Carbonell buscará un acuerdo in extremis para la ZBE en el pleno en el que se pedirá su cese
La batalla política por el relato sobre la aprobación de la ordenanza más importante de esta legislatura deja en segundo plano el debate sobre la calidad del aire y la salud de los vecinos de València

Tráfico denso en la salida sur de València / Miguel Ángel Montesinos
El copiloto se bajó a última hora, los pasajeros han durado un suspiro y el conductor sabe que no puede llegar solo. El viaje político hacia la Zona de Bajas Emisiones se ha enturbiado a última hora y los cuatro partidos del Ayuntamiento de València están más en la batalla por el relato que en la búsqueda del acuerdo. Nadie quiere asumir la derrota de vivir en una ciudad que ofrece barra libre al tubo de escape. Levante-EMV ha narrado el minuto a minuto de la negociación y el martes dará cuenta del último intento para salvar una ordenanza que, de no salir aprobada, podría costarle a las arcas municipales hasta 135 millones de euros, cifra equivalente al 10 % de su presupuesto anual.
El pleno del 18 de marzo servirá para aprobar dichas cuentas, pero el mayor debate estará centrado en la ZBE. Compromís llevará una moción con medidas para la mejora de la calidad del aire. El PSPV irá más lejos: pedirá la reprobación de Jesús Carbonell y la retirada de sus competencias como titular de Movilidad. Este punto servirá para debatir sobre el plan exigido por decreto ministerial, que debe entrar en vigor en 2025.
Carbonell no desvela sus cartas pero adelanta que tratará de ser propositivo para alcanzar el acuerdo sobre la bocina. Con el grupo municipal de Vox maniatado —Gosálbez ha hecho suyo el veto de la dirección nacional pese a haber avalado hasta en cinco la ZBE—, el concejal del PP está obligado a buscar apoyos fuera del gobierno. Lo hace después de haber rechazado absolutamente todas las alegaciones planteadas por PSPV y Compromís a una limitación testimonial, rebajada por los voxistas a la mínima expresión para que buena parte del parque móvil pudiera atravesar el perímetro anticontaminación sin penalización europea.
En las últimas semanas Carbonell y la socialista María Pérez han hablado en tres ocasiones. El primero ha ofrecido ampliar el perímetro previsto para incluir la fachada marítima y los barrios del sur, añadir la etiqueta B a partir de 2032 y adelantar los plazos de aplicación sin llegar a concretar. La socialista reclama implantar la etiqueta amarilla ya desde 2027 e incluir en la negociación el Corredor Verde —llegar a un acuerdo político, no añadir el proyecto en la ordenanza de ZBE tal como ha venido diciendo el PP—. Las posturas siguen muy alejadas.
Vista la lejanía de sus posturas, el edil abrió la mano y sentó en la mesa a Compromís, que mediante una moción le exigió revertir la calle Colón. Ni siquiera hubo diálogo. Carbonell tumbó la moción de Grezzi y volvió a la senda del relato, ayudado de su alcaldesa. «Yo levanté la mano con el sí», dijo Catalá el jueves. «Por mí hubiera habido ordenanza de ZBE. El PP ha sido el único grupo responsable para no perder esos recursos, que tendremos que ponerlos judicialmente si se da el contexto determinado», añadió sobre los 135 millones.
La mano con el «sí» votaba un plan que restringía el acceso al 8% de los vehículos y que, según los expertos, carecía de impacto real sobre la calidad del aire de la ciudad. Era la ZBE legada por Vox y tumbada por el mismo grupo bajo el eslogan de libertad para todos y para todo. Más tarde Carbonell ofreció una entelequia a dos legislaturas vista. Y enfrente se encontró una oposición con proyectos y exigencia de gobierno, consciente de que ha encontrado el primer gran roto en el bipartito conservador.
Pero detrás del juego político asoma un problema ciudadano, sanitario. Edgar Lorenzo, investigador del Instituto Ítaca, explica que en València están por encima de los límites de contaminación permitida por Europa el 53% de las ubicaciones, y ese porcentaje escalará al 91% con los límites de 2030. «Si no implantamos una ZBE eficaz es imposible que alcancemos los niveles exigidos. La consecuencia es el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares», anticipa. «Que no haya salido esta ZBE es una oportunidad para que la herramienta se implemente con mejoras para nuestra calidad de vida. Antes había gente que abogaba por la libertad de fumar en todas partes. Esto es igual», cierra el investigador.
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