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La declaración de zona tensionada podría rebajar los alquileres de València hasta en 1.000 euros

Los socialistas exigen al gobierno municipal de PP y Vox que aplique la ley de la vivienda para acabar con el "sablazo" de los grandes tenedores a los inquilinos de la ciudad. En algunos distritos el precio medio de alquiler ya roza los 2.000 euros y solo uno baja de los 1.300 euros.

Piso en alquiler en la ciudad de València

Piso en alquiler en la ciudad de València / Miguel Ángel Montesinos

València

El precio medio de alquiler en el barrio de Ciutat Vella es de 1.960 euros. En Campanar, Extramurs o Benicalap supera los 1.500 euros. En Benimaclet se sitúa en los 1.330 euros. Y alquilar una vivienda en un distrito humilde como l’Olivereta ya cuesta de media 1.450 euros. La percepción de que las rentas en València están sobredimensionadas es prácticamente unánime, pero no lo es tanto la solución para enfriar un mercado que está expulsando a los vecinos de su propia ciudad.

El gobierno municipal de València lo ha apostado todo a la construcción de vivienda pública a través de diferentes fórmulas como la permuta de terrenos —colaboración público-privada— o la promoción directa. Sin embargo, en la oposición consideran que se están dejando de utilizar herramientas que permitirían actuar a corto plazo y atajar la emergencia hoy. La principal herramienta se llama Ley por el derecho a la vivienda.

Pilar Bernabé y Borja Sanjuán, secretaria general del PSPV en València y portavoz socialista en el Ayuntamiento, han avanzado en rueda de prensa que durante las próximas semanas recorrerán los barrios de València para informar sobre esta medida que el gobierno de Catalá se niega a aplicar. Según han explicado, mientras en una ciudad como Barcelona ya se están ahorrando unos 100 euros de media en los alquileres durante su primer año de implantación, los precios en el cap i casal siguen subiendo anualmente hasta un 45% en barrios obreros, donde los salarios apenas dan para pagar un techo.

Pilar Bernabé presenta la campaña informativa sobre la ley de vivienda

Pilar Bernabé presenta la campaña informativa sobre la ley de vivienda / Levante-EMV

Los socialistas han ofrecido una tabla desglosada por distritos con la media del precio de alquiler y la diferencia cuando se aplica el límite recogido en el sistema estatal de índices de precios de referencia. El estudio parte de buscar en los principales portales inmobiliarios una vivienda de 100 metros cuadrados en buen estado y con ascensor. El rastreo se ha hecho en todos los distritos. Posteriormente se ha aplicado el citado índice sobre las zonas más caras y las zonas más baratas de cada código postal. Y se ha hallado la diferencia entre el alquiler actual y el que se pagaría tras aplicar la declaración de zona tensionada en cada barrio, principal herramienta contemplada en la normativa estatal.

De aquí sale que en Ciutat Vella se pagaría de media 934 euros, que son 1026 euros menos de lo que un vecino paga hoy. En L’Eixample se pagarían 1003 euros menos. En l’Olivereta 834 euros menos y así hasta la previsión menos optimista, con un ahorro de 509 euros en el distrito de Algirós. Con los alquileres topados por la ley de vivienda —se aplica sobre los grandes tenedores—, un banco, una socimi o un gran fondo de inversión podría cobrar un máximo de 629 euros en Patraix o 671 euros en la Saidïa. Precios que ya no existen.

"Si se aplicase la ley de vivienda, podríamos controlar los precios del alquiler. Desde 2023 ha aumentado el precio una media de un 31%, pero en barrios especialmente vulnerables ha aumentado un 45%. Es importante que los valencianos conozcan el sablazo que les están dando en el tema de la vivienda con beneficios para las promotoras y fondos buitre", ha resumido Bernabé, para a continuación explicar que la diferencia estimada entre lo que paga un inquilino y lo que debería pagar es una proyección a largo plazo, donde las renovaciones de contratos no solo no incrementan el precio, si no que tienden a ajustarse a los límites mediante el tope a los grandes tenedores y las bonificaciones del 95% en el IRPF a los pequeños tenedores.

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