El juzgado obliga a readmitir a un funcionario incorporado por Compromís y despedido por el PP
La plaza del que fuera jefe de Sección de Cultura Festiva, Josep Lluis Marín fue amortizada, pero ahora se exige al Ayuntamiento que le busque un lugar en el organigrama municipal
Josep Lluis Marín / RLV
El Grupo Municipal Compromís ha anunciado que el Ayuntamiento de València ha sido condenado por el juzgado Contencioso–Administrativo número 7 de València a reintegrar como funcionario de carrera al que fuera jefe de Servicio de Cultura Festiva durante la etapa del gobierno progresista y los primeros meses del PP, Josep Lluis Marín, a la vez que "obliga a asignarle un lugar correspondiente a su categoría".
"Esta es la segunda ocasión que el Ayuntamiento es condenado por vulneración de derechos y queda una tercera demanda similar de la que se dictará sentencia durante las próximas semanas" ha asegurado el concejal Ferran Puchades.
Los tres funcionarios procedían de otras administraciones y consolidaron su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de València intermediando el preceptivo concurso en el que obtuvieron su plaza. Dos de ellos ocupaban sendas jefaturas de sección a la concejalía de Cultura Festiva (Marín y Gil Manuel Hernández) y un tercero a la jefatura de servicio de Agricultura.
En aquel momento, el PP tildó las convocatorias como "concursos a la carta", un argumento que, años después, empleó Compromís por el concurso de coordinador de Junta Central Fallera.
Sus puestos de trabajo fueron amortizados, y por tanto, desaparecieron del organigrama municipal, "pero en vez de ofrecerles otros puestos de similares características, como exige la ley, fueron expulsados de la administración municipal de forma injustificada".
Puchades ya denunció en su momento que estos acuerdos impulsados por la concejalía responsable de personal, Julia Climent, eran una situación "inédita en la historia democrática de València" y que solo obedecían "a motivaciones políticas por su incorporación durante el mandato de Joan Ribó". Una decisión "de persecución política impulsada en primer momento por el concejal de Fallas, Santiago Ballester".
"Persecución política"
Puchades habla de "persecución política", a pesar de la calificación y reconocimiento profesionales "fuera de toda duda confirmada por su trabajo y entrega en el ejercicio de sus competencias durante los pasados años".
Para Puchades, “la resolución judicial pone de manifiesto de manera clara y rotunda que la desaparición de los puestos de trabajo que venían ocupando no tenía ninguna justificación, así como la arbitrariedad del gobierno municipal, incumpliendo su obligación de haberlos ofrecido un lugar dentro de la administración municipal".
Así, el concejal valencianista ha exigido a la concejala responsable, Julia Climent, que se abstenga de recurrir la decisión del juzgados. “Las sentencias son claras en su mandato y recurrirlas sólo ocasionará más gastos al erario público".
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