corregir una ordenanza que no cumple con los objetivos que se pretenden acarreando sanciones de la Unión Europea. El valencianista denunció que València sería la única Capital Verde Europea que no prohibiría la circulación a los vehículos contaminantes con etiqueta verde B y lamentó que el gobierno no aceptara ni una sola enmienda en una práctica que tachó de “sectarismo”. Gosálbez (Vox) estaba presente en el debate y no participó, pero sí votó a favor de la ZBE del PP para permitir su aprobación.

El tercer voto a favor de Vox llegó en el pleno del 25 de febrero de este año, todavía con Juan Manuel Badenas al frente del grupo municipal. Mismos participantes en el debate (Carbonell, Pérez, Grezzi) y mismo resultado: los cuatro votos de Vox permitieron al PP aprobar inicialmente la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. Varias semanas después la dirección nacional de Vox expulsó a Badenas del partido de manera cautelar por los contratos del exsegundo teniente de alcalde con la Fundación Valencia Activa, todavía objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En aquellos días Badenas conservó su acta de concejal como No Adscrito mientras Cecilia Herrero, pareja de Badenas, se fue de Vox “por la falta de apoyo” y “acoso” de su partido. A principios de marzo Gosalbez fue nombrado nuevo portavoz de Vox València y a finales del mismo mes dijo tajante: “No gobernaremos con tránsfugas”. Badenas y Herrero finalmente volvieron a Vox.

La última vez que Gosálbez respaldó la Zona de Bajas Emisiones fue solo hace nueve días, el pasado martes en la Comisión de Patrimonio, de la que formó parte pero, una vez más, se abstuvo de participar en el debate sobre el dispositivo concebido para mejorar la calidad del aire de València. La propia ordenanza subraya que la necesidad de la regulación “se fundamenta en la urgencia de proteger la salud pública y cumplir con las normativas ambientales vigentes”. Una semana después, Gosálbez cedió ante el nuevo mandato de su dirección nacional, hizo suyo el posicionamiento ideológico de Bambú (con expresiones como “fanatismo climático”) e informó a sus socios de gobierno del bandazo que se avecinaba en el pleno del 28 de octubre con su primer “no” a la ZBE tras un año de tramitación administrativa.

Mientras transcurría el pleno con aparente normalidad, Catalá y Carbonell negociaban con el PSPV incorporar algunas de sus enmiendas, como la ampliación del perímetro de aplicación, pero Pérez y Grezzi no se movieron de las posturas que han venido defendiendo todo el año: la ZBE tal como está diseñada, de “mínimos”, no cumple con las exigencias de Europa y solo sirve para cumplir con el plazo del ministerio. A partir de ahí, sin el apoyo de sus socios ni de la oposición y salvo sorpresa de última hora, el gobierno municipal deberá asumir un coste económico y otro político. El primero podría ascender a 115 millones de euros en devolución de subvenciones europeas y movilidad o sanciones por la no aplicación de las restricciones al tráfico contaminante. El segundo se traduce en la mayor crisis interna que ha tenido el bipartido, con el PP dejando de confiar en unos socios que apenas tenían capacidad de gestión municipal pero que ahora además la entorpecen. El próximo 18 de noviembre hay pleno extraordinario de presupuestos y hasta entonces están condenados a entenderse.

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