El Corredor Verde frustra el acuerdo sobre la Zona de Bajas Emisiones en València

Tictac, tictac. El reloj sigue corriendo en contra del gobierno municipal. El volantazo de Vox para tumbar la Zona de Bajas Emisiones obligó al PP a explorar una vía alternativa con la que desbloquear la ordenanza, pues su no aprobación podría costarle al Ayuntamiento de València 115 millones de euros, es decir, una cifra equivalente a la partida anual para inversiones en la ciudad. Hasta ayer, la vía alternativa consistía en negociar únicamente con el PSPV. Vox no quiere saber nada del proyecto y a Compromís les habían vetado. El PP consideraba que el entendimiento con los socialistas sería mayor, pero la negociación está atascada.

El principal punto de discrepancia es el Corredor Verde, una de las exigencias de los socialistas para sentarse a hablar. “Para nosotros es inamovible. Se trata del gran proyecto transformador de la ciudad y además cuenta con el apoyo de todas las asociaciones vecinales y más de 50.000 firmas. No tiene sentido quitar coches por un lado y meterlos por otro”, resume María Pérez, concejala socialista encargada de negociar la limitación a los vehículos contaminantes. “Están haciendo creer que queremos meterlo en la ordenanza de ZBE pero evidentemente no es así, queremos llegar a un acuerdo político en el pleno sobre el Corredor Verde, aunque administrativamente vaya por otro lado”, precisa la edil.

Dentro de los márgenes de la ordenanza se han hablado de tres cuestiones donde también hay discrepancias. El perímetro, las etiquetas y el calendario. En el primer punto, los populares ofrecieron ampliar la limitación a toda la ciudad, sin incluir pedanías y excluyendo el acceso por Serrería, algo, esto último, que los socialistas no consideran necesario. En el segundo punto el PP propuso incluir en el paquete de restricciones las etiquetas B a partir de 2032, pero los socialistas vieron la oferta poco seria. Y del tercer punto se habló ayer: el concejal Jesús Carbonell llamó a su homóloga socialista para preguntar si adelantando algo los plazos de implantación de la ZBE se plantearían sacar de la ecuación el Corredor Verde. Recibió un “no” por respuesta.

Para mí no es una cuestión de etiquetas o plazos, es una cuestión de modelo de futuro. Si prefiere perder 115 millones a respaldar un proyecto que tiene toda la ciudadanía a su favor, el problema lo tiene la alcaldesa”, insisten los socialistas sobre una de las ideas subrayadas en los últimos días: “La responsabilidad es de PP y Vox”, dicen recordando que el gobierno municipal no incluyó ni una sola de las alegaciones que plantearon desde la oposición al proyecto de ordenanza. Entre otras cosas, los socialistas pidieron imponer la restricción a la etiqueta A desde 2025 y añadir la etiqueta B (coches de gasolina entre 2001 y 2005, diésel entre 2006 y 2013) a partir del 2027. Buscaban llegar a más vehículos, pues la ZBE previamente pactada por PP y Vox solo impacta al 5% del parque móvil.

“Obstáculo insalvable”

Al otro lado de la mesa, el concejal Jesús Carbonell, actual delegado de Movilidad, cuestiona los términos de la negociación: “Me ha puesto un obstáculo insalvable”, dice. “La negociación de la Zona de Bajas Emisiones no es una ensalada con todo tipo de condimentos. El Corredor Verde es una materia que tiene que ser objeto de negociación y acuerdo en otro foro. No concibo negociar por algo así. Ellos querían tener la etiqueta B y hablamos de ella, pero la sensación es que están más en el corredor. Se plantan antes de negociar y no dejan margen. Primero ofrecía ampliar el perímetro y a continuación propuse hablar sobre las etiquetas B. Yo me estoy moviendo mientras mi interlocutor no se mueve”, lamenta Carbonell.

El principal escollo, el bulevar García Lorca imaginado como vía verde que conectaría los barrios del sur con el centro de la ciudad, debe definirse en el marco de la sociedad Parque Central, participada por el Gobierno central (50%), la Generalitat (25%) y el Ayuntamiento de València (25%). Actualmente trabaja en un estudio de movilidad. Y sobre la competencia del consistorio en esta cuestión cabe recordar las declaraciones de la alcaldesa de María José Catalá en mayo de este año: "Es evidente que el contrato y los pliegos de condiciones también dejan claro que en el planeamiento urbanístico, en la movilidad y la planta viaria los criterios los fija el ayuntamiento".

Compromís entra en el juego

Ante la imposibilidad de acercar posturas con los socialistas, el PP levantó ayer el veto a Compromís y le pidió entrar en la negociación. Los valencianistas desvelarán hoy cuáles son las bases para sentarse a hablar de la Zona de Bajas Emisiones, pero la portavoz Papi Robles ya ha explicado en otras ocasiones que ellos abogan por un modelo global donde la herramienta de la ZBE se engarce con otras políticas anticontaminación como la supresión del túnel de Pérez Galdós o el cierre del doble carril para coches privados en Colón.

El detalle de los 115 millones

La no implantación de la ZBE podría costarle a València 115 millones de euros, cifra asumida por el gobierno y la oposición. Esto dejaría al ayuntamiento con capacidad para acometer el gasto corriente y poco más. Pero, ¿de dónde sale esa cifra? Europa inyecta muchos fondos a las ciudades para que desarrollen políticas de movilidad sostenible, y a cambio exige que estas tengan aprobada en tiempo y forma su ZBE (antes se vinculaban a los planes de movilidad). València accedió a los Next Generation mediante dos paquetes con una docena de proyectos:

El primero está subvencionado con más de 35 millones y contempla: implantación de una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de València. Ampliación de red de carril bici (Margen Norte del Rio y Conexiones Pza. España. Ampliación del espacio para el peatón (Isabel la Católica-Av. Malvarrosa-Supermanzana de Orriols-Supermanzana Petxina-Plaza Mercado Russafa). Mejora de la accesibilidad al transporte urbano. Adquisición de 20 autobuses eléctricos. Electrificación de la cochera principal EMT. Digitalización de la red y la gestión de la flota de autobuses urbanos.

El segundo suma en torno a 20 millones e incluye: sensorización y monitorización de plazas PMR y Carga-Descarga. Implantación de zonas peatonales y mejora de la accesibilidad (Pérez Galdós, Sainetero Arniches, entorno mercado Torrefiel, entorno mercado Grao, plaza Favara, plaza Santa Mónica, entorno escolar calle Torrent, pasos de peatones). Carrilles bici en varias zonas de la ciudad (Gaspar Aguilar, San Vicente, Tres Forques, Archiduque Carlos-camino nuevo de Picanya). Obras y actuaciones moderadoras de velocidad en Massarrojos. BRT Blasco Ibañez. El mordisco de 115 millones saldría de la devolución de estas ayudas –unos 57 millones– más la penalización impuesta por el ministerio, que sería de una vez su valor.

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