La permuta de 39 viviendas por suelo para construir 250 de Catalá llega a los juzgados

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de València ha admitido a trámite la demanda que interpuso el PSPV contra la permuta de 39 viviendas ya construidas a cambio de solares municipales para la construcción de más de 250 viviendas. El edificio ya construido, se encuenta en Patraix y, como informó Levante-EMV, sobre las viviendas que ahora pasarán a manos del ayuntamiento ya había una reserva económica previa realizada por varias familias, que denunciaron que con la permuta se les deja tirados en un mercado inmobiliario imposible. El juzgado ha requerido al ayuntamiento para que remita el expediente de la permuta.

El portavoz del grupo socialista, Borja Sanjuan, ha asegurado este miércoles que estamos ante una "operación ruinosa" para el ayuntamiento porque era evidente que intercambiar la posibilidad de tener más de 250 viviendas por solo 39 "no tenía ninguna justificación y que era muy nocivo a medio plazo para el interés municipal de contar con un parque público grande con el que tratar de rebajar los precios y evitar crisis de vivienda como la que está atravesando la ciudad con Catalá”, ha incidido.

El responsable socialista considera la operación un “pelotazo urbanístico” en el que solo ganaba una promotora privada. La justicia va a investigar ahora la legalidad de la permuta de suelo público del gobierno de PP y Vox, ha apuntado Sanjuan. En este sentido, ha remarcado que los dos puntos que, a juicio de los socialistas atentarían contra la normativa serían, en primer lugar, la inexistencia de una justificación que señale el interés general de la operación. "

Las permutas de suelo público no son ilegales, pero para ser legales necesita demostrarse y justificarse que son la mejor opción posible, apuntan los socialistas, que entienden que concurren varias causas que niegan que esta sea la mejor opción por lo que este requisito no se daría. Los socialistas aseguran que hay alternativas a la permuta de suelo y citan en su recurso el derecho de tanteo y retracto.

Viviendas protegidas privadas más caras

Sanjuan ha recordado que el PP modificó la normativa autonómica para permitir que las viviendas públicas que construyen los promotores privados sean el doble de caras que las que construyen directamente las administraciones. Según los socialistas, una vivienda de 100 metros cuadrados de promoción pública en València costaría a las familias 510 euros al mes y otra vivienda de protección pública privada costaría 1.100. "Se va a pagar más del doble en el modelo de Catalá de lo que se pagaría en un modelo de promoción pública", afirma el portavoz del PSPV en el ayuntamiento.

El portavoz socialista ha indicado que el Ayuntamiento de València tiene una capacidad financiera sobrada para poder asumir directamente la construcción y recuerda en su recurso que el ayuntamiento no tiene por qué acudir a promotoras privadas porque cuenta con una empresa municipal para la promoción de vividas, Aumsa. “Es decir, que Catalá no puede justificar la imposibilidad de poder llevar adelante estos suelos públicos con recursos propios. València es el ayuntamiento de toda la Comunitat Valenciana que tiene más capacidad con capacidad para poder llevar adelante estas promociones y que, por tanto, no tiene por qué recurrir a las permuta de suelo público para poder edificar vivienda pública”.

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