La nueva oficina antiokupas de València realiza de media dos actuaciones al mes

La oficina abierta por el gobierno de Catalá para contribuir a atajar la okupación en la ciudad ha realizado un total de ocho actuaciones desde el 16 de junio hasta el 16 de octubre, es decir, durante sus primeros cuatro meses de funcionamiento. De estas actuaciones, dos fueron gestionadas a través de sede electrónica, tres por correo electrónico y otras tres mediante llamada telefónica. Asimismo, desde la oficina precisan que la cifra aludida responde a las okupaciones ilegales que se han tramitado directamente por el nuevo recurso municipal, sin perjuicio de aquellos otros ilícitos que puedan dar lugar a intervenciones de las diferentes comisarías de distrito y de las que se tiene conocimiento por otros cauces.

El dato de actuaciones lo aporta por escrito la Policía Local a pregunta de Compromís. Además, desde el servicio abierto en junio precisan que “la morosidad en el pago del alquiler —y que da lugar a la denominada inquiokupación— no es objeto de actuaciones por parte de esta oficina”, ya que no están consideradas como okupaciones ilegales. “En consecuencia, tales situaciones se ventilan por cauces jurídicos ajenos a esta oficina”, precisan las mismas fuentes en su respuesta.

Cabe recordar que la nueva herramienta del gobierno de PP y Vox nació con el propósito de canalizar los casos relacionados con la usurpación de viviendas en la capital. Su trabajo no partía de cero y recogía una tendencia favorable. En 2023, la Policía Local de València tenía registradas 474 okupaciones; en junio la cifra había caído a los 84 puntos conflictivos —sin distinguir entre viviendas o edificios completos—. El problema se ha reducido un 58% en los últimos dos años.

La usurpación se da en viviendas sin uso que no son primera ni segunda residencia. Normalmente pertenecen a bancos o a la Sareb. Y es aquí donde interviene la Policía Local con más frecuencia, que trabaja de la mano de los Servicios Sociales para intentar mediar con los okupas y buscar una alternativa habitacional cuando hay vulnerabilidad. Dicha usurpación se confunde habitualmente con el allanamiento de morada, que es cuando alguien accede ilegalmente a la casa de otra persona, ya sea su primera o su segunda residencia. El allanamiento es un delito flagrante y exige la actuación directa de la Policía Nacional, que interviene para detener al victimario casi siempre en las primeras horas. En València el allanamiento es un delito “residual”, según Fernando Giménez, comisario responsable de las siete comisarías de proximidad de València.

Fuera del allanamiento y la usurpación, la alcaldesa María José Catalá habló durante la presentación en junio de una tercera casuística a abordar en la oficina: el impago del alquiler. La morosidad del inquilino o “inquiokupación”. En la actualidad existe una prórroga de moratoria a nivel estatal que impide desalojar a quienes dejan de pagar su alquiler. La prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre. En ese sentido, todo lo que podía hacer la oficina era mediar con los inquilinos para buscar alternativa habitacional. Pero la respuesta de la oficina rehúsa también la mediación.

Al respecto, Ferran Puchades, edil de Compromís, ha manifestado que “los datos de la oficina demuestran que “Català únicamente está interesada en la demagogia para satisfacer sus ansias electorales”. “La realidad estadística —ha continuado— siempre ha demostrado que el fenómeno de la okupación referida a primera vivienda es un hecho absolutamente marginal y anecdótico en València y que la única que tiene alguna trascendencia es la que se realiza sobre viviendas vacías propiedad de bancos y fondos de inversión que no cuidan de sus propiedades y que por ello se pueden causar molestias a los vecinos. Lo que tendría que hacer Catalá es perseguir y obligar a estos propietarios absentistas a que cuiden sus propiedades y respeten a los vecinos en vez de ofrecerles ventajas con dinero público”

En ese sentido, Puchades ha argumentado que “la manipulación de la realidad” se demuestra cuando la alcaldesa justificó la creación de esta oficina en que el último barómetro municipal indicaba que había 10.000 viviendas vacías que no salían al mercado por el miedo de sus propietarios a que los inquilinos fueran morosos y no pagaran la renta. “Ahora ha resultado que la propia oficina ha corregido a Catalá y el concejal responsable ha informado que no se dedica a esta situación, que deberá ser atendida por otros medios jurídicos”.

Por su parte, fuentes de la sección de CCOO en la Policía Local han recordado que ya advirtieron a la alcaldesa cuando explicó la idea a los sindicatos que esta oficina se montaba por un “tema político, porque la demanda ciudadana y los datos de la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial indican que la incidencia es pobre”. Las mismas fuentes precisan que la oficina ha nacido prácticamente sin competencias y que algunas de las llamadas se han recibido de fuera de la ciudad de València. Además, consideran que el servicio debería ser asumido desde el gabinete jurídico del consistorio y no tanto desde la Policía Local.

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