El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados

El gobierno municipal continúa desplegando el Plan + Vivienda con el propósito de desarrollar 954 pisos de protección pública para la ciudad de València. Entre otras iniciativas, el ayuntamiento está activando solares municipales mediante el derecho de superficie y las permutas de suelo por vivienda, una colaboración público-privada que permite desarrollar y adquirir inmuebles en tiempo récord. Pero la operación a veces deja daños colaterales.

Hace tres semanas, este periódico contó que el Ayuntamiento de València iba a aprobar una permuta de viviendas construidas (39) en Patraix destinadas a alquiler para jóvenes a cambio de cuatro parcelas municipales para la construcción de 200 viviendas de protección que desarrollarán promotores privados. Las viviendas que pasarán a propiedad del ayuntamiento están a punto de terminarse. Su finalización está prevista para el primer semestre de 2026.

Se trata de un edificio residencial de ocho plantas de obra nueva ubicado en la calle José Roca Coll, 19, en Patraix. Además de los 39 pisos, el edificio dispone de 30 plazas de garaje, 21 trasteros y una superficie total construida de 6.115 metros cuadrados. Domio Desarrollos o Domio Hábitat, la empresa promotora del grupo Inversiones Montelimar, firma la permuta de suelo por vivienda hecha.

No es el primer intercambio que cierra el ayuntamiento, pero sí el primero que genera malestar. En 2023, la empresa promotora del edificio de Patraix colocó un cartel para ofrecer los pisos de protección oficial y muchas familias se interesaron por ellos. En octubre de ese mismo año, la sociedad retuvo 1.000 euros en concepto de prerreserva por los inmuebles del edificio. Según cuentan algunas de las familias, el cupo de reservas se llenó enseguida.

Buena compra

Tal como está el mercado de la vivienda en la capital valenciana estos pisos eran un chollo: 90 metros cuadrados, la mayoría de tres habitaciones, trastero y plaza de aparcamiento por unos 230.000 euros más IVA. La idea era firmar el contrato de compraventa, abonar el 10% de la vivienda y el resto en recibos mensuales. La empresa recogió los datos de los interesados para enviarlos a Conselleria y comprobar que efectivamente cumplían los requisitos para acceder a una vivienda protegida, es decir, estar empadronado en la Comunitat Valenciana, no superar una determinada renta y no tener una segunda residencia. Pero el contrato nunca llegó a formalizarse.

«En julio de 2024 decidieron resolver esa prerreserva. Nos citaron a la oficina para decirnos que nos devolvían el dinero, los 1.000 euros con un interés legal de unos 45 euros. Nos dijeron que Domio había cambiado de opinión», cuenta Álvaro Díaz, uno de los afectados más molesto. «Nosotros deducimos que estaban esperando a que subiera el precio del módulo para venderlo más caro o una operación de permuta», continúa. «La prerreserva incluía una cláusula que decía que podían resolverla. No obstante, algunos decidimos no coger el dinero de vuelta», recuerda.

Sobre el valor del módulo, que rige los precios de la VPO, cabe recordar que el Consell aprobó un decreto en 2024 que elevó el precio máximo de venta en 200 euros, dejándolo en 2.400 euros por metros cuadrados. Además, introdujo la figura del «módulo dinámico», un instrumento que permitirá cambiar este valor de forma anual tanto al alza como a la baja para que se ajuste a la situación inmobiliaria en cada población. El propósito era fomentar la promoción de VPO en la Comunitat Valenciana, sin embargo, esta herramienta sigue en el cajón y los promotores ya han reclamado al gobierno autonómico que desarrolle su reglamentación.

Pasado el verano, la empresa siguió insistiendo con los vecinos díscolos. «En septiembre nos convocaron y el director de proyectos de la inmobiliaria nos explicó que estaban esperando una permuta. Que nos meterían en una lista para que nos llamaran los primeros en futuras VPO. Más tarde siguieron llamando y a principios de diciembre de 2024 enviaron un burofax para que fuéramos a recoger el dinero o, de no acudir, lo depositarían en notaría», relata uno de los afectados con el respaldo de media docena de personas también molestas. El resto mostró interés inicial en la protesta, pero con el tiempo fue desvinculándose porque, en el fondo, dado que todo siguió los cauces legales, no podían hacer otra cosa que lamentar su mala suerte.

Los primeros recuperaron su depósito y resolvieron el preacuerdo, pero critican la operación. «Mucha gente encontró casa a buen precio en su barrio y de repente se vio sin opción. Cuando nos dijeron que la reserva no iba adelante, los pisos ya costaban 50.000 euros más caros. Nosotros nos hemos metido en uno también en Patraix pero de renta libre que cuesta 100.000 euros más», cuenta Álvaro. «El ayuntamiento se queda con 39 pisos de alquiler joven a cambio de perder cuatro solares donde podrían haber desarrollado 200 viviendas. Se alquilarán esos pisos a gente joven, sí, pero los que ya habíamos reservado no éramos precisamente ricos, cumplíamos los requisitos de una VPO, y muchos habrán tenido que renunciar a vivir en su barrio», lamenta el vecino de Patraix.

La empresa lo explica

Fuentes de la empresa promotora señalan que la prerreserva era un ingreso en cuenta pero que en ningún caso implicaba tener derecho sobre un posible contrato de compraventa, el cual ni siquiera estaba redactado. Añaden que a todas las personas que habían hecho pago se le devolvió el dinero con intereses y se les ofreció estar en una lista para futuras promociones de VPO. Y defienden que el pago para reservar una VPO en construcción es una práctica habitual en el sector. «La empresa luego prefirió explorar otras vías de negocio. Todo se ha hecho bajo el dictado de la ley con asesoramiento jurídico», precisan. Por su parte, en el ayuntamiento explican que no eran conscientes de que los pisos adquiridos ya tuvieran una prerreserva.

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