València pone en marcha las cámaras de la ZBE pese a la falta de acuerdo
El PP defiende que son los únicos que "han hecho los deberes" y señala que las cámaras se instalan "porque hay un contrato que cumplir y una hoja de ruta que continúa"

Las cámaras tienen por objeto videovigilar el acceso al centro / Francisco Calabuig

Los días pasan y el acuerdo para que València tenga o no Zona de Bajas Emisiones continúa su particular cuenta atrás. Apenas queda un mes y la incertidumbre se mantiene, sin atisbarse un acuerdo ni de mínimos sea con los socios de gobierno (Vox), sea con los grupos de la oposición (PSOE y Compromís) y con la perspectiva del pleno extraordinario agendado para el lunes. Y el Ayuntamiento, mientras tanto, sigue instalando las últimas cámaras de control, independientemente de lo que pueda suceder con un acuerdo que no llega, ni con quienes no creen en estas medidas ni con quienes las consideran insuficientes.
En concreto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado poner en funcionamiento el sistema formado por los equipos y aplicaciones informáticas objeto del contrato para el suministro del sistema de gestión y control necesario para la implantación de la zona de bajas emisiones de la ciudad de València, con efectos del próximo día 1 de diciembre de 2025. Este sistema monitorizará los pasos de los vehículos que circulan por cada punto de control, identificará las etiquetas y tipología de los mismos, así como su lugar de registro o procedencia.
El objeto de esta medida es elaborar estudios estadísticos que permitan identificar patrones de movilidad, estudiar la evolución del parque móvil y los efectos que sobre el mismo tendrán la aplicación de políticas de fomento de la movilidad sostenible tales como el incremento de oferta de transporte público, la puesta en marcha de nuevos carriles bici, la promoción de la accesibilidad peatonal, etcétera.
La portavoz del gobierno municipal, Paula Llobet, que lo ha sido en ausencia de Juan Carlos Caballero, ha justificado la instalación en que hay que seguir haciendo camino. Primero, "porque hay un contrato que cumplir" y porque "hay una hoja de ruta, que dice que el 1 de enero tiene que entrar en vigor la Zona de Bajas Emisiones" y para ello hay que tener todo el operativo montado.
"Están chantajeando a quien ha hecho los deberes"
El caso es que el lunes hay un pleno extraordinario, con una nueva propuesta por parte de la oposición. Y un fin de semana de tiempo para llegar a acuerdos. Llobet pasa la responsabilidad a cualquier otro partido que no sean ellos "porque nosotros sí que hemos hecho los deberes. Si hay un partido que está tranquilo y que tiene claro que votó a favor de la ZBE, ese es el PP". Llobet entró en el debate preguntada también por el pleno extraordinario del lunes, en el que o hay un acuerdo in extremis o seguirá todo con la misma falta de acuerdo. Y su mensaje fue pesimista. "Que se convoque un pleno extraordinario sin sentarse a la mesa deja claro que no tienen ningún interés en llevar a cabo una ZBE" aseguró, en alusión a la oposición. "Están chantajeando a un equipo de gobierno que, en tiempo y forma, hizo el trabajo necesario para tener una ZBE. Los partidos de la oposición sabrán que responsabilidad tienen. Nuestro concejal se ha puesto en contacto, el proyecto ha pasado cinco fases de tramitación, se ha puesto en contacto con los grupos, pero si no quieres sentarte, es imposible".
Por todo ello, la instalación de las cámaras, sean al final operativas o no, "es cumplir con la hoja de ruta. Tenemos un compromiso que dice que tienen que entrar en vigor el 1 de enero y nuestra obligación es poner en marcha un contrato que ya tiene tiempo". En el peor de los casos, "nos dará información para seguir tomando decisiones".
No tener una Zona de Bajas Emisiones acarreará la pérdida de hasta 150 millones de euros en ayudas al transporte y fondos europeos para diferentes proyectos de movildiad. "Es un tema muy complejo, hemos hecho una valoración de máximos, pero dependerá de la interpretación que haga el Gobierno de España. Hay proyectos que no se dice que estén supeditados a que el Ayuntamiento tenga una ZBE. El riesgo está ahí, el imperativo legal está ahí y por lo menos nosotros hemos hecho todos los trámites para tenerlo".
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