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Compromís y PSPV proponen una nueva Zona de Bajas Emisiones y trasladan la presión a Catalá

La oposición pide un pleno extraordinario para llevar una moción que flexibiliza su calendario de aplicación, introduce la variable del estacionamiento para residentes en todos los barrios de València y mantiene la exigencia de reordenar la calle Colón o consensuar el corredor verde. Los grupos progresistas piden la abstención del PP para no perder hasta 150 millones de euros

Los portavoces de Compromís y PSPV, Papi Robles y Borja Sanjuan

Los portavoces de Compromís y PSPV, Papi Robles y Borja Sanjuan / Levante-EMV

València

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València acaban de tomar la iniciativa en la disputa por la Zona de Bajas Emisiones, que ya es más relato que política de movilidad. Compromís y PSPV han pactado una moción conjunta para intentar desbloquear el proyecto de ordenanza mediante un pleno extraordinario que deberá convocar la alcaldesa María José Catalá. El proyecto viene avalado por 16 concejales, de modo que –tal como han defendido Papi Robles y Borja Sanjuan en rueda de prensa– bastaría con la abstención de dos concejales del Partido Popular para evitar la pérdida de hasta 150 millones de euros.

La moción de los dos grupos progresistas consta de dos grandes bloques. Por un lado, propone aprobar una ordenanza de ZBE que contemple un ámbito de actuación incluyendo el conjunto de la ciudad, también los barrios del sur o el frente litoral. En su nuevo calendario, Compromís y PSPV aplica la restricción a los coches con etiqueta A a partir del 1 de enero de 2026 para los de fuera de la provincia, desde el 1 de julio del mismo año para los de fuera de la ciudad, y el 1 de enero de 2027 se haría efectivo para los coches matriculados en València. A los efectos de favorecer la inclusión de estos vehículos se habilitará una línea municipal de ayudas en 2026.

Paralelamente, los dos grupos proponen restringir el acceso a los vehículos con etiqueta B a partir del 1 de enero de 2027 para los de fuera de la provincia y el 1 de enero de 2028 para los de fuera de la ciudad. Los coches empadronados en el cap i casal quedarían exentos, y además se establecerían ayudas y posibilidad de exenciones particulares para aquellas unidades familiares más vulnerables en función del IPREM. La moción también establece un régimen transitorio para actividades económicas y fija exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales.

Según el plan del antiguo Rialto, este calendario de aplicación en 2027 deberá ir ligado a la obligatoriedad de fijar en todos los barrios zonas de estacionamiento que reservan como mínimo el 55% de plazas para residentes. Y la recaudación de las multas a los coches contaminantes, han agregado, tendrá que reinvertirse en el transporte público de la ciudad, normalmente deficitario.

En el segundo bloque, principal motivo de discrepancia durante la mínima negociación emprendida estas dos semanas entre PP y Compromís-PSPV, los últimos plantean políticas globales de movilidad que entroncarían con la ZBE para garantizar una verdadera mejora en la calidad del aire de la ciudad, algo que han reclamado vecinos y técnicos de la UPV o Valencia Per l'Aire.

Para ello, los grupos piden "revertir aquellas decisiones en materia de espacio público y movilidad que hayan comportado el aumento del tráfico y de las emisiones contaminantes", y ponen como ejemplo la calle Colón, que el PP reveordenó eliminando el doble carril bus-taxi para permitir un mayor paso de vehículos privados. Fue una de promesa electoral de Catalá.

Asimismo, Compromís y PSPV reclaman que en los futuros desarrollos y proyectos, así como en los que se encuentran ejecutándose, se opte por aquellas opciones que permiten la reducción del tráfico y el máximo aumento de las zonas verdes y peatonales, como el proyecto de Corredor Verd sin introducción de carriles de tráfico rodado.

La oposición cree que Carbonell es un "interlocutor quemado"

Papi Robles ha introducido la moción con una valoración política del escenario actual, que es de absoluto bloqueo después de que Vox se desentendiera de sus responsabilidades de gobierno y tumbara una ordenanza sin responder ante la posible factura de su decisión. "Ante la posibilidad de perder 150 millones, la propuesta de Catalá es decir que no cree en eso, en la salud de los valencianos. Hemos tomado la decisión de demostrarle a València que si Catalá no tiene capacidad de tirar hacia adelante la ZBE, aquí hay 16 concejales que sí creemos en una ZBE más justa y en transitar hacia un modelo de ciudad de futuro, donde la contaminación baje", ha resumido la valencianista.

En la misma línea, Sanjuan ha dicho que se han enfrentado por separado "contra el muro del gobierno", pero han querido ponerse de acuerdo como ejercicio de "responsabilidad" ante un gobierno "que no hace de gobierno". El portavoz socialista ha dicho que su nueva propuesta la dirigen a la alcaldesa, no al concejal Jesús Carbonell, a quien consideran un "interlocutor quemado, con más insultos que propuestas". "Le pedimos a Catalá que no pague la factura del negacionismo y que piense que antes es alcaldesa de València que futurible candidata a la Generalitat", ha reclamado Sanjuan.

Catalá: "Tenemos que dar tiempo a las familias"

Preguntada por la nueva propuesta, la alcaldesa María José Catalá ha defendido –de manera preliminar a falta de poder estudiar el plan con mayor profundidad– que los valencianos necesitan más tiempo para poder comprar un vehículo híbrido o semihíbrido. “Lo que no se puede pretender es que hagamos una ordenanza que perjudique de forma inmediata a muchos valencianos –calculan que el plan del Rialto afectaría a más de 20.000 vehículos–. Tenemos que dar un tiempo para que las familias puedan adquirir un vehículo de estas características para desplazarse por la ciudad. Barcelona ha tenido cuatro años para aprobar su ordenanza y Madrid desde 2022”, ha señalado la primera edil, quien también ha recelado de las peticiones fuera de la ZBE: “Nosotros haríamos factible una ordenanza que sea razonable, pero yo no puedo incorporar jurídicamente la planta viaria de Colón o la planta viaria del Bulevar García Lorca”, ha manifestado.

Aunque dichos proyectos no estarían ensartados en la ordenanza –la oposición busca un acuerdo político, no un malabarismo legal–, las exigencias no directamente relacionadas con la ZBE vuelven a alejar cualquier posibilidad de acuerdo entre PP y la oposición. Frente a la imposibilidad de cambiar enseguida de coche, Compromís y PSPV plantean ayudas y exenciones para rentas bajas. Ante un calendario más o menos exigente, la oposición ofrece negociación al detalle. A menos coches pudiendo entrar en València, los grupos progresistas anteponen un impulso al transporte público. Pero de fondo hay un modelo de ciudad que el PP quiere liderar, Vox ha desatendido y la oposición pretende redirigir hacia sus propios postulados.

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