El PSPV pactaría la Zona de Bajas Emisiones a cambio del Corredor Verde y Compromís ve el acuerdo "imposible"

El rechazo de Vox a la Zona de Bajas Emisiones de València sigue coleando dos días después del pleno municipal. Los portavoces de Compromís y PSPV han ofrecido sendas ruedas de prensa –con sus respectivos concejales de Movilidad– para valorar las consecuencias que tendría la no implantación de las restricciones a los coches contaminantes, así como sus condiciones para sacar adelante una ordenanza que, recuerdan, si cae es únicamente por culpa de sus socios de gobierno.

Así, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha considerado que la no aprobación de la ZBE “es terrorífica para la salud de las personas y para la salud financiera del Ayuntamiento”. Por su parte, el concejal Giuseppe Grezzi ha reiterado la petición de dimisión del concejal Jesús Carbonell por “incapaz”, aunque ha señalado a la alcaldesa María José Catalá como “la gran responsable” de este fracaso.

“No podemos negociar una ZBE con quien reabre Colón al tráfico indiscriminado, no elimina el túnel de Pérez Galdós o introduce carriles de tráfico en el Parc García Lorca”, ha afirmado la portavoz Robles, que acto seguido ha hecho una enmienda a la totalidad: “El problema de la ZBE de Catalá es un problema de concepto, no de objetivos concretos, porque no iba a servir para reducir las emisiones contaminantes ni mejorar la vida de la ciudadanía, sino que solo planteaba restricciones sin ofrecer alternativas, como un transporte público potente y eficiente. Era una ZBE de mínimos y ahora Catalá se ha metido en un callejón sin salida”, ha explicado la regidora valencianista.

Papi Robles ha denunciado que en ningún momento Catalá ha buscado negociar con Compromís, lo que hace “evidente que la negociación es imposible”. También ha advertido del enorme agujero económico que supondrá no sacar adelante la ZBE: “Podrían perderse hasta 135 millones de euros, un 10% del presupuesto municipal. Es una auténtica barbaridad. Si esto lo hubiera hecho un gobierno de Compromís, ¿qué cabeza habría pedido Catalá cuando estaba en la oposición?”, se ha preguntado Robles.

Por su parte, los socialistas Borja Sanjuan y María Pérez, que sí tuvieron la mano del PP tendida para una negociación in extremis, han manifestado la disposición de sus formación a sentarse a dialogar con el equipo de gobierno del PP para lograr una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) “real y efectiva”. Sin embargo, han puesto como “condición innegociable” que dicha ordenanza “cumpla con la normativa europea y esté diseñada para reducir realmente la contaminación en la ciudad” así como que “se garantice que el Corredor Verde no permitirá la circulación de vehículos privados”.

Los concejales han explicado que la actual propuesta del PP es “la más laxa de toda España, con plazos excesivamente largos, escasa afectación a los vehículos más contaminantes y una batería de excepciones que desvirtúan completamente la utilidad de la medida”. En ese sentido, los socialistas han exigido endurecer los plazos, limitar más tipos de etiquetas contaminantes —especialmente las B—, y reducir las excepciones a “criterios objetivos como la renta”, para que la ZBE no solo evite sanciones, “sino que tenga un impacto real en la calidad del aire”.

Finalmente, Sanjuan ha subrayado que la negociación debe cerrarse de forma inmediata, ya que los plazos legales para aplicar la ZBE vencen a finales de año. “Si no se cumplen nuestras condiciones y no se garantiza que el Corredor Verde será completamente libre de tráfico, esta ciudad perderá financiación, perderá salud y perderá una oportunidad histórica para avanzar en sostenibilidad”, ha cerrado.

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