El PP ofrece endurecer la Zona de Bajas Emisiones para los coches con etiquetas B, pero en 2032

PP y PSPV continúan negociando a contrarreloj para intentar desbloquear la Zona de Bajas Emisiones de València, que debería entrar en vigor antes de que concluya el año, tal como exige el Ministerio de Transportes para los municipios de más de 50.000 habitantes. Los plazos son exiguos y gobierno y oposición sólo podrían sacar adelante la ordenanza con un pleno extraordinario y acortando trámites de publicación y exposición. Pero las conversaciones siguen muy lejos de llegar a buen puerto.

Desde el volantazo de Vox en el pleno de octubre, con Gosálbez tumbando la ZBE por mandato de su dirección nacional, los socialistas llevan días fijando en público y privado sus condiciones para acercar posturas. Tienen tres peticiones directamente relacionadas con el proyecto: ampliar el perímetro para incluir a la fachada marítima y los barrios del sur dentro de la V-30 (San Marcelino o San Isidro); adelantar el calendario de aplicación; y prohibir la entrada a coches contaminantes con etiqueta B matriculados fuera de la ciudad. En resumen, lo que consideran una “ZBE real y efectiva”. La cuarta petición sería aceptar el Corredor Verde, algo poco probable.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ya tendió la mano a los socialistas en el pleno y propuso ampliar el perímetro de castigo, pero estos consideraron la oferta insuficiente, dado que, según explicaron después, la ordenanza tendría impacto únicamente para el 8% de los vehículos en circulación y seguiría incumpliendo con las exigencias europeas. Días después, el PP ha sumado una segunda propuesta. Carbonell ha ofrecido a los socialistas extender la ZBE a los coches con etiqueta B mediante un calendario de aplicación aún más demorado: 2032 para los de fuera de la provincia y 2033 para los de la provincia sin incluir València.

Esto implicaría aprobar la ordenanza “de mínimos” que el PP acordó con Vox. Se mantendría la implantación por fases hasta 2028 para los coches con etiqueta A y siete años más tarde se endurecería para los vehículos con etiqueta amarilla (de gasolina entre 2001 y 2005, diésel entre 2006 y 2013). Pero los socialistas han rechazado el nuevo plan por el mismo motivo que rechazaron el anterior. Creen que la propuesta sigue sin tener impacto real sobre la calidad del aire de la ciudad y pensar en 2032 en términos políticos es una entelequia. De momento, como se ha dicho, las posturas son antagónicas.

Ayer, la alcaldesa de València, María José Catalá, dio por perdida la negociación con Vox acerca de la ZBE y confirmó sus negociaciones con los socialistas, aunque no destapó las cartas. Sí dijo que ante las exigencias puestas por el PSPV, algunas de ellas relacionadas con otros proyectos, "no aceptará chantajes". Es más, aseguró que si finalmente se pierden los 115 millones en subvenciones, será responsabilidad de los socialistas, pues ella habría agotado todas las posibilidades.

En declaraciones a los medios durante su visita al centro social del Pilar, Catalá explicó que la decisión de Vox de no aprobar la ZBE a última hora y después de cinco votaciones favorables, "fue una decisión de la dirección nacional" del partido que lidera Santiago Abascal. Según la alcaldesa, estuvo hablando "hasta el último día" con los representantes de Vox "y me quedó muy claro que no había ninguna posibilidad".

Sobre la negociación con los socialistas volvió a trasladar la responsabilidad del gobierno municipal y recalcó que "si València pierde esos fondos europeos, ya saben a quién pedir explicaciones". "Quienes intentan chantajear al PP tendrán que explicar su responsabilidad. Yo como alcaldesa he cumplido con la mía", sentenció.

La oposición responde

A este respecto, la concejala socialista María Pérez, respondió que Catalá "tiene un grave problema" y recordó que "si no actúa habrá un perjuicio financiero para el ayuntamiento de más de 115 millones". "Parece que la alcaldesa no es consciente de la gravedad de esta situación, quizás porque la ciudad no es ahora su prioridad o porque teme incomodar a sus socios de Vox de cara a una negociación en les Corts", reflexionó.

El Partido Socialista aseguró que seguirá firme en su compromiso de poner en València "una Zona de Bajas Emisiones que frene la contaminación y además que garantice los fondos europeos". Según Perez, "el PP pretende una ordenanza pensando en los negacionistas de Vox y no en la salud pública". "Si el PP no quiere ser responsable de perder más de 115 millones de euros debe actuar ya y debe proponer una Zona de Bajas Emisiones que cuide la calidad del aire, dejar las cuestiones internas del partido y priorizar la ciudad".

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, opinó que “la actitud de la alcaldesa en esta cuestión no puede ser más lamentable". "Querer endosarle el muerto a los partidos que han votado en contra es indigno e impropio de una alcaldesa que quiere representar a todos los valencianos. La única irresponsable del desbarajuste en el que se ha metido es ella, porque no sabe negociar un acuerdo de ciudad y quiere imponer una ZBE totalmente descafeinada, que roza la ilegalidad porque no está concebida para reducir las emisiones", argumentó.

"Hoy vuelve a decir -continúa Robles- que quiere negociar con todos los partidos, pero no se ha dirigido al principal partido de la oposición, el segundo más representado en la ciudad de Valencia. Su veto demuestra su cinismo absoluto", continuó Robles. "Compromís está donde siempre ha estado: queremos una ZBE que es un instrumento más para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Valencia, una ZBE que debe proteger la salud disminuyendo la contaminación, pero que debe combinarse con otras acciones que se pactaron en el marco de la Ciudad Verde. Y eso pasa por un Corredor Verde sin carriles de tráfico, una avenida Pérez Galdós sin túnel, una apuesta por hacer las zonas peatonales, la reducción del tráfico y el incremento de zonas verdes", apostilló.

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